El magistrado del Constitucional señalado por Puigdemont no se apartará del debate sobre la amnistía

Carles Puigdemont ha pedido recusar al magistrado del Tribunal Constitucional José María Macías en los asuntos del procés y la Ley de Amnistía. Sin embargo, fuentes jurídicas confirman que no pedirá la abstención para apartarse voluntariamente. «Se debatirá en el pleno como corresponde», señalan las mencionadas voces. La defensa del ex presidente de la Generalitat considera que este nuevo magistrado «no será imparcial, ya que, a lo largo de estos años, se ha manifestado en contra de los intereses de Puigdemont». Si bien el magistrado Juan Carlos Campo pidió abstenerse en las cuestiones de la amnistía tras haber dicho en sede parlamentaria que era inconstitucional, Macías no seguirá sus pasos.

La cascada de recursos contra la Ley de Amnistía ya ha llegado al Tribunal Constitucional. El primero de ellos fue la cuestión de inconstitucionalidad presentada por el Tribunal Supremo, que será estudiada en las próximas semanas y marcará el camino al resto de resoluciones. La Sala del Alto Tribunal considera que el artículo 1 de la Ley de Amnistía vulnera el «derecho a la igualdad y los principios de seguridad jurídica, proscripción de la arbitrariedad y exclusividad jurisdiccional». También el Tribunal Superior de Justicia ha presentado tres cuestiones de inconstitucionalidad.

Se han presentado también 16 recursos de inconstitucionalidad; uno del PP y el resto de gobiernos autonómicos, entre los que se encuentra el Ejecutivo castellano-manchego que dirige Emiliano García-Page. La admisión a trámite de los recursos de las comunidades autónomas ha quedado suspendida hasta que los letrados de la Corte de Garantías redacten un informe sobre el asunto.

Previamente a la sentencia, que tardará varios meses en llegar, los magistrados tendrá que decidir sobre las recusaciones y abstenciones planteadas. La última ha sido pedida por el abogado de Cales Puigdemont, Gonzalo Boye, que asegura que «un análisis de los pronunciamientos realizados hasta la fecha» por el magistrado Macías lleva a concluir que existen «datos bastantes para entender que no será imparcial ni en estos asuntos ni en los que en el futuro se generen respecto de la aplicabilidad de la amnistía». Insiste, además, en que la «imparcialidad judicial es una exigencia obligada» recogida en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y en la Constitución.

Boye también expone en su recurso que José María Macías es amigo del juez instructor del procés, Pablo Llarena. «Sí es causa bastante para que sea apartado de estos procedimientos, toda vez que los mismos se fundamentan en las vulneraciones de derechos fundamentales que esta parte atribuye, entre otros, directamente a su amigo», expone el abogado de Carles Puigdemont.

Apartados del debate

Las peticiones de recusación como la de Carles Puigdemont tienen una finalidad única: conseguir que los magistrados se aparten de las decisiones del Tribunal Constitucional. Los miembros de la Corte de Garantías también pueden apartarse de forma voluntaria solicitando la abstención. Éste es el caso del ex ministro de Justicia del PSOE Juan Carlos Campo, que pidió apartarse de todos los asuntos relacionados con la Ley de Amnistía tras haber concedido los indultos a los líderes del procés en su etapa como ministro de Justicia durante los años 2020 y 2021.

El Pleno aceptó por unanimidad la petición de Campo en el caso de la cuestión de inconstitucionalidad del Tribunal Supremo, que, a día de hoy, es la única que se ha admitido a trámite. La ponencia para aceptar la abstención de Juan Carlos Campo ha corrido a cargo del magistrado Ricardo Enríquez. El auto sostiene que el ex ministro efectuó «una valoración expresa y genérica sobre la inviabilidad constitucional de la Ley de Amnistía, entonces reclamada en favor de las personas condenadas» por el Tribunal Supremo. Tales personas, añade el tribunal, podían «verse afectadas por las previsiones de la amnistía». Dichos argumentos también los expuso el propio magistrado en su solicitud de inhibición. 

El Partido Popular, por su parte, también ha pedido apartar de las resoluciones a tres magistrados a los que considera «contaminados» por su trayectoria profesional previa cercana al Ejecutivo de Pedro Sánchez. El partido que dirige Alberto Núñez Feijóo ha pedido la recusación del presidente Cándido Conde-Pumpido, Juan Carlos Campo y Laura Díez.

Fuentes consultadas señalan que estas peticiones también se estudiaran durante el pleno y mantienen que no tienen muchos visos de prosperar. «Con la última doctrina del Tribunal Constitucional es prácticamente imposible. Además, se pueden agarrar a la última sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, aunque sea un caso distinto, pero todo vale», zanjan las mencionadas voces.