Peinado subraya que «el juez está alejado de tintes inquisitoriales» tras acusarle el Gobierno de ‘lawfare’
El juez del 'caso Begoña', Juan Carlos Peinado, ha citado a declarar como imputado al delegado del Gobierno en Madrid
El juez del caso Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, ha citado a declarar como imputado al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, por la contratación de Cristina Álvarez, la asistente de Begoña Gómez. En el mismo auto, Peinado realiza una destacada defensa de la labor del juez, que bien podría entenderse como un mensaje implícito a los ataques que recibe por parte del propio Gobierno de Pedro Sánchez.
Precisamente, tras conocer la imputación de Aguirre, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, cuestionó al magistrado señalando que la instrucción «es motivo de preocupación máxima» para quienes defienden «el buen nombre y la imparcialidad de los jueces y magistrados de nuestro país». Cabe recordar que Bolaños tuvo que comparecer también ante Peinado por la contratación de la asesora, que ocupa el cargo de directora de Programas en La Moncloa pese a ejercer de secretaria personal de Begoña Gómez en sus actividades privadas.
Así, en su razonamiento, Peinado recuerda que «nuestro sistema procesal penal crea no sólo la figura del Juez instructor, dotado de imparcialidad, alejado de tintes inquisitoriales, sino una necesaria fase previa, de instrucción, de filtro y trascurrida la cual y practicadas las diligencias esenciales para averiguación de los hechos denunciados, se obliga al juez de instrucción a efectuar un pronunciamiento motivado sobre continuación del procedimiento, archivo del mismo, o declaración de delito leve».
Se trata de una respuesta rotunda a quienes, desde Moncloa, cuestionan la imparcialidad de los jueces en los casos que cercan al presidente del Gobierno, como la investigación a su mujer o a su hermano, David Sánchez.
El juez Peinado recuerda además que «es algo esencial (…) no ser ligero o descuidado con indebidas aperturas de juicio oral por delito», pero añade: «Tampoco se debe incurrir en lo contrario, es decir, en ser extremadamente riguroso, dejando indefensa a la víctima».
Tras el razonamiento, acuerda admitir a trámite una querella presentada por Vox y citar como investigado al delegado del Gobierno en Madrid por un presunto delito de malversación de caudales públicos.
Aguirre era jefe del Gabinete Técnico de Félix Bolaños, entonces secretario general de Presidencia, en el momento de la contratación de Cristina Álvarez. Posteriormente, ya cuando Bolaños fue nombrado ministro, ocupó su puesto, que desempeñó entre julio de 2021 y marzo de 2023.
En este tiempo, fue responsable directo de Álvarez quien, pese a trabajar en La Moncloa, ejercía realmente como secretaria personal de Begoña Gómez en su trabajo en la Universidad Complutense.
«Colaboradora de la cátedra»
En concreto, y como reveló este periódico, Álvarez llegó a presentarse como «colaboradora» de la cátedra de Transformación Social Competitiva que Gómez dirigía en la institución pública.
Cristina Álvarez fichó por Moncloa tras ganar Pedro Sánchez la moción de censura en junio de 2018. Apenas un mes después, el 16 de julio, ya estaba trabajando para la mujer del presidente. Fue la propia Begoña Gómez, con la que mantenía una estrecha relación desde que trabajaron juntas en la consultora Inmark, quien se puso en contacto directo con ella mediante una llamada telefónica para ofrecerle un puesto «de confianza».
La esposa del dirigente socialista alegó que «le habían comentado que podía tener una persona de asesoramiento, y que le gustaría que fuera ella». Ante el juez, Álvarez admitió que reporta directamente a la esposa de Sánchez, que fue la persona «que la contrató». Reconoció también que se ocupa de «la agenda institucional y privada» de la esposa de Pedro Sánchez.
Delito de malversación
El juez investiga un posible delito de malversación en la contratación de esta asesora, que ocupa el cargo de directora de Programas, en el Palacio de La Moncloa.
En su comparecencia, Félix Bolaños defendió que la designación de la asesora se realizó conforme fija la ley de contratación de personal eventual, al tiempo que se desligó de su nombramiento. El ministro señaló aquí a Raúl Díaz, asesor principal de Pedro Sánchez.
Peinado acordó la citación de Bolaños tras la declaración de Alfredo González, el ex vicesecretario general de la Presidencia del Gobierno que testificó el pasado febrero y que señaló al ministro como superior jerárquico.
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