La juez amplía 6 meses el caso que acorrala a asesores de Sánchez procedentes del Ayuntamiento de Móstoles

La magistrada Marta Prado de la Fuente ha acordado prorrogar por seis meses más la instrucción del macrocaso de corrupción en el Ayuntamiento de Móstoles que salpica a varios altos cargos del Gobierno de Pedro Sánchez. La resolución judicial, fechada el 21 de enero de 2026 y que adelanta OKDIARIO, establece que el nuevo plazo vencerá el 29 de julio de 2026 y permitirá completar las diligencias pendientes sobre presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, falsificación de documentos públicos y tráfico de influencias.

La jueza ha justificado la prórroga argumentando que «es imprescindible para determinar los hechos investigados, la autoría y su posible relevancia penal». La investigación se centra en irregularidades cometidas entre 2015 y 2019, cuando el consistorio madrileño estaba gobernado por el PSOE.

David Lucas Parrón, actual secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, era alcalde de Móstoles entre 2015 y 2018. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detectado un patrón sistemático de fraccionamiento de contratos públicos durante su mandato, especialmente en obras de colegios públicos.

En el verano de 2016, el Consistorio aprobó ocho contratos menores para reformas en centros educativos por un valor total de 384.956,82 euros, adjudicados a cinco empresas diferentes. La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) ha concluido que se produjo un «fraccionamiento del objeto del contrato, con el resultado de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación».

También está siendo investigada Noelia Posse, quien sucedió a Lucas en la alcaldía y actualmente es portavoz de la oposición socialista en Móstoles, el segundo municipio de la Comunidad de Madrid por población. La UCO ha revelado que el Ayuntamiento incrementó significativamente las adjudicaciones de contratos públicos a sociedades vinculadas a un empresario local con quien la regidora coincidió en el Motel Venus en 2019.

Los pagos realizados a las sociedades de este empresario aumentaron de 8.107 euros en 2017 a 58.198,58 euros en 2019, lo que supone una multiplicación por más de siete veces en apenas dos años. Este incremento coincide temporalmente con el nombramiento de Posse como alcaldesa en febrero de 2018.

Protección desde Moncloa

El Gobierno colocó en su Gabinete de Presidencia en Moncloa a Vicenta Palomo, quien fuera directora de Alcaldía de Móstoles y mano derecha de Noelia Posse. Esta última está imputada por corrupción en contratos públicos durante los años en los que fue alcaldesa.

Vicenta Palomo dejó hace meses su puesto como técnico de Cultura en el museo de la ciudad de Móstoles para irse a Moncloa por mandato de un ex concejal socialista de Móstoles y persona de confianza de Pedro Sánchez. El movimiento se produjo poco antes de que Palomo tuviera que declarar como testigo en la macrosala de Boadilla del Monte por la investigación judicial.

La UCO ha documentado múltiples irregularidades en la contratación pública del Ayuntamiento de Móstoles. Entre ellas destaca el caso del ex concejal de Presidencia, Roberto Sánchez Muñoz, quien adjudicó 54 contratos menores a Grupo 2Color por un valor total de 38.459 euros. Esta imprenta era administrada por un empresario amigo y proveedor suyo.

Según consta en el informe policial, varios testigos han declarado que Sánchez Muñoz era propietario de la imprenta Gráficas del Sur CB, que subcontrataba trabajos precisamente a Grupo 2Color. La UCO ha documentado pagos por valor de al menos 159.919 euros realizados por Gráficas del Sur a Grupo 2Color entre 2015 y 2019.

El empresario de Grupo 2Color reconoció ante los investigadores que «mi empresa empezó a resultar adjudicataria cuando Roberto Sánchez Muñoz empezó a desempeñar funciones como concejal en ese consistorio».

Otro foco de la investigación se centra en los contratos de comunicación y publicidad. La UCO detectó la adjudicación irregular de dos contratos menores por un valor total de 42.713 euros destinados a actualizar una página web municipal. Numerosos testimonios recogidos indican que estas actualizaciones nunca llegaron a realizarse, constituyendo una auténtica tropelía administrativa.

La web del consistorio está gestionada desde 2006 por la empresa Divisa IT mediante su tecnología Proxia, con un contrato de exclusividad que seguía vigente durante el periodo investigado. «No es posible [que otras empresas gestionaran la web municipal] porque Divisa IT es la propietaria del gestor de contenidos», declaró una de las técnicas municipales responsables.

Trama de subcontratas

La investigación ha revelado un complejo entramado de relaciones comerciales entre las empresas que concurrían a los procedimientos de contratación. Particularmente llamativos son los pagos cruzados entre Constructora de Servicios Públicos SA y Unión Vialco SL, que superaron los 169.000 euros en dos años, mientras ambas competían por los mismos contratos públicos.

Las sociedades vinculadas a empresarios investigados fueron beneficiarias de más de cien contratos menores entre 2015 y 2019, por un valor global superior a los 560.000 euros. El informe señala que las empresas de uno de ellos recibió pagos del Ayuntamiento que representaban más del 80% de sus ingresos totales.

Ninguno de los expedientes de contratación relacionados con las obras en colegios incluía un presupuesto de obras, documento preceptivo según la Ley de Contratos del Sector Público. Las facturas tuvieron que pagarse mediante expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito, un mecanismo excepcional para gastos no debidamente adquiridos.

El caso representa un nuevo golpe para el PSOE madrileño dirigido por el ministro Óscar López y para sus dirigentes procedentes de Móstoles que ahora ocupan puestos de responsabilidad en el Gobierno de Pedro Sánchez. La prórroga concedida por la juez garantiza que la investigación continuará al menos hasta el verano, cuando deberán haberse practicado todas las diligencias pendientes que permitan esclarecer si hubo delito y determinar las responsabilidades penales correspondientes. Mientras tanto, los implicados mantienen sus cargos institucionales, lo que añade presión política a un caso judicial que cada vez acorrala más al entorno socialista del presidente.