Iceta: «La ley del referéndum se ha redactado para que la prohíban»
El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha considerado que la ley del referéndum anunciado para el 1 de octubre que han redactado JxSí y la CUP no tiene ningún fundamento legal ni viabilidad jurídica, y que se ha redactado para buscar una reacción beligerante del Estado y «la prohíban».
En una entrevista con Europa Press, ha recordado que la ley no se ha registrado en el Parlament y de momento es solo un anuncio, pero en el caso de que acabe debatiéndose y aprobándose, «tendría una vigencia aproximada de 24 horas, y eso lo sabe todo el mundo».
Precisamente por ello, Iceta considera que JxSí y la CUP «están buscando la prohibición y la obtendrán, naturalmente», teniendo en cuenta que en cualquier democracia se debe cumplir y hacer cumplir la ley.
A su juicio, uno de los argumentos que demuestra que el proyecto de ley sólo se ha redactado para buscar una prohibición y no para que entre en vigor es que «se pretende aprobar en septiembre, y no se puede crear una administración electoral y arreglar el censo en un mes».
«Hay voluntarios olímpicos o para una maratón»
La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) fija un margen de 54 días entre la convocatoria de elecciones y la celebración de las mismas precisamente porque se considera el tiempo mínimo para poder celebrar una votación con garantías.
Otro argumento que esgrime Iceta es el del dispositivo de voluntarios que como alternativa a los funcionarios: «A veces hay voluntarios olímpicos o para hacer una maratón, pero hablan de un referéndum efectivo y eso es totalmente contrario a organizar las cosas con voluntarios».
Defiende que tampoco se sustenta el argumento de apelar a la legislación internacional de la ONU y el tribunal de La Haya, ya que «si Puigdemont fuera a Naciones Unidas a explicar su caso le dirían que no tiene nada que ver con los problemas que están acostumbrados a abordar».
Añade que el derecho a la autodeterminación previsto por la legislación internacional se refiere a casos de colonialismo, ocupación militar o lesión de derechos democráticos, «pero ningún supuesto de estos se da en el caso catalán».
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