Marlaska evita reactivar el Pacto Antiyihadista que no ha firmado ningún socio de Sánchez
En febrero de 2015, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez firmaron en La Moncloa el Pacto contra el terrorismo yihadista
Marlaska convocó este viernes una reunión informal con los partidos que no sustituye al Pacto Antiyihadista
En febrero de 2015, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez firmaron en La Moncloa el Pacto contra el terrorismo yihadista, tras varias semanas de negociaciones. El acuerdo fue celebrado por ambas fuerzas políticas, pero suscitó el rechazó de muchas otras, que precisamente hoy son aliadas de Sánchez en el Gobierno y socios imprescindibles para su investidura. Ni Podemos, ni ERC, ni Bildu, ni el PNV, por ejemplo, apoyaron el pacto, que censuraron con duras críticas. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reunido este viernes a las fuerzas políticas para informarles de la situación tras el ataque de Hamás a Israel y el actual nivel de alerta antiterrorista. Pero esa reunión, informal, no sustituye el Pacto Antiyihadista, que el Gobierno no ha convocado en toda la legislatura.
El pacto de Estado se plasma en un documento titulado Acuerdo para afianzar la unidad en defensa de las libertades y en la lucha contra el terrorismo, que ya comienza con una advertencia clara: «El terrorismo es el peor enemigo de la democracia y de las libertades».
A continuación, destaca que «ningún país puede permanecer ajeno» a la «grave y real amenaza del terrorismo yihadista» – el principal desafío de nuestros días-, «sean cuales seas sus manifestaciones o sus formas de actuación, incluyendo los actores solitarios y los combatientes terroristas retornados».
«Pese a las nuevas o diferentes fórmulas que adopta la amenaza terrorista, los demócratas sabemos cuáles son los mejores instrumentos para combatir la violencia irracional e injustificada del terror: la acción de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, la actuación de Jueces y Tribunales y la cooperación internacional. En definitiva, la respuesta de todas las instituciones, empezando por los Gobiernos y los Parlamentos», prosigue.
El pacto tipificó por primera vez como delitos el adoctrinamiento a través de Internet, y también incluyó la prisión permanente revisable para los terroristas, sin duda el punto más controvertido. Además, se recogía la necesidad de asegurar los recursos humanos y materiales necesarios para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
En los últimos años, otras formaciones se han ido adhiriendo al pacto, como Ciudadanos, UPN, PAR, Coalición Canaria o UPyD. Sin embargo, otras, como Podemos, han seguido mostrando sus críticas. Los partidos que no han firmado este acuerdo pueden acudir a las reuniones, pero en calidad de «observadores».
Ni siquiera los atentados de Barcelona y Cambrils, que dejaron 16 muertos y más de 140 heridos, hicieron cambiar de opinión a los partidos críticos. En 2017, tras este ataque, el entonces ministro del Interior Juan Ignacio Zoido reunió el pacto y emplazó a estas formaciones a unirse como firmantes. «Para reforzar este mensaje sería positivo que pudieran suscribir este pacto todos aquellos partidos políticos que todavía no lo han hecho porque representaría el rechazo unánime de todos frente al terrorismo», enfatizó Zoido, sin éxito.
Desde Podemos se reiteró el rechazo y se reclamó «la pluralidad y la posibilidad de disentir y defender el derecho a la discrepancia». La formación morada ha recelado siempre de este acuerdo especialmente por la prisión permanente para los terroristas, que no considera «eficaz».
«De alguna manera supone renunciar a elementos garantistas del derecho penal español, como si eso fuera a servir para que un desalmado no se coloque un cinturón de explosivos», afirmó Iglesias en su día.
Marlaska no lo convoca
En cualquier caso, el Gobierno de Pedro Sánchez nunca ha convocado este pacto. En su lugar, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, organizó este viernes una reunión informal con representantes de los grupos políticos para analizar la situación de alerta en Europa generada por la tensión en Oriente Próximo tras el ataque de Hamás a Israel. A la reunión acudieron todas las formaciones, a excepción de ERC. Su portavoz, Gabriel Rufián, excusó motivos de agenda.
El Ejecutivo no ha reunido el pacto pese a que, durante su mandato, se han producido atentados de corte yihadista, como el de Algeciras, a comienzos de año. Desde el PP se lamentó entonces que Sánchez ni siquiera hubiese contactado con Alberto Núñez Feijóo y se reclamó la convocatoria de la comisión de seguimiento. «Es el momento de hacerlo, no se ha producido en toda la legislatura», aseveró la secretaria general de los populares, Cuca Gamarra.
Este viernes, Feijóo lamentó también la falta de información en una situación de máxima alerta en toda Europa. «Nosotros creímos desde hace algunos días que se debía de haber convocado el Pacto Antiterrorista, no lo explicitamos porque esperábamos a que el Gobierno reaccionase», explicó el líder del PP.
Interior ha rechazado elevar el nivel de alerta antiterrorista – que se mantiene en el 4-, limitándose a reforzarlo con «medidas complementarias» en las embajadas o una vigilancia especial en eventos religiosos y otros actos.
Reunión
Tras la reunión celebrada este viernes, Marlaska ha destacado el «ambiente cordial y constructivo» con todos los grupos parlamentarios, y ha alertado de lo que denomina «desinformación». Asimismo, ha advertido que el excesivo alarmismo genera desconfianza en las instituciones y los «valores democráticos».
Desde el PP señalan que «el actual contexto requiere de una política de Estado y como tal debemos abordarlo» y recuerdan que «el Pacto de Estado contra el Terrorismo Antiyihadista está plenamente vigente».
Gamarra ha reclamado en el encuentro que convoque ya la Comisión de Seguimiento del Pacto Antiyihadista «como instrumento para continuar abordando la situación en que nos encontramos, tras la decisión de reforzar con medidas complementarias el nivel 4 -sobre 5- de alerta antiterrorista».
Además, ha reclamado también que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuenten con todos los medios materiales y humanos que precisen, tras las quejas del sindicato Jupol por la falta de chalecos antibalas.
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