El novio de Ayuso denuncia en el Supremo la persecución del Estado: «O me voy de España o me suicido»

Alberto González Amador ha declarado este martes ante el Tribunal Supremo que la filtración del fiscal general del Estado le ha «destrozado públicamente» y le ha llevado a plantearse abandonar el país o quitarse la vida. El empresario ha relatado durante más de una hora los perjuicios sufridos desde que Álvaro García Ortiz le calificara de «delincuente confeso», una etiqueta que según ha denunciado fue después repetida por el presidente del Gobierno, ministros y diputados.

La pareja de Isabel Díaz Ayuso ha protagonizado uno de los momentos más tensos de la segunda jornada del juicio contra el fiscal general del Estado en el Tribunal Supremo. El empresario ha declarado como testigo narrando el calvario personal y profesional que ha vivido desde la filtración del correo confidencial.

«A través de la filtración del fiscal general del Estado, o me voy de España o me suicido; el destrozo personal, lo que me he tenido que gastar… Si sigue así, me escapo», ha declarado González Amador con visible desesperación.

El presidente del tribunal ha intervenido inmediatamente: «No le recomiendo eso; hable con su abogado, es el que mejor le puede asesorar en esas cosas».

Delincuente confeso sin serlo

González Amador ha explicado que buscaba resolver el caso tributario «rápido y sin ruido» para no perjudicar a su pareja. «No quería que perjudicara a mi pareja que nada tiene que ver con mi empresa, de hecho ni era pareja mía en esos momentos», ha aclarado, refiriéndose a que cuando se produjeron los hechos investigados ni siquiera mantenía una relación con la presidenta madrileña.

El empresario había seguido el consejo de conformar confiando en que «la Agencia Tributaria nunca ha filtrado datos». Esperaba zanjar el asunto sin repercusión, aclarando que jamás participó en ninguno de los correos intercambiados entre su abogado Carlos Neira y la Fiscalía, ni los escribió ni los recibió.

Ha relatado que cuando se enteró de la publicación se enfadó profundamente. Su abogado le explicó la situación tranquilizándole, aunque reconoció «tenemos un problema» porque jamás imaginó que un correo con un fiscal se filtraría.

González Amador ha descrito dramáticamente las consecuencias. «Entre la nota de la Fiscalía y la publicación del mail yo pasé a ser el delincuente confeso del reino de España, estaba muerto, el fiscal García Ortiz me había matado públicamente, me había destrozado públicamente, ‘la presunción de inocencia se ha roto’, me decía el abogado», ha declarado.

Persecución institucional

El testigo ha denunciado que cuando el fiscal general le llamó delincuente confeso, «lo sostiene el presidente del Gobierno, ministros, delegado del Gobierno, diputados, periodistas… ejercen de BOE tras la condena que me había puesto el fiscal general». Ha subrayado que esta calificación fue utilizada por Pedro Sánchez en sede parlamentaria sin que él hubiera admitido públicamente los delitos fiscales.

Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, también ha denunciado durante su declaración que «tras difundirse el email, ministros e incluso el presidente del Gobierno han llamado en sede parlamentaria a González Amador delincuente confeso, defraudador confeso… cuando él nunca ha dicho eso».

González Amador ha explicado que puso una querella gracias a la cual se desplegó la investigación de la UCO. Esta investigación ha demostrado que «mi paranoia no era tal», descubriendo mensajes entre fiscales que hablaban del «caso Ayuso» y evidenciando que «todo el cuerpo fiscal iba a por mí».

El empresario ha relatado una larga lista de perjuicios concretos sufridos desde la filtración. Ha denunciado el corte de financiación bancaria el 13 de febrero de 2024, justo días antes de que estallara el escándalo público.

Ha explicado que una empleada médica especialista que trabajaba para él no ha podido comprar una vivienda por esta vinculación laboral. Ha perdido proveedores y clientes con contratos cancelados. Ha sufrido la violación de su historia clínica, que ha anunciado que denunciará. «Tengo daños familiares en los que no entraré», ha añadido.

González Amador ha continuado su declaración relatando otros perjuicios. «Hace un año salió en prensa que había hecho obras ilegales, denuncié y el contencioso me dio la razón, 9.800 euros de condena al ayuntamiento, me pagaron 4.500 euros», ha explicado, refiriéndose a una victoria judicial que no evitó el daño reputacional.

La declaración de González Amador ha puesto rostro humano a un caso que ha sacudido las instituciones del Estado. Su testimonio revela cómo la batalla política entre el Gobierno y la oposición puede convertirse en una ciénaga donde quedan atrapados quienes nunca buscaron el foco mediático. El empresario ha llegado a plantear su exilio o algo peor, evidenciando que cuando el Estado señala, la presunción de inocencia se convierte en papel mojado y las consecuencias trascienden lo judicial para adentrarse en territorios donde la reparación resulta imposible.