España

El PP se opone a que Rivera presida la comisión Bárcenas «porque se ha negado a enseñar sus cuentas»

El Partido Popular rechaza que el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, presida la futura comisión sobre la presunta financiación ilegal del PP. En fuentes populares se sostiene que no puede dirigirla una formación «que se ha negado a enseñar sus cuentas», en referencia a la presión del partido ‘naranja’ para que la comisión se limitase únicamente a las finanzas del PP.

Rivera aspira a presidir esa comisión-sin duda la más «sensible» de las aprobadas hasta ahora-y que forma parte del acuerdo suscrito con el PP para la investidura de Mariano Rajoy. El presidente naranja quiere que su partido se atribuya así la fotografía de un «triunfo» parlamentario al que el PP opuso muchas resistencias. Los populares defendían que el enunciado del mencionado pacto-«una comisión de investigación parlamentaria sobre la presunta financiación ilegal del PP»-no excluía al resto de partidos. 

No obstante, el PP acabó votando a favor y la comisión salió adelante por abrumadora mayoría parlamentaria de 316 votos a favor y ninguno en contra. Desde Ciudadanos no dudaron en atribuirse su puesta en marcha y reprocharon a los populares su intención de «eludir» el acuerdo de investidura. El PP calificó la iniciativa de «tribunal popular».

La comisión tardará aún en constituirse, debido a la regla no escrita que rechaza que puedan celebrarse más de dos al mismo tiempo. En la actualidad, ya hay una en marcha-la que investiga el presunto uso partidista del ministerio de Interior bajo el mandato de Jorge Fernández Díaz-y otra prevista, la de la crisis bancaria, por lo que ésta podría aplazarse incluso hasta después del verano.

La presidencia habrá de acordarse entonces mediante un acuerdo entre los grupos, al igual que otras cuestiones preliminares, como los comparecientes o el formato. Así, por ejemplo, la de Interior está presidida por el diputado del PNV, Mikel Legarda, y la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, ha asumido la de la crisis bancaria, al considerar PP y PSOE que su perfil es idóneo para el cargo.

El PP quiere devolver en ese momento la bofetada a Ciudadanos, y dejar clara su negativa a que alguien de esta formación la presida, porque evitaron dar explicaciones sobre sus cuentas. De hecho, los populares ya se tomaron la «revancha» a esta iniciativa haciendo valer su mayoría en el Senado para aprobar una comisión de investigación paralela y «para todos» , en la que también quieren investigar la presunta»utilización de las asignaciones de los grupos municipales» para la financiación nacional de Ciudadanos. Los populares no descartan en absoluto llamar a Albert Rivera para que explique esas supuestas irregularidades.

El partido naranja presiona por su parte con citar a Mariano Rajoy en el Congreso, al considerar que un foro así no puede nacer «con cortapisas ni vetos». La última palabra la tendría, en cualquier caso, el PSOE, y, en ese caso, la nueva dirección que salga de las primarias del 21 de mayo.

En ese caso, desde el PP advierten con llamar también a los dirigentes de todas las formaciones, incluidos referentes históricos del PSOE, como Felipe González o exsecretarios generales del partido, como Pérez Rubalcaba.
De hecho, el propio texto de la iniciativa no ‘ahorra’ en escándalos: desde
 el ‘caso Tragaperras’ y el caso ‘De Miguel (PNV), al caso Casinos (CiU); en Andalucía, el fraude de los ERE, cursos de formación, Invercaria, «los casos Avales, Mercasevilla, el de facturas de la UGT, la Agencia Idea y las infraestructuras educativas», el ‘caso JEREME’, ‘caso Marismas’, caso Consorcios UTDELT (que afectan a la Junta de Andalucía gobernada por el PSOE), ‘Bahía Competitiva’, caso PTA (PSOE), los casos gallegos Pokemon, Patos y Santos Héctor Rodríguez (varios partidos), el caso Mercurio (PSC), caso Caja Castilla-La Mancha, los aragoneses caso Plaza/Naves (PSOE) y caso Pagarés/karting, el caso Marea y la ampliación del Puerto del Musel (PSOE asturiano, al que pertenece el actual portavoz socialista del Senado, Vicente Álvarez Areces), la presunta prevaricación en Santoña (PSOE), «la compra de votos en Melilla» (PSOE y Coalición por Melilla), el caso Palau «o el 3% en Cataluña» (CiU) «y otros que hemos ido conociendo a lo largo de los últimos años». Además, el PP pedirá explicaciones a Podemos por, entre otros, su sistema de ‘crowdfunding’.