El PP avisa a Sánchez de que será el culpable de la dimisión de Lesmes si no se sienta a negociar el CGPJ

La reacción hostil de Moncloa al movimiento que hizo el PP la semana pasada para abordar el desbloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha llevado a Génova a plantearse ya escenarios que no desea, pero que empieza a ver inevitables por la cerrazón del Gobierno de Pedro Sánchez, empeñado en un mero cambio de cromos para controlar la Justicia.

Desde la dirección del PP insisten en su mano tendida al Ejecutivo para negociar con la mejor de las disposiciones y alcanzar así un acuerdo de urgencia, como reclamó el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, en la Apertura del Año Judicial. Sin embargo, viendo que Moncloa rehúye el diálogo, recurriendo al insulto y a la descalificación cada vez que el PP mueve ficha, los populares se preparan ante una posible dimisión de Lesmes con un aviso: será el Gobierno el culpable de su marcha, provocando una «crisis institucional».

Y ello, fundamentalmente porque, según explican fuentes del PP, frente al inmovilismo del Gobierno, la formación de Alberto Núñez Feijóo no ha dejado de buscar una solución, especialmente tras el ultimátum del presidente del CGPJ y el Supremo, que amenaza con dejar el cargo «en semanas» si el jefe Ejecutivo y el líder de la posición no hallan una salida. El 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional, sería la fecha límite que se ha dado.

Las mismas fuentes recuerdan que el pasado julio el PP remitió al Gobierno su propuesta para renovar el CGPJ, accediendo a que sea conforme al sistema vigente para abordar después una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que permita que sean los jueces los que elijan a los jueces. Posteriormente, el vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, se reunió sin éxito con el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y la semana pasada, después del órdago de Lesmes, le remitió una carta para retomar la renovación.

Sin embargo, Bolaños despreció ese mismo día el gesto de los populares y tildó la misiva de «un intento de aparentar de cara a la galería». De hecho, en Génova no consta ni acuse de recibo, como publicó OKDIARIO. En declaraciones a los medios el pasado viernes, el ministro de Presidencia dijo a los de Feijóo que si quisieran renovar «de verdad» le pueden llamar por teléfono y proceder «en una tarde» al desbloqueo del órgano de gobierno de los jueces.

Reforma

El PP denuncia que al gabinete de Sánchez sólo le interesan los nombres, negándose a garantizar la «independencia» de los candidatos, es decir, a tener en cuenta factores como su antigüedad o las puertas giratorias. Esta cuestión es clave para los populares a la hora de llegar a un acuerdo sobre la renovación conjunta del CGPJ y el Tribunal Constitucional, al igual que la necesidad de que Moncloa se comprometa a reformar el sistema de elección actual del Consejo para dar mayor protagonismo a los jueces, en la línea que reclama Bruselas.

Junto a ello, el PP ha puesto sobre la mesa otras medidas a tratar como el que  no puedan ejercer de fiscal general del Estado quienes hayan desempeñado cargos políticos en los cinco años anteriores; la exigencia de una antigüedad de 25 años de servicio activo para ser magistrado del Tribunal Supremo, o que los jueces que sean nombrados para cargos de elección política o de gobierno, con rango superior al de director general, no puedan reingresar al servicio activo hasta transcurridos dos años a partir del cese. Una actuación orientada a poner fin a las «puertas giratorias».

«Inconstitucional»

En este contexto, Feijóo señaló este miércoles que no cree que los vocales del CGPJ estén incumpliendo la ley, como ha deslizado Moncloa, a la hora de renovar el Tribunal Constitucional, cuyo plazo legal fijado expiró este 13 de septiembre, según la contrarreforma del Poder Judicial que impulsaron los socialistas. El líder del PP remarcó que «esta ley es inconstitucional y el Gobierno lo sabe».

En una entrevista en El Objetivo de La Sexta, Feijóo apuntó que «no hay antecedentes» de una norma en la que el poder legislativo le diga al poder judicial «que tiene que hacer una cosa en un plazo» determinado.