La oposición forzará que la propia Generalitat declare inconstitucional su Ley del Referéndum

La oposición catalana llevará al Consejo de Garantías Estatutarias la Ley del Referéndum, que los independentistas prevén aprobar a finales de agosto o principios de septiembre, con el fin de que este organismo -dependiente de la propia Generalitat- declare inconstitucional sus preceptos días antes de que arranque formalmente la campaña para el 1-O. 

Fuentes ‘populares’ confirman la intención de manejar los tiempos, ya muy ajustados, en la cuenta atrás para el hipotético referéndum ilegal. Así, la idea es apurar al máximo el calendario para -y «a su debido tiempo»- elevar la ley a Garantías, de forma que, como es previsible, se declare inconstitucional de cara a la propia campaña. Los informes de Garantías no son vinculantes, pero sí supondría un importante golpe de efecto  en un momento crítico para la deriva independentista.

El organismo -encargado de velar porque las leyes autonómicas se ajusten a la legalidad de la Constitución y el Estatut- ya ha tumbado algunos de los últimos pasos de la Generalitat de cara al proceso ilegal. Declaró inconstitucional por unanimidad la reforma del reglamento del Parlament para la aprobación exprés de las ‘leyes de desconexión’ y advirtió de que la reforma del procedimiento para aprobar la ley por lectura única vulnera la legalidad al omitir la exigencia de que esa lectura única se limite a casos en que la «simplicidad» de la norma lo permita.

Antes, el organismo ya había asestado otro varapalo a los planes de Puigdemont, al publicar un dictamen en el que consideró también inconstitucional la partida presupuestaria destinada a la organización del referéndum. El órgano recordó además a la Generalitat que la competencia para autorizar y regular un proceso de ese tipo corresponde en exclusiva al Estado «sin que la Generalitat disponga de margen de actuación normativa o ejecutiva».

El Govern desatiende todos los fallos

Hasta ahora, el Gobierno catalán ha desatendido todas las recomendaciones. Incluso se ha apoyado en algunas ambigüedades para seguir sosteniendo sus tesis secesionistas. Así, Puigdemont argumentó que el Consejo sí daba luz verde a las partidas dedicadas a consultas y procesos de participación ciudadana, ambas de su competencia y alegó que el Parlament, al igual que el Congreso de los Diputados, debe tener potestad para decidir cómo se tramitan sus leyes.

No obstante, la oposición considera que el informe de Garantías será un golpe de efecto de cara a la campaña, que comenzará en su caso a mediados de septiembre, porque supondrá que un organismo de la propia Generalitat declare inconstitucional la principal ley del referéndum. A ello se sumará la iniciativa del Gobierno de Mariano Rajoy, con su correspondiente recurso al Tribunal Constitucional, lo que implicaría la suspensión cautelar.

La ley del Referéndum es el aparato ilegal que el independentismo enarbola de cara a la celebración del 1-O. En ella, se declara, por ejemplo, un estadio legal «supremo» y superador de la legalidad española, se asegura que habrá un censo elaborado por el Govern- pese a no disponer de datos legales para ello-y se habla incluso de que los catalanes serán llamados a las mesas electorales, como en una jornada electoral ordinaria. Además, se creará una «sindicatura electoral», con funciones asimilables a la Junta Electoral Central, y que estará formada por juristas elegidos por el Parlament por mayoría absoluta (los votos de Junts y la CUP serían suficientes).

Sobre los funcionarios, la Ley asegura que se les dará «amparo» a todas las «autoridades, personas físicas y jurídicas» que participen en la organización del referéndum. Asimismo, no establece ningún porcentaje mínimo de voto para que el resultado sea vinculante..