Junts y PNV trasladaron a los afectados por la okupación su intención de tumbar la ley antidesahucio

• Alba Martín @alba_mrtn
• • 30/12/2025 05:45
  • Actualizado: 30/12/2025 09:47

Junts y el Partido Nacionalista Vasco (PNV) trasladaron en privado «toda su empatía» y apoyo a los propietarios afectados por la okupación. Según explican desde la plataforma, en reuniones previas a que se firmara el acuerdo de prórroga de la ley antidesahucios «hubo mucha sintonía» con las formaciones, que expresaron su «desacuerdo» total hacia el pacto entre EH Bildu y el Gobierno para extender de nuevo la prohibición de los desahucios.

Los dueños de las viviendas okupadas por familias presuntamente «vulnerables» explican que pese al respaldo recibido por los de Carles Puigdemont, «una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hagan» y aclaran que la intención es la de tumbar el decreto.

Sin embargo, recuerdan que la negociación con el Ejecutivo sobre su posicionamiento dependerá, de nuevo, de lo que Pedro Sánchez les «ofrezca a cambio» de apoyar su prórroga: «Siempre nos sacrifican porque hay otras prioridades», apuntan en referencia a Junts.

Sacar del ‘ómnibus’ los desahucios

En este sentido, señalan que el año pasado el Gobierno incluyó la ley antidesahucios en el decreto ómnibus en el que iban las pensiones, el transporte, las ayudas a la banca, las ayudas al transporte y a los afectados por la DANA: «Es una trampa. No queda más remedio que los partidos tengan que apoyar ese decreto junto a la suspensión de los desahucios, porque va en un pack», critican.

En conversación con este periódico, los propietarios que sufren de casos de okupación en sus viviendas confiesan que en sus reuniones con Junts y PNV han pedido a las formaciones que se saque esta medida del ómnibus «para que los partidos puedan votar libremente sin estar condicionados por otras medidas en un cajón desastre».

Sobre esta posibilidad, tanto el partido vasco como los catalanes trasladaron que la idea de que fuera en bloque «es del gobierno» y que «no podían hacer más que sugerírselo». El Partido Popular (PP), por su parte, también les ha mostrado todo su respaldo para derogar el decreto.

Por el contrario, la plataforma advierte que se han intentado reunir con Sumar en varias ocasiones y en ninguna les han atendido los de Yolanda Díaz. El PSOE, en cambio, ha accedido a hablar en distintas ocasiones a través del recién dimitido José Javier Izquierdo, quien se reunió por última vez con los propietarios afectados el pasado 1 de diciembre, diez días antes de abandonar sus cargos en el partido.

Precisamente, critican que el partido socialista sabiendo de primera mano que un 93% de los propietarios solo tiene una vivienda en alquiler sigan defendiendo la medida que era a priori provisional y extraordinaria como una lucha contra los grandes tenedores: «Nos han visto la cara, saben quiénes somos los que nos hemos reunido con ellos desde el año 2020. Que no digan que no lo saben. Otra cosa es que nos estén sacrificando para mantener su coalición de gobierno», zanjan.

Un escudo social para propietarios

Desde el PNV se ha defendido en los últimos días la idea de sacar adelante un doble escudo social para proteger también a los propietarios que no están siendo tenidos en cuenta a la hora de plantear estas medidas.

Sin ir más lejos, la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, apuntó que las medidas impulsadas hasta ahora en torno a la vivienda «sólo sirven para retraer la oferta del alquiler», debido a que muchos ciudadanos que sacan sus pisos al mercado ven ahora que tienen que hacerse cargo de situaciones de vulnerabilidad que les son ajenas.

Ante ese riesgo, el PNV esgrime que estos propietarios deciden no alquilar sus viviendas o dejan de hacerlo a familias que no tienen avales o no garantizan una solvencia económica a largo plazo: «Así las familias vulnerables se quedan fuera del mercado y es justo lo que intentamos evitar», defendía Vaquero.

Asimismo, el PNV reprochó también públicamente al Gobierno hace una semana que el anteriormente mencionado decreto ‘ómnibus’, criticando que mezclara en un mismo decreto las ayudas sociales y coyunturales con otras cuestiones estructurales que pueden tener un apoyo mayoritario en el Congreso, como el incremento de las pensiones, las prestaciones familiares, las mejoras de las cotizaciones a la Seguridad Social o la prórroga del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

El partido aclaró que «siempre están del lado de quienes lo necesitan», pero que la prórroga del escudo social debería hacerse «sin populismos y de acuerdo con las circunstancias».

Con pies de plomo ante Junts

El rechazo frontal que recibieron los de Sánchez en el Congreso ante el decreto-ley de hace un año obliga al Gobierno en su primer examen de 2026 a ir con pies de plomo. El Ejecutivo, en principio, no correrá el riesgo de concentrar en un sólo decreto tantas medidas como hizo el pasado mes de enero.

Con esta estrategia, con que una sola medida que no convenza a la oposición, como ocurre con la ley antidesahucios podría ocasionar la derogación en bloque de todo el paquete. La previsión sería, por tanto, presentar las mínimas medidas imprescindibles para no tener que cargar de nuevo con una ruidosa negativa. La historia se repite, pero Junts ahora da por rotas su relación con Sánchez y pretende empezar 2026 con un «no» a extender la norma a favor de los «okupas vulnerables».