España
Violencia de género

La siniestra racanería de Marlaska con las mujeres maltratadas: un solo policía por cada 52 denunciantes

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La Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, compareció este jueves para criticar a policías y jueces sobre su trabajo en relación a las víctimas de violencia de género que sufren malos tratos. Lo hacía tras la comparecencia pública del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para pedir calma ante el repunte de mujeres muertas a manos de sus parejas durante este mes de diciembre. Lo que ninguno de los dos dijo es que sólo hay un policía o un guardia civil destinado por cada 52 mujeres que denuncian al año. Un agente, por tanto, para ayudarla, hacer un seguimiento y ofrecer protección policial si fuera necesaria.

En el año 2021 se presentaron 162.790 denuncias por malos tratos que hubo que investigar una a una por los 1.740 policías de la Unidades de Atención a la Familia (UFAM) y 1.365 guardias civiles destinados a los mismos trabajos en el equipo Mujer-Menor (EMUME). En total, 3.105 agentes especializados. Esto supuso una media de un policía por cada 52 víctimas. De momento, los datos de 2022 no han mejorado la estadística de 2021 ya que hasta el 30 de septiembre se habían presentado 136.717 denuncias y si las previsiones se cumplen.

Para Serafín Giraldo, policía y portavoz de la página H50, especializada en información de Interior, «no fallan los protocolos ni los policías ni los guardias civiles, ya que su trabajo es de ayuda, protección y salvaguarda, lo que fallan son las políticas al respecto que van de fracaso en fracaso como demuestra que este año vaya de nuevo a haber entre 40 y 60 mujeres muertas y lo mismo va a ocurrir desgraciadamente en 2023».

Desde el sindicato Jupol, mayoritario en la Policía Nacional, denuncian la escasez de medios y efectivos en la unidades UFAM, surgidas en el año 2015 y especializadas en prestar un servicio policial a las víctimas de malos tratos.

El secretario general de Jupol, Aarón Rivero, pone en valor el gran trabajo que vienen realizando estas unidades y asegura que «trabajan día a día al doscientos por cien para dar un trato impecable a las víctimas, solucionar sus problemas y dotarlas de la mejor protección posible». Pero también aclaran que «actualmente en muchas provincias la ratio de víctimas por agente de policía supera el centenar», una situación que para este sindicato supone una carga de trabajo excesiva.

Por este motivo, Rivero solicita al Ministerio del Interior y a la Dirección General de la Policía, que «no abandone a las UFAM y ponga a su disposición todos los medios materiales y humanos necesarios para poder luchar de la mejor forma contra la violencia hacia las mujeres» y concluye que “un agente por cada cien víctimas no es suficiente”.

Por su parte, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) «invita a Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, la cual ante el repunte de víctimas en el mes de diciembre y sin reconocer que sus políticas son un fracaso, echa la culpa a policías y jueces, para que visite la UFAM de cualquier comisaría española y vea cómo, dónde y de qué forma tienen que desarrollar su labor diaria». La mayoría de denuncias por malos tratos se atienden en comisarías de policía directamente.

Las UFAM están «mal dimensionadas y desbordas, la Policía tiene sus límites operativos, el Gobierno y las CCAA prefieren invertir millonadas en campañas publicitarias en lugar de invertir en plantilla policial, formación de agentes, vehículos e instalaciones para estas unidades.También se requieren más casas de acogida, más ayuda psicológica y más formación. Invertir en más medios es tan urgente como necesario, pero indudablemente eso cara la opinión pública no vende, es dinero invertido que no se ve, y es mejor invertir en medidas populistas y echar la culpa a otros de una problemática gravísima», añaden desde el SUP.

Desde la asociación Una Policía del Siglo XXI se preguntan en sus redes sociales: «¿Pero qué protección? ¿En qué mundo vive? Si tocan a 30 mujeres a proteger por policía (contando con Mossos d’Esquadra y Ertzainas), y lo único que se hace es darles un número de teléfono. El dinero va todo a proteger discursos políticos. Cuando esté Gobierno pase, una fiscalía independiente debe investigar lo que está pasando».

Su presidente, Samuel Vázquez, explica que «toda la estrategia es errada porque no nace de una perspectiva profesional, sino política. En Madrid hay distritos donde un policía protege a 60 ó 70 víctimas. Las unidades UFAM trabajan en horarios de oficina. No hay dinero para un servicio integral 24 horas 7 días a la semana, no hay dinero para más personal y medios como las pulseras pero luego en ese distrito sí hay dinero para cambiar semáforos machistas por inclusivos, hacer pasquines con lenguaje feminista o pintar de morado los bancos».

«Viven en una realidad paralela luchando contra fantasmas. Gastan el presupuesto en protege discursos políticos y estructuras de poder pero no víctimas. Una víctima, una vez que sale de comisaría está abandonada a su suerte» y añade que «si no nos permiten analizar todas las causas desde un perspectiva profesional de ciencia policial y criminológica, nunca encontraremos respuestas. Han tensionado a la sociedad con señalamientos e insultos a quienes osen cuestionar sus estrategias y por lo tanto la han dividido en un problema que hasta su llegada, era de Estado y donde con mejor o peor acierto, se intentaba ir todos a una».