España

Moncloa firma un acuerdo con la Generalitat que abre la puerta a negociar la amnistía y un referéndum

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El ministro Félix Bolaños y la consejera de Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrá (ERC), han cerrado este viernes un acuerdo que sienta las bases para la negociación «bilateral» entre el Gobierno y la Generalitat. En el documento se establecen algunas bases de enorme simbolismo, como avanzar en la desjudicialización del «conflicto político» y «garantizar los derechos fundamentales, la privacidad y la libertad política e ideológica» de las posiciones políticas en Cataluña, sea cual sea el modelo de relación con el Estado que defiendan. Además, se reconoce «la plena legitimidad política de las diferentes ideologías». Del encuentro también ha trascendido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunirá con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, el próximo 15 de julio en Moncloa.

Del acuerdo trasciende que Moncloa acepta hablar sobre la amnistía y el referéndum, las dos reclamaciones del separatismo que, hoy por hoy, son inasumibles para el Gobierno. Así, las partes «reconocen la plena legitimidad política de las diferentes ideologías y de los proyectos políticos democráticos que derivan de ellas, sea cual sea su visión sobre el futuro político de Cataluña y de su relación con el Estado, reafirmando la necesidad de debatir en profundidad y de tratar de llegar a acuerdos sobre las posiciones políticas de cada parte».

En la «mesa de diálogo», que se reunirá al menos dos veces al año, se abordarán los «proyectos políticos democráticos» que derivan de las diferentes posiciones ideológicas. «Se comprometen, además, con los derechos fundamentales de las personas identificadas con cada proyecto y rechazan la persecución o criminalización de las diferentes opciones políticas», subraya el documento.

«Conflicto político»

En su comparecencia, Bolaños ha saludado el acuerdo basado «en el diálogo y las soluciones políticas en vez de una política judicializada». En el documento, Moncloa asume la propia terminología del separatismo, al referirse a la situación en Cataluña por la presión independentista como «conflicto». El acuerdo establece que los objetivos de la negociación entre ambos gobiernos son la «superación de la judicialización, garantizando la seguridad jurídica» y la búsqueda de acuerdos para resolver el «conflicto político».

Sobre el primer objetivo, ambos ejecutivos «se comprometen a contribuir al fin de la judicialización del conflicto político, dado que incrementa la polarización de posiciones y dificulta la búsqueda de soluciones».

En el segundo objetivo del diálogo que plantean, se comprometen con apostar por la vía política y con la búsqueda de soluciones pactadas para resolver el «conflicto». Las partes «se comprometen a trabajar y a aprobar medidas concretas que representen un avance medible de las negociaciones y que, a su vez, aumenten el grado de confianza mutua necesaria para seguir avanzando», añade.

La voluntad de los dos gobiernos es celebrar «un mínimo» de dos reuniones públicas de la mesa de diálogo en lo que queda de 2022, con acuerdos en cada uno de estos encuentros, pero señala que se irán valorando y pactando el número de reuniones necesarias.

Otro de los puntos plantea la necesidad de «desarrollar un clima de respeto absoluto a las posiciones y propuestas planteadas por cada parte, a partir de posiciones políticas alejadas» y garantizar la confianza para el desarrollo de la mesa a partir de medidas concretas.

Desde el Govern han celebrado que el acuerdo recoge las garantías que exigía la Generalitat para proteger el proceso de diálogo, y que es habitual en los procesos de negociación de conflictos políticos y «frecuentemente» es de los primeros resultados que surgen.

El separatismo ha logrado la respuesta concreta de Moncloa sobre el espionaje con Pegasus a Pere Aragonés. En uno de los puntos se expresa que: «La actuación de las instituciones garantizará en todo momento los derechos fundamentales, la privacidad y la libertad política e ideológica de todas las personas que se identifican con las posiciones políticas y democráticas presentes en Cataluña, rechazando actos, decisiones o mecanismos ilegítimos que vulneren dichos derechos por la mera adscripción a una ideología o visión territorial».