El PP acusa a Podemos de utilizar información «reservada» en la comisión de investigación de Interior

El grupo parlamentario del Partido Popular ha presentado un escrito a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, en el que acusa a Podemos de vulnerar el reglamento de las comisiones parlamentarias, en el caso de la de Interior, al aprovecharse de su condición de acusación en el caso del ‘pequeño Nicolás’ y emplear y distribuir documentación reservada. Según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, este extremo es sancionable con multa de hasta 10.000 euros.

En concreto, los ‘populares’ se hacen eco de un escrito remitido el pasado 14 de julio por la propia representante de Podemos en esta comisión, Gloria Elizo, al presidente del órgano, en el que admite utilizar la información del procedimiento judicial, en la que Podemos ejerce de acusación popular.

«La propia Sra. Elizo dirigió un escrito con fecha 14 de julio de 2017 al Presidente de la Comisión de investigación en el que afirma lo siguiente: ‘Se adjunta documentación correspondiente al caso Nicolás, a la cual el partido político Podemos está personado, con el objetivo de que se tengan en cuenta tanto para la reanudación de los trabajos de la Comisión como para que sean incluidos dentro de la documentación oficial de dicha Comisión de investigación’», se puede leer en el escrito del PP.

Los populares se remiten al artículo 76.1 de la Constitución que establece que las comisiones de investigación parlamentarias «no afectarán a las resoluciones judiciales» y que prohibe expresamente la utilización de documentación contenida en los procedimientos.

El PP explica que Podemos «tiene la condición procesal de acusación popular en la causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid, en el asunto popularmente conocido como «Caso Nicolay» o «Caso del Pequeño Nicolás» y se recuerda además que, en el momento en que «se sustanció la comparecencia del exinspector jefe de la Policía, José Ángel Fuentes Gago, en dicha comisión-el pasado 5 de julio-el partido de Pablo Iglesias tenía la condición de parte acusadora, y la causa contra Gago no se había archivado, algo que finalmente sucedió tres días después.

Ya en el interrogatorio, Elizo admitió la utilización de documentación del procedimiento, como se recoge en el mismo Diario de Sesiones. «Buenos días, señor Fuentes Gago.. Yo le voy a trasladar informaciones que no aparecen en prensa y sobre las que usted ha manifestado anteriormente que tiene sus reticencias e inquietudes sobre la verosimilitud de las mismas. Me voy a referir, por tanto, solo a declaraciones e información que se encuentra en procedimientos judiciales», reveló la dirigente de Podemos.

«La señora Elizo reconoció abiertamente que interrogaba al Sr. Fuentes Gago basándose en información «que no aparece en prensa» y que se encuentra en «procedimientos judiciales». De este modo, (…) reconoció utilizar para su interrogatorio información que no puede ser obtenida de fuentes abiertas sino que procede de procedimientos judiciales, presumiblemente aquellos en los que la formación de la Sra. Elizo tiene la condición de acusación popular y, en algún caso, el Sr. Fuentes Gago la de investigado», señala el escrito del PP.

«Abuso de poder»

Por ello, los ‘populares’ acusan a Podemos de «abuso de poder» al aprovecharse de su condición de acusación en un procedimiento en curso para su beneficio en la comisión parlamentaria y, al mismo tiempo de «abuso» como diputados «para perseguir los objetivos que pretenden alcanzar en sede judicial». «De este modo han pervertido el significado constitucional de las comisiones de investigación y, lo que es más grave, han vulnerado los derechos fundamentales de algunos de los comparecientes, empezando por el de defensa».

Así, solicitan que la Mesa del Congreso-«con abstención de la Sra. Elizo, en tanto miembro de dicho órgano»-adopte «las medidas necesarias para que este tipo de conductas no se repita en el futuro y se asegure el cumplimiento del artículo 76 de la Constitución Española según el cual las comisiones de investigación no pueden afectar a las resoluciones judiciales». Además, se solicita que se dé traslado de la queja al juzgado que instruye el caso Nicolás, «a los efectos que procedan».