Mas deberá pagar 1,2 millones en impuestos por la donación de 2,2 millones que recibió de la ANC

Un día antes de vencer el plazo, el Tribunal de Cuentas (TC) ha admitido la ampliación que habían solicitado por los abogados de Artur Mas para abonar los 5,25 millones de fianza impuestos al expresidente de la Generalitat de Cataluña como responsable del referéndum ilegal del 9-N de 2014. El TC concede 15 días más al ex ‘president’ que además deberá pagar cerca de un millón y medio de impuestos por los 2,2 millones recibidos de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) para pagar parte de la fianza.

Mas había pedido 15 días de prórroga, y según informa el órgano fiscalizador de las cuentas públicas, «se admite esa petición «. Según informa,»estos son hábiles y cuentan a partir de que reciban el documento con la respuesta emitida por el Tribunal».

La notificación, indican, se le hace llegar a su procurador y desde ese momento comienza a correr el plazo para que el ex president pague el resto de la fianza: más de 3 millones de euros puesto que el pasado día 16 entregó 2,2 millones. Si no lo hace, será embargado en sus cuentas y bienes.

El TC investiga la donación de la ANC

La Unidad de Actuaciones Previas del Tribunal recibió el martes 17  la acreditación del ingreso de 2,2 millones de la fianza de Mas, y también  esa solicitud para que se ampliara el plazo. Una cantidad recaudada tras el llamamiento de los presidentes de la ANC, Jordi Sànchez, y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ambos en prisión por delito de sedición.

El dinero procedería de la ‘caja de resistencia’, constituida  por esta organización que respalda el golpe de Estado «para sufragar las multas de los condenados en el procés».

La ANC es una entidad sin ánimo de lucro pero que no está reconocida como de utilidad pública y, por tanto, las aportaciones privadas no desgravan en el IRPF. Por tanto, Mas deberá pasar por caja en la Agencia Tributaria Catalana, (el impuesto de sucesiones y donaciones está transferido a las Autonomías).

Expertos fiscalistas explican a OKDIARIO que se trata de un impuesto de carácter progresivo, es decir, el tipo impositivo aplicable varía según la cuantía de la base liquidable. Esta varía según escalas, como podemos ver en este documento de la Agencia Tributaria de Cataluña, que aquí reproducimos.

En el caso de los 2,2 millones recibidos de la ANC (y que el Tribunal de Cuentas investiga por si pudiesen proceder de subvenciones de la Generalitat) Mas debe pagar los impuestos correspondientes. Fuentes del Tribunal de Cuentas confirman que «se trata, sin lugar a dudas, de una donación, es una entrega de dinero a título gratuito y como tal está sujeto a tributación».

Cerca de un millón y medio en impuestos

Un tipo impositivo que llega al máximo de un 32% cuando la base liquidable supera los 800.000 euros. Y esa donación la supera. Estaríamos en 1,2 millones en impuestos. Pero a las donaciones se le aplica además el denominado «coeficiente multiplicador», por si existe parentesco.

Como no es el caso, y no se puede aplicar ninguna reducción por razón de parentesco (el llamado Grupo IV, según la Ley 2/2014 de medidas fiscales),  se le impondría un coeficiente multiplicador del 2,00 tal y como recogen las tablas reseñadas. La única opción de rebajar esos pagos sería demostrar que el origen del dinero dado por la ANC a Mas procede de «innumerables donativos por debajo de 50.000 euros». En ese caso, el tipo impositivo sería menor (un 7% al que se aplicaría el mismo coeficiente).

De una forma u otra, el líder del PdCAT y condenado a dos años de inhabilitación por el TSJC deberá proseguir su búsqueda de fondos para hacer frente a sus obligaciones tributarias. Algo que ya intentó recurriendo a varios bancos, con resultado infructuoso: tanto Caixabank como Banco Sabadell o Mutua Madrileña se negaron a prestarle  el respaldo financiero que necesita para afrontar la fianza impuesta. También intentó la vía del aval, y con el mismo resultado.

Artur Mas no es el único que deberá pasar por caja con motivo de ese referéndum ilegal, el que precedió al del pasado 1-O. Junto a él, la mayor fianza es la impuesta a la exconseller de Educación Irene Rigau por la adquisición de ordenadores portátiles (3.044.399,09 euros), el exconseller de Presidencia, Francesc Homs (2.127.580,09 euros) y la exvicepresidenta de la Gneralitat, Joana Ortega (839.439,75 euros).