La mayor contratista de mascarillas de Sanidad ocultó sus cuentas tras el pelotazo de 263 millones

Se llama FCS Select Products S.L. y es la empresa que más ha facturado al Gobierno de Pedro Sánchez en contratos de suministro de mascarillas y otro material durante la pandemia. Sólo en 2020, el Ministerio de Sanidad firmó hasta cuatro contratos por valor de 263 millones de euros. La firma, con sede en Cataluña, pasó de facturar apenas un millón de euros a multiplicar por 200 sus ingresos. Ahora está siendo investigada por la Fiscalía Anticorrupción. Un detalle que hace sospechar a los investigadores: desde que pegó el ‘pelotazo’ de las mascarillas, no ha vuelto a presentar sus cuentas ante el Registro Mercantil, y ha sido sancionada por ello.

De vender bebidas alcohólicas premium en el mercado asiático y facturar apenas un millón de euros a venderle cientos de millones de mascarillas al Gobierno de Pedro Sánchez por más de 263 millones de euros. Otro supuesto ‘caso de éxito’ empresarial durante la pandemia, que ha dejado enormes beneficios a una empresa que nunca se había dedicado a la importación de material sanitario.

Para conocer el alcance de esta operación, la mayor compra de mascarillas firmada por el Gobierno de Sánchez, hay que remontarse a finales de marzo de 2020. El Ministerio de Sanidad decidió cambiar el criterio que había mantenido hasta ese momento sobre las mascarillas -«no son necesarias»- e impuso el uso obligatorio. Primero en interiores y más tarde en exteriores.

En aquellos días, el Gobierno de Sánchez firmó de urgencia contratos millonarios con empresas que se ofrecían a traer la mayor cantidad de mascarillas a España. Y ahí apareció FCS Select Products S.L., una firma catalana dirigida por dos empresarios, Mayra Dagá y Felipe Recio. Los únicos empleados de la empresa. Dagá había sido condenada por estafa en 2015.

Sin cuentas desde 2020

El pelotazo de los 263 millones de euros en mascarillas disparó los ingresos de la compañía en ese 2020 y, desde entonces, no hay constancia ninguna de que haya mantenido su actividad empresarial. Según ha podido constatar OKDIARIO en una consulta al Registro Mercantil, la firma no ha presentado sus cuentas, como le obliga la ley, desde que cerró aquel negocio multimillonario. Ni las correspondientes a 2020 ni las de 2021. La última de las cuentas presentadas, de 2019, reflejan unas ventas totales de 1.141.726 euros, con un resultado neto de 65.350 euros.

De hecho, esta situación ha provocado que la compañía haya sido sancionada. Así lo alertan los informes de riesgo comercial que pesan sobre la empresa, que advierten que ha sido «objeto de un cierre de hoja registral, según el artículo 378.1 del reglamento del Registro Mercantil, debido al incumplimiento de la obligación de depositar sus cuentas».

En la práctica, esta sanción le impide cualquier tipo de anotación o actualización ante el Registro y puede llevar aparejada una multa de hasta 300.000 euros (para empresa que facturen más de 6 millones de euros, como es el caso de FCS Select). Además, en esa situación no podría contratar con la administración pública, la misma que le ha reportado a los propietarios el negocio de sus vidas.

Investigada

El nombre de FCS Select se encuentra en la lista de las siete empresas que investiga actualmente la Fiscalía Anticorrupción, que abrió diligencias el pasado 22 de abril tras detectar presuntas irregularidades en al menos 13 contratos firmados por esas empresas. Cuatro de ellos corresponden a FCS Select. El fiscal Alejandro Luzón, responsable de la investigación, advierte que algunas de estas firmas podrían guardar algún tipo de relación personal con miembros del Gobierno, extremo que aún está bajo investigación.

La firma figura también entre las empresas señaladas por Vox en la querella presentada en 2020 por irregularidades en la contratación de material sanitario. En esa causa están imputados tres altos cargos del Gobierno de Sánchez. Se trata del director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, Alfonso María Jiménez, la directora de Racionalización y Centralización de la Contratación, Paloma Rosado, y la directora general de Cartera Común del Servicio del Sistema de Salud y Farmacia, Patricia Lacruz, acusados de prevaricación, malversación de fondos y caudales públicos y fraude por la adjudicación de contratos.

Estos delitos están castigados con penas que podrían sumar hasta 14 años de prisión y la inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante 15 años.