El PP lleva al Senado la ley paralizada por el Gobierno que cubre el vacío legal al que Sánchez achaca la invasión de Ceuta

El PP llevará al pleno del Senado de la próxima semana una proposición de ley para revertir el vacío legal al que el Gobierno de Pedro Sánchez achaca la invasión de Ceuta de los pasados 30 y 31 de julio.

Así lo avanzan fuentes populares en una maniobra del PP para salvar la paralización -como informó OKDIARIO- por parte del Ejecutivo de otra proposición de ley con el mismo fin que fue registrada por el partido de Alberto Núñez Feijóo el pasado julio en el Congreso de los Diputados. Y es que el Gobierno todavía no ha dado la conformidad a la tramitación de dicha iniciativa, sobre la que tiene poder de veto si supone un aumento de gasto o una disminución de ingresos con respecto a los Presupuestos.

El Gobierno de Sánchez tiene hasta el próximo 5 de octubre para pronunciarse al respecto en la Cámara Baja, si bien todavía no lo ha hecho pese a poder hacerlo antes del plazo límite, remarcan los populares, como ha ocurrido en otras ocasiones ante casos de urgencia.

Además, los populares recuerdan que, tras registrar el 15 de julio esta iniciativa en el Congreso, pidieron la convocatoria de una Diputación permanente y un pleno extraordinario para su «tramitación legislativa en lectura única», citando aquí los precedentes de la reforma del artículo 135 de la Constitución o la ilegalización de Batasuna. Sin embargo, «la señora (Francina) Armengol no hizo caso a esta petición», denuncian, culpando así a la presidenta socialista del Congreso.

En todo caso, las mismas fuentes apuntan que la aprobación de esta reforma en lectura única no habría impedido la invasión de los pasados 30 y 31 de julio, pero «sí habría servido para mandar un mensaje potente a Marruecos y para dotarnos de herramientas jurídicas y políticas a fin de dar respuesta a una amenaza que se sabía que iba a suceder», subrayan.

En el Senado, las fuentes del Grupo Popular capitaneado por Alicia García explican que «los plazos son menores». Aquí, son 15 días para que los grupos parlamentarios puedan presentar proposiciones de leyes alternativas y 10 días para que el Gobierno manifieste su conformidad. En este caso, el Ejecutivo ni ha trasladado su disconformidad -que luego podría haber sido rechazada por la Mesa de la Cámara Alta- ni los grupos han presentado textos alternativos.

De esta manera, el procedimiento continúa y esta proposición de ley del PP en materia de extranjería -con fecha de entrada en registro de 3 de agosto- será defendida, debatida y votada la próxima semana en el Senado, donde saldrá adelante con la mayoría absoluta del Grupo Popular. A partir de aquí, el texto será remitido al Congreso, donde los populares esperan que «no sufra el mismo bloqueo que otras 44 leyes procedentes del Senado» por parte de la Mesa del Congreso que preside la socialista Francina Armengol y que controlan PSOE y Sumar.

«Esta cuestión es un asunto de Estado y sigue habiendo amenazas para la seguridad de las fronteras en Ceuta y Melilla», enfatizan las fuentes del PP, que reclaman la aprobación definitiva de esta proposición de ley «antes de Navidad».

Entretanto, las fuentes populares destacan que «es la primera vez» que se va a votar sobre esta reforma de la normativa vigente a partir de la sentencia del Tribunal Supremo del pasado 29 de junio, un fallo que prohíbe las denominadas «devoluciones en caliente» de los inmigrantes que llegan a nado a España.

El Alto Tribunal considera que esta acción no comete ninguna ilegalidad, dado que, al no existir una frontera física que separe ambos territorios, las personas que opten por tomar esta vía para acceder a España encuentran un vacío legal al que ampararse.

El fallo interpreta que la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería, de 2015, no permite aplicar el rechazo en frontera a los inmigrantes interceptados en alta mar. En ese caso, se les debe aplicar una devolución ordinaria y, por tanto, mucho más lenta.

El criterio de la Abogacía

En este contexto, tales fuentes del PP ponen de relieve, y así lo destacan en la exposición de motivos del texto, que para la confección de esta proposición de ley han utilizado el propio criterio de la Abogacía del Estado, que teóricamente depende del Gobierno.

La Abogacía del Estado señaló que «el rechazo en frontera es aplicable cuando los extranjeros son detectados en la línea fronteriza, entendiendo que dicho precepto normativo es de aplicación independientemente de la existencia de obstáculos físicos o no».

Añade el Grupo Popular que «corresponde al legislador determinar si el presupuesto legal actualmente previsto continúa siendo el más adecuado para alcanzar la finalidad perseguida por la norma».

Para los populares de Alicia García, «la experiencia acumulada desde su aprobación pone de manifiesto que la efectividad del régimen especial de rechazo en frontera no debe depender de la concreta modalidad utilizada para intentar el acceso irregular al territorio nacional, sino de la propia existencia de un intento de entrada irregular en las fronteras exteriores de Ceuta y Melilla», remarcan.

Así las cosas, las fuentes del PP entienden que «es difícil de explicar» que el PSOE pueda vetar esta proposición de ley en el Congreso o votar en contra la próxima semana en la misma iniciativa del Senado, sobre todo después de que el propio Gobierno anunciara en agosto una reforma en esta materia (todavía no ha registrado ningún texto al respecto) o de que el PSOE esté estudiando llevar a las Cortes una iniciativa en este sentido, según apareció publicado en prensa recientemente. «El PSOE debe ser consecuente», destacan las mismas fuentes.