La Justicia tumba el intento de Iglesias de echar a 9 policías que protestaron ante su casoplón

Pablo Iglesias puso el grito en el cielo. Irene Montero desató su ira. Y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cumplió con las exigencias de la pareja podemita de cargar contra los 9 agentes que osaron protestar de paisano ante el casoplón de Galapagar. El expediente abierto contra ellos fue de tal magnitud que podía llegar a provocar fuertes castigos salariales y de promoción e, incluso, la salida del Cuerpo de Policía. La Justicia ahora ha decidido poner cordura en el asunto y frenar todas las actuaciones contra los agentes. Todo un varapalo para Marlaska. Y para la pareja gubernamental.

La protesta estuvo motivada por el incumplimiento del Gobierno socialcomunista de su compromiso de acometer de una vez una equiparación salarial real y efectiva entre los agentes nacionales y los autonómicos. Pero eso fue lo de menos para Iglesias y Montero: el mismo vicepresidente que animó hace meses a los agricultores a protestar por la caída de sus ingresos, ahora quería un castigo ejemplar para los agentes. Porque habían osado hacer la protesta ante su casa.

El Ministro del Interior entendió a la perfección las órdenes del vicepresidente amante en el pasado del “jarabe democrático”. Y decidió abrir un expediente por todo lo alto contra los agentes.

El sindicato Jupol, mayoritario en el Consejo de la Policía y la Asociación Profesional de la Guardia Civil Jucil, subrayó desde el primer momento su crítica e indignación por la decisión de la Dirección General de la Policía de abrir expediente a los citados agentes. Un agente de la Guardia Civil también se vio dentro del proceso sancionador.

Desde el sindicato confirman que la reivindicación realizada frente al domicilio del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, el pasado mes de marzo, se realizó por un motivo laboral y salarial: la petición de la equiparación prometida e incumplida de sus sueldos con los de las policías autonómicas. Es decir, que realmente, la protesta de los agentes se acogía, además, al derecho de movilización laboral para la reivindicación de cuestiones estrictamente profesionales. Un derecho laboral amparado por la Constitución.

El acto de protesta y reivindicación, de hecho, se llevó a cabo tras adoptar el Gobierno la decisión de vetar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada por Jusapol para lograr la equiparación salarial entre la Policía Nacional y la Guardia Civil con las policías autonómicas.

Pese a todo ello, la respuesta de Grande-Marlaska fue inmediata: desde la Dirección General de Policía, dependiente de su Ministerio, se dio orden de presentar un expediente disciplinario contra los agentes de la Policía y de la Guardia Civil por protestar, a título personal, frente al casoplón del vicepresidente del Gobierno. Hay que recordar que Pablo Iglesias en primera persona fue uno de los artífices del veto a la ILP.

El expediente, además, batió todos los récords de velocidad: se abrió en menos de 24 horas hábiles, cuando el tiempo medio habitual para este tipo de procedimiento ronda los 10-15 días hábiles.

Denuncia de los sindicatos policiales

Desde Jupol y Jucil, denunciaron ya en su momento que incluso la identificación de los agentes en el momento de la protesta fue irregular: “No se realizó con arreglo a la legalidad vigente. Y es que en la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, artículo 16.1, se señals que en el cumplimiento de sus funciones de indagación y prevención delictiva, así como para la sanción de infracciones penales y administrativas, los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán requerir la identificación de las personas en los siguientes supuestos: a) Cuando existan indicios de que han podido participar en la comisión de una infracción. B) Cuando, en atención a las circunstancias concurrentes, se considere razonablemente necesario que acrediten su identidad para prevenir la comisión de un delito”. Desde Jusapol señalan que ninguno de esos supuestos se puede aplicar a los agentes acusados en aquel momento.

Pese a ello, los miembros de Jusapol no se opusieron a la identificación y colaboraron presentando todos ellos sus documentos de identidad. Los agentes, pese a ello, realizaron una pregunta al sargento de la Guardia Civil encargado de la identificación: el motivo de esa actuación fuera de lugar. Y la respuesta fue igualmente singular: “Órdenes de la Superioridad”.

Jupol y Jucil solicitaron a la Dirección General de la Policía el archivo de los expedientes disciplinarios abiertos. Y ahora la Justicia les ha dado la razón: “Remítase testimonio del auto sobreseimiento recaído en el presente procedimiento, haciéndose constar que es firme al estar notificado y no ser recurrido por ninguna de las partes”.