Juristas que defienden el referéndum se querellan contra 8 magistrados del TC por prevaricación

La asociación de abogados que defienden el referéndum independentista ‘Drets’ presentó este lunes una querella contra ocho magistrados del Tribunal Constitucional por prevaricación.

El motivo que alegan es que estos profesionales desestimaron a finales de 2016 sendos recursos de inconstitucionalidad presentados por la Generalitat de Cataluña y el Gobierno vasco contra la reforma del TC que, a su juicio, atenta contra la legalidad española y dota de capacidad para suspender de sus funciones a autoridades públicas.

Som al @tribunalsupremo per presentar querella contra 8 magistrats del TC per prevaricació judicial. La reforma del TC no és constitucional. pic.twitter.com/Vkg6BO1vh2

— Drets (@DretsCat) 3 de abril de 2017

El presidente de esta asociación y abogado del ex portavoz de PDeCAT en el Congreso Francesc Homs, Sergi Blázquez, interpuso junto al abogado del colectivo Agustín Carles esta querella en el Supremo en la que señalan: al ex presidente del TC Francisco Pérez de los Cobos, al actual presidente, Juan José González Rivas, a la vicepresidenta, Encarna Roca, y a los magistrados Andrés Ollero, Santiago Martínez-Veres García, Pedro José González-Trevijano, Ricardo Enríquez Sancho y Antonio Narváez.

Blázquez señaló a los medios congregados en las puertas del Supremo que son dos resoluciones tomadas a «conciencia y a sabiendas» de que no se sigue lo establecido en el Código Penal y, por lo tanto, se comete un delito de prevaricación. Tanto Blázquez como Carles se presentaron como abogados «contra la catalanofobia», e informaron que no se dirigen contra los tres magistrados que emitieron votos particulares, Adela Asúa, Francisco Valdés Dal-Ré y Juan Antonio Xiol.

La querella de 57 páginas se ha presentado semanas después de que el Tribunal Supremo condene a Homs a un año y un mes de inhabilitación por desobedecer al Tribunal Constitucional por su participación en la organización de la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014, cuando era consejero de Presidencia de la Generalitat.

A este episodio se suma que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña inhabilitó al ex presidente de la Generalitat Artur Mas a dos años; a la ex vicepresidenta Joana Ortega a un año y nueve meses; y a la ex consejera Irene Rigau a un año y medio por los mismos hechos.

Los juristas explican en un comunicado que el TC permite que el Gobierno tome las «medidas adecuadas para hacer cumplir las sentencias». La asociación considera que la reforma de la Ley orgánica 15/2015 atenta contra la legalidad española porque en «circunstancias de especial trascendencia constitucional», como fue, a su entender la celebración de la consulta soberanista, el TC puede tomar las medidas que crea convenientes «ya sea de oficio o a petición del Gobierno español sin necesidad de escuchar a nadie».