El ministerio de Irene Montero es el que más discrimina a los hombres de todo el Gobierno
El Ministerio de Igualdad no puede presumir precisamente de eso, de igualdad, en lo que al género de sus empleados se refiere. Como informó OKDIARIO, sólo 19 de los 88 efectivos de los que dispone el departamento de Irene Montero, son hombres, según se recoge en la última actualización del Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. Es decir, apenas un 21,5% de ellos son varones. Se trata del menor porcentaje de representación masculina en los distintos ministerios que componen el Gobierno de coalición.
De acuerdo a «los efectivos por Ministerio y sexo», la proporción de hombres en el total es la siguiente: Agricultura, Pesca y Alimentación (39,5%); Asuntos Económicos y Transformación Digital (49,9%); Asuntos Exteriores, UE y Cooperación (49,9%); Ciencia e Innovación (35,5%); Consumo (34,5%); Cultura y Deporte (34,4%); Defensa (54,2%); Derechos Sociales y Agenda 2030 (33,2%); Educación (28,9%); Hacienda (41,9%); Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (36,8%); Industria, Comercio y Turismo (40,8%); Interior (62,3%); Justicia (45%); Política Territorial y Función Pública (44,1%); Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática (46,9%); Sanidad (30,4%); Trabajo y Economía Social (40,9%); Transición Ecológica y Reto Demográfico (54%); Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (61,1%) y Universidades (32,3%).
En marzo del año pasado, el Partido Laócrata denunció ante la Fiscalía del Tribunal Supremo a la ministra de Igualdad por un posible delito de prevaricación, apuntando que el 79% de sus altos cargos eran mujeres. Los denunciantes alegaron que, con ello, Montero incumpliría el principio de Igualdad en las Administraciones Públicas.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, se defendió entonces de las críticas asegurando que los hombres «no están excluidos» en su Ministerio, pero consideró que, dado que durante siglos «todos los hombres y mujeres hemos estado gobernados exclusivamente por hombres», no tendría que haber problema alguno en que «las personas más competentes para desempeñar posiciones de responsabilidad sean mujeres».
«Por experiencia propia las mujeres somos las que más tiempo le hemos dedicado a pensar cómo el conjunto de la sociedad puede ser una mejor sociedad que respete más los derechos humanos y sea más igualitaria», añadió Montero.
Pero esa desigualdad no se queda en los altos cargos. También, como se indica, en los efectivos del departamento.
La ministra, además, se rodea de mujeres en su núcleo más directo, como Noelia Vera, secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género; Boti García, directora general de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI, o Antonia Morillas, directora del Instituto de las Mujeres.
Polémica
Precisamente, entre las múltiples polémicas que rodean el Ministerio está el revés por la discriminación de género en sus contratos.
El pasado noviembre, como avanzó El Confidencial, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales tumbó un contrato de Igualdad para cubrir los servicios del 016 que exigía que el personal adscrito fueran mujeres. El importe de dicho contrato ascendía a 7,8 millones de euros, con una duración de 5 años.
En sus cláusulas se explicaba que la empresa adjudicataria debía aportar 15 operadoras, ocho psicólogas o trabajadoras sociales y ocho asesoras legales. Sin embargo, se añadía una condición: 31 de los 33 puestos tenían que ser obligatoriamente cubiertos por mujeres.
Como reveló OKDIARIO, el Ministerio defendió ante el Congreso que en sus contratos existiese la discriminación por razón de género porque «diversos textos normativos y recomendaciones promueven que las víctimas de delitos, como las de violencia de género, sean atendidas, informadas y asesoradas por personas del mismo sexo».
Finalmente, el tribunal concluyó que «los defectos del pliego impugnados constituyen causas de nulidad de pleno derecho (…) por cuanto implican una vulneración de derechos fundamentales» y, asimismo, vulnera «nuestro orden constitucional», lo que implicaba que los pliegos de la contratación fuesen «nulos de pleno derecho». En consecuencia, el Ministerio tuvo que volver a sacar a licitación el contrato anulado.
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