El nuevo fiscal general da positivo en Covid y no podrá presentar la Memoria 2021 de la Fiscalía

El nuevo fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha dado positivo en Covid-19 y no podrá presentar este miércoles la Memoria Anual correspondiente a la actividad de la Fiscalía en 2021 en el acto de Apertura del Año Judicial.

Según ha informado la Fiscalía, lo sustituirá la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Maria Ángeles Sánchez Conde.

García Ortiz, que estrenó su cargo el pasado lunes con una visita al Rey Felipe VI para hacerle entrega de la Memoria, presenta síntomas leves y se encuentra bien.

Apertura del año judicial

El Salón de Plenos del Tribunal Supremo recibirá este miércoles al Rey Felipe VI, al nuevo fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, para la apertura del año judicial 2022-2023, la cuarta consecutiva que se celebra con el órgano de gobierno de los jueces en funciones y, en esta ocasión, marcada por las negociaciones para consensuar los nombres de los dos magistrados que el Consejo debe designar al Tribunal Constitucional.

Aunque el monarca y el presidente del CGPJ coinciden en el acto solemne desde 2014, será la primera vez que García Ortiz acuda al evento como fiscal general, cargo que prometió en agosto –tras reemplazar a Dolores Delgado– y del que tomó posesión este mismo lunes en la Fiscalía y el Supremo, amadrinado por la propia Delgado y por la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde.

Como en los últimos cuatro años, Lesmes repetirá ante la imposibilidad de los grupos parlamentarios de llegar a un acuerdo para renovar el CGPJ, que se encuentra con el mandato caducado desde finales de 2018. Se prevé que, como ha hecho en discursos anteriores, el presidente del Consejo ponga de relieve la situación de interinidad.

El año pasado, Lesmes calificó la situación de «insostenible» para la judicatura e instó a las fuerza políticas a que dejaran este asunto fuera de la «lucha partidista» y llegaran a un acuerdo en «las próximas semanas». En aquella ocasión, insistió en que esta anomalía se debía a «causas que le son completamente ajenas» y recordó que son el Congreso y el Senado quienes deben nombrar a los nuevos vocales cada cinco años, un plazo que no es «meramente orientativo», sino que «están obligados» a respetarlo.