Lambán envía cartas a sus alcaldes para imponerles la dictadura del catalán

El Gobierno de Aragón, que preside el socialista Javier Lambán, ha enviado una remesa de cartas a los alcaldes en la que les informa de su plan de imposición del catalán. El Ejecutivo aragonés da un plazo de quince días para presentar alegaciones, un plazo que, en muchos casos, ha resultado insuficiente.

En la misiva, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, se informa a los regidores de que su municipio ha sido declarado «zona de utilización histórica predominante de las modalidades lingüísticas propias de Aragón». Esto es, según el gobierno de Lambán, no solo el aragonés, sino también el catalán.

Así, en la carta se recuerda a los alcaldes que el Estatuto de Autonomía de Aragón «atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno», además de la potestad en materia de Lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón.

Igualmente, se avisa de que por Orden de la Consejería de Educación, de julio de 2017, «se ordenó el inicio de procedimiento para la elaboración de los decretos del Gobierno de Aragón por los que se determinan las zonas y municipios de utilización histórica predominante del aragonés y del catalán de Aragón».

A continuación, se remite a la normativa al respecto de la oficialidad del catalán, aunque de manera manipulada según sus intereses.

Así, por ejemplo, la carta se remite al acuerdo del Pleno de las Cortes, de 1997, en el que se dice que «el catalán es una de las lenguas propias de las zonas limítrofes con Cataluña»y «se habla en un 11,6 por ciento del territorio de Aragón».

Además, hace referencia al anteproyecto de Ley de Lenguas de Aragón, de 2001, «por el que se establecían los municipios que pueden ser declarados zonas de utilización predominante de su respectiva lengua o modalidad lingüística propia o zonas de utilización predominante del aragonés y del catalán».  Esa ley establece que el castellano es la lengua oficial en toda la comunidad, mientras que el aragonés y el catalán lo serán «en los respectivos territorios predominantes, junto con el castellano», algo que se omite en la carta enviada.

Además, municipios que, según ese informe, utilizan de forma mayoritaria el aragonés o el catalán -como Huesca, Jaca o Barbastro- son en su práctica totalidad castellanoparlantes. El gobierno aragonés no reconoce dialectos plenamente implantados en esas zonas, como el patués (utilizado en el Valle de Benasque) o el chapurriau, que en ningún caso se mencionan.

Oculta la ley vigente

Aunque sin duda lo más sorprendente es que se esconda la Ley de Lenguas de 2013, aprobada bajo la presidencia de Luisa Fernanda Rudi y actualmente vigente.  Esa ley solo se refiere al aragonés como lengua propia, en ningún caso al catalán. 

Varios regidores han denunciado que algunas de esas cartas fueron enviadas en plena Semana Santa, con el Ayuntamiento cerrado, lo que consideran una maniobra «premeditada» para evitar las alegaciones. En otros casos, los consistorios, mal comunicados, no recibieron la entrega con tiempo suficiente para expresar su rechazo.

El Gobierno de Aragón ha acelerado en las últimas semanas su plan de imposición lingüística, ultimando la puesta en marcha de la Academia Aragonesa de la Lengua, la institución pública que dará cobertura al Instituto aragonés del catalán y asesorará a la instituciones sobre su uso.

El objetivo de ese organismo es la promoción y desarrollo del aragonés y del catalán, estimulando su uso, enseñanza y difusión, según los estatutos recientemente aprobados. Además, se precisa que el Instituto aragonés del catalán colaborará con las además instituciones académicas de la lengua catalana, lo que abre la posibilidad de establecer convenios con la Generalitat de Cataluña.

Se da la circunstancia de que el director general de Política Lingüística del Gobierno de Aragón, José Ignacio López Susín, ha reconocido en varias ocasiones que no tiene el aragonés como lengua materna y que no sabe catalán.

Susín participó como jurista en 1998 en la elaboración del anteproyecto de Ley de Lenguas de Aragón en el que se declaraban aragonesoparlantes ciudades 100% castellanohablantes como Huesca, Barbastro o Monzón,
entre otras.

El Gobierno aragonés no ha ocultado además el rechazo que le provocan los dialectos que sienten como propios las zonas que intentan ‘catalanizar’. En el escrito a las alegaciones presentadas contra el mencionado Instituto del Catalán, en las que se defendía la utilización del chapurriau, se desdeñó que éste término solo significaba «hablar una lengua con dificultad y cometiendo errores».