Cataluña

Opazo pide a los que quitan lazos que vayan sin DNI como «resistencia» ante el acoso de los Mossos

Opazo
El empresario vasco residente en Suiza José Manuel Opazo.

El empresario José Manuel Opazo ha pedido a los equipos de voluntarios que salen a la calle a quitar lazos amarillos que a partir de ahora lo hagan sin llevar encima el DNI ni ningún otro documento de identidad, como forma de «resistencia pacífica» ante la persecución que la Generalitat ha puesto en marcha contra ellos .

«No vamos a poner la otra mejilla», afirma Opazo, «pero debemos tomar una línea de resistencia pacífica, siempre dentro de la legalidad. Cuando los Mossos vayan a identificarles, lo mejor es que se sienten en el suelo y forzar así a que tengan que trasladarles en un furgón a comisaría para identificarles».

«Esa imagen», añade el empresario vasco, «es la mejor forma de visualizar la opresión que hoy sufren catalanes que no han cometido ningún delito, porque limpiar las calles no es delito».

Opazo es consciente de que esta fórmula abre la puerta a que los voluntarios que quitan lazos puedan ser multados por no llevar su documentación de identidad encima. Para ello, como ha informado OKDIARIO, está gestionando junto a otros empresarios la puesta en marcha de un fondo financiero que permitirá pagar los gastos de defensa y asesoramiento jurídico de los activistas que limpian las calles. Un fondo que se podrá nutrir también con las aportaciones que quieran hacer todos los españoles para apoyarles.

«Los Mossos actúan como chorizos»

El propio presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha alentado el acoso y ha justificado el uso de la violencia contra estos constitucionalistas, al calificarles de «fascistas» y «grupos armados organizados». El ex presidente Carles Puigdemont les ha calificado de «terroristas» y el alcalde de l’Ametlla de Mar, Jordi Gaseni (ERC), les tacha «delincuentes organizados». Aunque es evidente que quitar lazos o esteladas no constituye ningún delito, como ha recalcado la fiscal general del Estado, María José Segarra.

Siguiendo las directrices políticas del conseller Miquel Buch, los Mossos ya han comenzado a identificar a los constitucionalistas que salen a la calle a quitar lazos, bajo la amenaza de imponerles multas de «hasta 30.000 euros», apelando a un artículo inexistente de la Ley Mordaza.

«Los Mossos están actuando como una policía política», afirma Opazo, «como auténticos chorizos, y sus superiores como jefes de banda de grupos que actúan por su cuenta, bajo las directrices políticas de la Generalitat».

José Manuel Opazo ha recordado que la identificación de las personas que quitan lazos por parte de los Mossos sirve luego para promover el acoso contra ellos, ya que facilita que se difundan sus datos personales en las redes sociales. Así ha ocurrido en tres casos muy recientes.

Campaña sistemática de acoso

El propio alcalde independentista de L’Ametlla de Mar, Jordi Gaseni (ERC), ha sido el encargado de filtrar este sábado en su cuenta de Twitter que la Policía Local (que actúa bajo sus órdenes) había identificado al periodista Arcadi Espada y a otras siete personas por pintar la bandera española en el lazo amarillo colocado en una rotonda.

El pasado miércoles, el alcalde de Verges, Ignasi Sabater Poch (CUP), señaló públicamente al secretario de un Ayuntamiento vecino, el de l’Escala, al difundir un vídeo en el que el funcionario aparecía quitando lazos en las calles.

Y el propio departamento de Interior de la Generalitat, dirigido por Miquel Buch, se encargó de filtrar el pasado fin de semana la identidad de un guardia civil que (cuando se encontraba fuera de servicio) fue identificado por los Mossos junto a otras 13 personas por quitar lazos.

En los tres casos, se trata de intimidar y señalar a los constitucionalistas que quitan símbolos amarillos de las calles, filtrando su identidad para que sufran el acoso de los separatista, que con frecuencia acaban difundiendo sus datos personales y de su familia en las redes sociales.

Es la misma estrategia que los separatistas han utilizado con el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, quien finalmente se ha visto obligado a abandonar Cataluña después de que los radicales hicieran pintadas con amenazas ante su casa y difundieran en las redes datos personales de su mujer.

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