Sánchez blindó el 19-M con rango de ley su petición de dejar a los mayores contagiados en las residencias

El Gobierno de Pedro Sánchez pidió desde el 5 de marzo que los mayores contagiados se quedaran en las residencias. Lo hicieron pese a que en aquellas fechas no había colapso sanitario. Pero dos semanas después y coincidiendo con dos datos relevantes, el mismo Ejecutivo pasó a regular por orden ministerial la orden de que se les mantuviera en esos mismos centros: ya no era una petición; era una imposición legal.

Los dos datos relevantes eran los siguientes: en primer lugar, que en ese momento, ya sí había colapso hospitalario; en segundo lugar, que justo ese 19 de marzo en el que se emitía la orden ministerial se anunciaba el mando único social de Pablo Iglesias: las residencias pasaban a ser uno de sus cometidos. El resultado es conocido. Muchos de esos mayores murieron en las residencias.

La orden ministerial en cuestión procedía del Ministerio de Sanidad y señaló aquel 19 de marzo que «el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, contempla una serie de medidas dirigidas a proteger la salud y seguridad de los ciudadanos y a reforzar el sistema de salud pública».

Vulnerabilidad

El «artículo 4.3 indica que los ministros designados como autoridades competentes delegadas en ese real decreto, quedan habilitados para dictar las órdenes necesarias para garantizar la prestación de los servicios en orden a la protección de las personas».

El texto añadió que «los mayores, las personas con discapacidad u otros usuarios de residencias y otros centros sociosanitarios se encuentran en situación de vulnerabilidad ante la infección COVID-19 por varios motivos, como son entre otros, que habitualmente presentan edad avanzada; patología de base o comorbilidades; y su estrecho contacto con otras personas, como son sus cuidadores y otros convivientes».

Pero ese protocolo de protección fue un poco peculiar. En primer lugar porque el Gobierno no podrá argumentar desconocimiento de los casos de muertes dentro de las residencias. De hecho, exigió que «cuando se produce el diagnóstico de un caso de Covid-19 en un centro en el que resida población vulnerable, se pone en marcha la declaración o comunicación de caso que esté establecida, en su caso, por la autoridad sanitaria».

En segundo lugar porque la propia orden ministerial de aquel 19 de marzo reconocía ya que «la propagación del Covid–19 entre personas vulnerables que viven en residencias de mayores, se está observando en los últimos días».

Aislamiento de residentes

A partir de ahí, la norma recogía las «medidas relativas a la ubicación y aislamiento de pacientes Covid-19 en las residencias de mayores y otros centros sociosanitarios».

Y ahí señalaba que «los residentes de los centros en los que resulta de aplicación esta orden deben clasificarse en:
a) Residentes sin síntomas y sin contacto estrecho con caso posible o confirmado de Covid-19.
b) Residentes sin síntomas, en aislamiento preventivo por contacto estrecho con caso posible o confirmado de Covid-19.
c) Residentes con síntomas compatibles con el Covid-19.
d) Casos confirmados de Covid-19».

De ese modo, «en el caso de que un residente presente infección respiratoria aguda leve, debe ser aislado del resto de residentes». El texto no dice nada de hospitalizarlo de urgencia. Habla de que debe ser aislado en la residencia.
Es más, la norma lo detalla y dice que «en el caso de que haya más un residente con infección respiratoria aguda leve, y no sea posible el aislamiento individual, puede recurrirse al aislamiento por cohorte».

El texto sostiene que «en el caso de residentes con diagnóstico Covid-19 confirmado, deben ser aislados del resto de residentes». Añade que si hay «más de un residente con infección confirmada por Covid-19 puede recurrirse al aislamiento por cohortes». Y que «en cualquier caso, estos residentes, casos posibles o casos confirmados de Covid-19, deben mantenerse aislados del resto de residentes».

Todo ello partiendo de un aislamiento en la residencia que «en el caso de que las condiciones del centro lo permitan, es preferible el aislamiento vertical o por plantas, como criterio de agrupación preferible para cada uno de los grupos de residentes señalados en punto. El centro debe utilizar la sectorización de incendios ya definida como área de ubicación de cada uno de los grupos señalados, salvo que esto no sea posible por el tamaño de la residencia».

El centro deberá atender especialmente «el mantenimiento en la zona de aislamiento que le corresponda a aquellas personas deambulantes o errantes, con trastorno neurocognitivo, de manera que se le permita deambular sin que le resulte posible salir de esa zona de aislamiento, evitando la utilización de sujeción mecánica o química».

Culpabilizar a las autonomías

Pese a todo ello, el PSOE y Podemos no han dejado de culpar a las autonomías de las víctimas mortales de las residencias de mayores. Y ello, pese a que el 5 de marzo y por medio de un documento técnico ya publicado por OKDIARIO, el Gobierno exigió a las residencias que dejaran en sus cuartos a todos los mayores con «sintomatología respiratoria aguda». Y el 19 de marzo pasó a exigirlo regulatoriamente. El mismo día en el que Pablo Iglesias anunció su mando único social. Un área que englobaba el control de las residencias.