La ‘policía del catalán’ de la Generalitat pide «reconducir» al niño que hable español en el patio

La policía del catalán, promovida por la Generalitat de Cataluña a través del proyecto ULAE (Usos Lingüísticos en el Ámbito Educativo), se ha puesto en práctica en diferentes centros educativos de la autonomía en los que persiguen a los alumnos, profesores y trabajadores que hablan castellano. Es el caso del Instituto El Perelló de Tarragona, donde piden «reconducir sutilmente» a los niños que hablen español en «los espacios del centro como el patio» o «los pasillos».

La Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB), una asociación de padres con hijos en escuelas catalanas, ha presentado este lunes un informe sobre la «presión lingüística en los centros educativos» que se han adherido a ese proyecto ULAE. Desde la propia Generalitat definen este plan como una «herramienta para mejorar la gestión de la diversidad lingüística en los centros educativos e incentivar el aprendizaje y el uso del catalán en la escuela».

En la práctica, como aseguran desde la asociación de padres, implica que los propios colegios adheridos a este proyecto «buscan claramente excluir aún más si es posible al castellano de la escuela», además de «fiscalizar» el uso que hacen «docentes, alumnos y familias».

Los centros pueden formar parte de este proyecto a petición propia o por indicación del inspector educativo. Y recibirán 1.300 euros para poder aplicar sus propios planes basándose en las líneas de acción de la Generalitat.

Este proyecto lo aprobó el Gobierno del republicano Pere Aragonés en 2021. Sin embargo, el nuevo jefe del Ejecutivo autonómico, Salvador Illa, no lo ha derogado ni ha tomado ninguna medida frente a él. AEB identifica dos ejes de acción del plan, por un lado, docentes, y por otro, alumnos y familias.

«Delatar o señalar a otros compañeros»

Respecto a los profesores, la asociación denuncia que se realizan encuestas en las que se pide «delatar o señalar a otros compañeros por no utilizar el catalán». En ese sentido, se recoge un documento aportado por un centro en el que la inspección instaba a «recordar que no hay libertad de cátedra» e incluso «se ofrecía a tener algún encuentro con los docentes» que usen el español con el objetivo de que utilizan el catalán.

Sobre los alumnos, tal y como indica AEB, se les anima a no cambiar el catalán «en un entorno castellanoparlante». «Si siempre le hablas en castellano, [otro alumno] nunca tendrá la oportunidad de aprender ni practicar catalán. Es importante darle esta oportunidad», reza uno de los planes de un colegio catalán, para justificar la preferencia de la lengua cooficial sobre el español. Esos escritos también instan a que los alumnos consuman cultura en catalán.

Por otro lado, también proponen vigilar «el uso del catalán en el patio, pasillos, extraescolares, salidas y comedor», como señala la asociación de padres. En ese aspecto, alude al plan del Instituto El Perelló: «En espacios del centro, como patio, conversaciones de pasillos, etc., si el alumnado lo hace con su lengua materna, una que no sea el catalán, no se les prohibirá, sino que sutilmente se les intentará reconducir».

Pero estos planes no sólo prevén acciones para los alumnos y los profesores, sino también para los trabajadores no docentes. Entre otras cosas, uno de los colegios anima a su propia dirección a tener «reuniones con las empresas responsables para que adviertan a sus empleados del deber de usar solo el catalán».

«La presión a familias, cuarto pilar»

«La presión a las familias es el cuarto pilar», subraya AEB. Desde la asociación denuncian que en muchas ocasiones, las escuelas «se focalizan en negar o restringir el derecho a recibir las comunicaciones en castellano». Y en las reuniones que tienen lugar en los centros, «se propone utilizar soporte visual para hacer más comprensible lo expuesto». «En casos extremos, invitarles a usar el Google Translate», asegura el informe de la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña. Todo para «evitar cambiar al castellano».

Y a pesar de todo ello, inciden en que este tipo de políticas tiene «baja aceptación por parte de los centros». Además, desde AEB afean que provoca «retrasos de aprendizaje por no utilizar la lengua materna del alumno». Sin embargo, consideran más perjudicial que el plan ULAE «ha animado y dado coartada a aquellos directores y profesores defensores de la exclusión total del castellano de la escuela».