El juez de Púnica investiga el pago de 700.000 euros de ICM al PP de González tras declarar Granados

El juez de Púnica, Manuel García Castellón, investiga ya toda la trama de financiación al PP a través de las facturas falsas y contratos de Swat e ICM. Lo hace tras la declaración de Francisco Granados que acaba de implicar a Ignacio González y Cristina Cifuentes en las visitas a la agencia de publicidad Swat para tratar los envíos de fondos con destino al PP. Y lo hace sabiendo que se trata de la misma red empresarial de facturas falsas que se encuentra señalada por la Guardia Civil en el ‘caso Lezo’, asumiendo el juez la conexión entre los dos casos. Una petición de fondos de Ignacio González a ICM ha llamado especialmente la atención: pidió un millón y recibió casi 700.000 euros para el partido.

La imputación por parte del juez de Púnica de responsables de ICM y de los administradores de la agencia de publicidad Swat acaba de generar una punta de conexión entre el caso Lezo y Púnica. La Guardia Civil cree que ambos casos guardan relación en la financiación irregular del Partido Popular de Madrid entre los años 2007 y 2013. Un periodo en el que las declaraciones recién lanzadas por Francisco Granados en sede judicial implican a Ignacio González y Cristina Cifuentes.

Uno de los informes de la UCO presentados en el caso Lezo apuntaba lo siguiente: «Lo aquí investigado no se trata de un hecho aislado, sino que se viene produciendo desde las elecciones que tuvieron lugar en el año 2007, siendo este un punto más de esta continuidad». El punto en concreto al que hace alusión este informe es la petición de un millón de euros que Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid y supuesto cabecilla de la trama Lezo, solicitó a la Agencia de Informática y Comunicaciones de la región (ICM), cuyo consejero delegado era José Martínez Nicolás.

La solicitud del millón era «para sanear las cuentas» del PP madrileño y se efectuó en una reunión el 7 de junio de 2012. Los fondos llegaron, por medio de empresas vinculadas de forma directa o indirecta con proveedores del PP y ascendieron a 687.497,58 euros, según las investigaciones de la Guardia Civil.

El informe de la UCO en la investigación de Púnica redunda en este punto: que el PP de Madrid manejó una contabilidad B de gastos electorales para superar los límites de gasto. Y es en ese punto donde, precisamente, las anotaciones del ex gerente, Beltrán Gutiérrez, citan como un nuevo origen, directo o indirecto, de fondos a la agencia ICM, que, casualmente, empezó a partir de 2008 a depender de la Vicepresidencia y Portavocía del Gobierno regional dependiente de Ignacio González.

La relación entre Púnica y Lezo

La conexión entre Púnica y Lezo se repite, de este modo, en el «entramado empresarial que servía a la puesta en práctica y enmascaramiento de servicios de campaña», tal y como describen la trama los investigadores judiciales que analizan el periodo 2007 y 2013. Los investigadores incluyen en esta entramado a Swat, además de a la multinacional Indra principalmente a través de ICM. Los investigadores consideran que las relaciones con Indra fueron utilizadas, a través de contratos inflados, para pagar deudas del PP de Madrid en la campaña electoral de 2011.

Y, de nuevo, esta misma semana se ha conocido la decisión del juez de Púnica de imputar a los que fueran administradores de Swat, una agencia de publicidad a la que la Guardia Civil le concede el papel de designar con quién se hacían facturas falsas para liberar fondos que acababan en el PP madrileño.

Asi, el juez ha comunicado ya la citación como imputados en Púnica de dos de los que han sido los principales cargos de la agencia de publicidad Swat. La imputación sucedía, además, justo después de que Francisco Granados afirmara en sede judicial que Ignacio González, Cristina Cifuentes y Ana Isabel Mariño mantuvieron contactos con la empresa para facilitar fondos con destino la financiación B del Partido Popular en Madrid.

La diligencia del juez de Púnica -adelantada por OKDIARIO- señala en un párrafo que se «emplaza a Jaime Ignacio González González [el ex presidente de la Comunidad de Madrid], Juan Miguel Madoz Echevarría[administrador único de Swat SL], José Miguel Alonso Gómez [ex administrador único de Swat SL]» y otras cuatro personas: el hijo del ex consejero delegado de ICM José Martínez Nicolás, José Ángel Martínez Ferreiro; Ana María Paloma Ferreiro Rubira; la administradora de la empresa inmobiliaria Dos Tres S.L., María de los Ángeles Monje Gutiérrez; y el apoderado de la empresa Construcciones Arranz Acinas S.A. y consejero de Dos Tres S.L., Jesús Arranz Monje.

Es más, en su declaración tras ser arrestado por la operación Púnica, Martínez Nicolás afirmó que en 2014 solicitó 120.000 euros a Indra, a petición de Salvador Victoria, entonces consejero de Presidencia, cuyo destino debía ser pagar a empresarios que ayudaban, entre ellos a Alejandro de Pedro, experto en reputación digital y relacionado por la Guardia Civil con Púnica.

El movimiento de dinero entre Indra e ICM fue de 16,16 millones de euros en 2011; 13,24 millones en 2012 y de 15,07 millones en 2013. Un dinero, que, por otra parte, se movía por medio de contrataciones con empresas ligadas, entre otros, a Juan Miguel Madoz Echeverría, casualmente el que acaba de ser imputado en Púnica tras la declaración de Granados. Para Madoz Echeverría eran 90.000 euros de los que Martínez Nicolas pidió a Indra, según los agentes.

Varios imputados en la trama

El juez de Púnica, Manuel García Castellón, ha incorporado, de este modo, la trama empresarial de Lezo a la investigación en Púnica. Y con profundas consecuencias. Porque uno de los imputados es Jesús Arranz Monje, hijo del empresario burgalés Jesús Arranz Acinas, propietario de la empresa Construcciones Arranz, y sobre el que en el sumario se desatraque es propietario de una cuenta en Panamá en la que se ingresaron 545.980,66 euros procedentes de las cuentas en Liechtenstein del antiguo responsable de ICM, José Martínez Nicolás.

Otra de las imputadas, Ángeles Monje Gutiérrez, es la esposa del constructor Jesús Arranz Acinas y según los investigadores, recibió en una cuenta a su nombre en Suiza más de medio millón de euros procedente de una cuenta en Liechtenstein de José Martínez Nicolás (ICM).

Todo ello sin olvidar que tal y como recoge el sumario del caso Lezo, el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, habría desviado de la Agencia de Informática y Comunicación (ICM), dependiente de la administración regional, un millón de euros para sanear las cuentas del PP de Madrid, afirmación que se sostiene en el hecho de que la declaración de un exsubdirector general de ICM afirmó ante la Fiscalía Anticorrupción que González solicitó ese dinero directamente a José Martínez Nicolás.