Miembros del Consejo de Estado destapan una «chapuza jurídica» que pone en riesgo el blindaje del aborto del Gobierno

Miembros del Consejo de Estado califican de «chapuza jurídica» el dictamen que este órgano consultivo ha realizado sobre la reforma del artículo 43 de la Constitución para blindar el derecho al aborto en la Carta Magna, tal como anunció Pedro Sánchez. El consejero y padre de la Constitución Miguel Herrero de Miñón, en concreto, ha asegurado a OKDIARIO que «se trata de una chapuza jurídica en el fondo y en la forma» y otros miembros del Consejo hablan de «varias anomalías» hasta culminar en la aprobación del dictamen.

Los miembros del Consejo consultados por este periódico, críticos con el dictamen que avala la reforma constitucional para blindar el aborto, se remontan al primer borrador del texto, que fue elaborado por el ponente inicial, Miguel Herrero de Miñón.

En él se mostraba contrario a la fórmula elegida por el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Su borrador fue rechazado por la Comisión Permanente, donde existe una amplia mayoría de exministros socialistas, y a continuación se encargó realizar una «ponencia especial» a la consejera y exministra de Sanidad con el PSOE, María Luisa Carcedo.

Todas las fuentes consultadas coinciden en señalar que ese nuevo texto era  favorable a la modificación del artículo 43 de la Constitución, asumiendo las tesis del Gobierno de Pedro Sánchez. La reforma original recogida en el texto original que remitió el Gobierno consistía en la inclusión de un punto 4: «Se reconoce el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. El ejercicio del derecho, en todo caso, será garantizado por los poderes públicos, asegurando su prestación en condiciones de igualdad efectiva, así como la protección de los derechos fundamentales de las mujeres».

Esa fórmula del Gobierno provocó un buen número de intervenciones críticas en el Pleno del Consejo de Estado, así como la supuesta intención de avalar su validez, sostenida en la ponencia de Carcedo, según aseguran varios de los asistentes.

Continúan estas fuentes señalando que «ante el temor a que fuese rechazado», la presidenta del órgano consultivo, Carmen Calvo, propuso un receso de media hora, para buscar una nueva fórmula de consenso.

Fraude de ley

Herrero de Miñón, por su parte, ya había expresado ante la Comisión Permanente, como después recogió en su voto particular, que la reforma legal planteada por el Gobierno era «un fraude de ley», que no correspondía blindar el aborto en el artículo 43, sino en el artículo 15 de la Carta Magna, y que se trata de un «texto inútil», además de una «propuesta ilícita» el tratar de impedir una «contrarreforma» constitucional en el futuro.

Las mismas fuentes señalan que, durante el receso, se modificó la redacción del dictamen para tratar de conseguir el apoyo de la mayoría del Consejo. En este punto añaden que el dictamen de Carcedo «sufrió alguna modificación de última hora» y se añadió una redacción alternativa al punto 4 presentado por Bolaños en su día.

El texto «retocado», según los presentes, sugería una nueva redacción de ese punto 4. El dictamen, tras el receso de media hora de un Pleno revuelto, decía así: «Los poderes públicos garantizarán el ejercicio del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad real y efectiva con cuantas prestaciones y servicios sean necesarios para dicho ejercicio».

Esa fórmula fue la que desencalló la situación y esta última fue la redacción que permitió al texto salir adelante en el Pleno, con los votos particulares de 5 de sus miembros. Sin embargo, fuentes consultadas aseguran que «eso de andar cambiando redacciones por los pasillos no procede» y que, de acuerdo con la ley, la ponencia tenía que haber sido devuelta, redactada formalmente de nuevo y votada, como establece el artículo 105 de la Ley Orgánica 3/1980 del Consejo de Estado.

Algunos miembros de este órgano consultados esgrimen además que no corresponde al Consejo de Estado redactar un texto legal, «modificando así el objeto de la consulta realizada por el órgano consultante». Sin embargo, otras fuentes aseguran que se realizó el «procedimiento habitual, previsto en el reglamento» y que, en realidad, el punto 4 es una «sugerencia» con la que el órgano consultivo trató de dar «la mejor forma jurídica» al texto remitido inicialmente por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Por otra parte, subrayan que el trabajo realizado por el Consejo de Estado se ha condensado en un dictamen «preceptivo, pero no vinculante» y que, en todo caso, salió aprobado «por una abrumadora mayoría». Contra esa mayoría manifestaron su voto particular Miguel Herrero de Miñón, al que se sumaron los consejeros José María Michavila, Juan Carlos Aparicio y Pedro María Sanz Alonso, además del almirante y actual Jefe del Estado Mayor de la Defensa, Teodoro Esteban López Calderón. Este último presentó su voto particular en solitario.

Posible nulidad

Fuentes jurídicas mucho más críticas con la labor del órgano consultivo insisten en que la tramitación del dictamen está plagada de irregularidades que pudieran, incluso, provocar la nulidad de pleno derecho del dictamen, de acuerdo con el artículo 47 de la Ley 39/2015 de la Ley de Procedimiento Común de las Administraciones Públicas, en su punto e.

El Gobierno, por su parte, parece tener prisa por arrancar la tramitación parlamentaria del texto que parió Bolaños y «modificó» el Consejo de Estado y el pasado martes, 21 de abril, la Junta de Portavoces acordaba que la reforma legal para el blindaje del aborto en la Constitución inicie su recorrido con una votación ante el Pleno del Congreso.

La votación se celebrará el jueves 29 de abril, dos días antes del pistoletazo de salida oficial de la campaña electoral en Andalucía. Un debate en el que se votarán las enmiendas a la totalidad presentadas al texto inicial. Será solo el principio de su recorrido en las Cortes Generales.