Moncloa paraliza la Ley de Memoria por las discrepancias con Podemos y ERC sobre la Amnistía

La falta de consenso sobre reformar o derogar la Ley de Amnistía de 1977 ha obligado al Ministerio de la Presidencia a aparcar la tramitación de la Ley de Memoria Democrática en el Congreso. El departamento que dirige Félix Bolaños, que la semana pasada ya se enfrentó por el mismo tema al líder del PCE y responsable jurídico de Unidas Podemos Enrique Santiago, ha comprobado que no tiene los apoyos suficientes para garantizar su aprobación. Lo más probable es que Esquerra Republicana vote en contra, como ya hizo en 2007, con la de José Luis Rodríguez Zapatero. Eso la haría decaer.

Para ERC hay una línea roja que el PSOE no quiere cruzar, y no es ni más ni menos que derogar la Ley de Amnistía de 1977 para que se puedan investigar y juzgar crímenes cometidos durante el franquismo. Los socialistas, que se declaran a menudo unos firmes defensores de la Transición y del actual sistema parlamentario, sostienen que la «norma fue un gran éxito de la Transición». Los separatistas y los podemitas creen que se debe atacar ese consenso que permitió la liberación de centenares de personas relacionadas con el franquismo pero también a etarras condenados por delitos de sangre.

Los dos partidos se pusieron de acuerdo para introducir una enmienda que asegura que «los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables». Bolaños, sin embargo, salió rápidamente a asegurar que «esta ley no toca nada» porque no se podrían juzgar los crímenes del franquismo bajo la premisa de que no hay retroactividad en la legislación penal. La parte socialista del Ejecutivo ponía freno así a la interpretación que hacían sus socios y con la que intentaban sortear la norma aprobada el año 1977.

Otro de los escollos que han embarrancado la promesa del Gobierno de sacar adelante la Ley de Memoria Democrática es la petición de ERC para que los familiares de las víctimas puedan optar a reclamaciones patrimoniales. Fuentes gubernamentales recuerdan que el Estado ya ha indemnizado con más de 21.000 millones de euros y manifiestan que tras Alemania e Israel, España es quien más ha invertido en indemnizaciones. El Ejecutivo, en el texto normativo que presentó a los grupos parlamentarios, propone también cambiar el nombre del Valle de los Caídos por el de Cuelgamuros.

Donde sí ven margen desde el departamento de Bolaños es en poder declarar «ilegal» el franquismo. En la actualidad la norma en vigor lo considera «ilegítimo». Eso que exige Esquerra permitiría, entre otras cosas, que se anulen decisiones tomadas durante la dictadura, como la condena a Salvador Puig Antich. Una vez se aprueben definitivamente las cuentas y las reformas económicas que exige Bruselas, para el pago de los Fondos de Recuperación y Resiliencia, se volverá a retomar la tramitación de la norma e incluso la negociación para su aprobación con Ciudadanos. Aunque fuentes cercanas a Bolaños ya no dan por hecho que se pueda hacer en este mandato.