Plus Ultra desprecia a la juez: garantizar la devolución de los 53 millones «es un fin ajeno al Juzgado»

La aerolínea con capital venezolano Plus Ultra desprecia a la juez que le investiga por un presunto delito de malversación. En un escrito, al que ha tenido acceso OKDIARIO, la compañía alega que «el seguimiento del curso de las ayudas» para garantizar la devolución de los 53 millones recibidos por el Gobierno de Pedro Sánchez es «una función y un fin ajeno al Juzgado de Instrucción».

La titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, María de la Esperanza Collazos, investiga los fondos desviados presuntamente de manera irregular desde el Ejecutivo, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), a esta aerolínea cuyos accionistas están relacionados con el régimen venezolano de Nicolás Maduro. La SEPI otorgó 53 millones de euros a Plus Ultra (34 millones vía préstamo participativo y el resto como crédito ordinario) con cargo al fondo de apoyo a empresas estratégicas el pasado 9 de marzo.

El rescate fue cuestionado porque la aerolínea ha estado siempre en números rojos desde su fundación en 2011, aunque comenzara a operar en 2016, y porque su cuota de mercado en el sector es irrelevante (menos del 0,1% lo que la sitúa en el puesto 166 de las aerolíneas que operan en España). Por ello, debido a la situación económica de la compañía, la magistrada acordó la suspensión del préstamo participativo –los 34 millones de euros que estaban pendientes por desembolsar– con el fin de evitar un perjuicio económico a las arcas del Estado, ocasionado en el supuesto de que Plus Ultra no pudiese devolver los fondos recibidos.

Sin embargo, el Gobierno de Sánchez salió al rescate de la venezolana Plus Ultra y alegó que, si se bloqueaba la transacción, la compañía no podría devolver los 19 millones ya recibidos. Finalmente, un juez que estaba sustituyendo a la instructora del caso durante el periodo estival, decidió revocar la resolución de la magistrada Esperanza Collazos y desbloqueó los 34 millones.

Sin aval

El Partido Popular, personado en la causa como acusación, solicitó hipotecar los aviones de la compañía como garantía de que Plus Ultra devuelva en tiempo y forma los prestamos otorgados por la SEPI.
Pero la Abogacía del Estado y la propia aerolínea, imputada como persona jurídica, han señalado que «los aviones con los que opera Plus Ultra Líneas Aéreas S.A. LUS vienen siendo explotados en régimen de arrendamiento operativo o leasing». Por tanto, la flota de aviones no son de su propiedad.

Plus Ultra apunta que «en el acuerdo de otorgamiento de la ayuda con cargo al FASEE se ha incluido como garantías un contrato de prenda del 51% de las acciones y un acuerdo de gestión con la compañía». Un aval que, según fuentes consultadas, supondría «un quebranto para el Estado en lugar de un beneficio».