Jueces del Supremo ven posible imputar a Puente por desoír las alertas previas al accidente de Urda

Jueces del Tribunal Supremo ven posible que el ex ministro Óscar Puente acabe imputado por el accidente ferroviario de Urda (Toledo), en el que han muerto 69 personas.

Fuentes consultadas por OKDIARIO confirman que ya se han presentado querellas y apuntan a que aún es muy prematuro, pero sí existe posibilidad de imputaciones contra altos cargos del Ministerio de Transportes. Eso sí, esas posibles decisiones llegarían después de las elecciones, cuando Óscar Puente habrá perdido el aforamiento, por lo que sería la juez de Orgaz la que podría continuar con la instrucción en su juzgado.

El ex ministro de Transportes ha desatendido, presuntamente, una cadena de alertas previas sobre el riesgo de error humano y los fallos reiterados del sistema de seguridad de la línea Madrid-Sevilla.

Estas fuentes indican que la clave es si esas advertencias llegaron al ministro recién dimitido y si su inacción contribuyó a la tragedia. El siniestro se produjo el miércoles 28 de octubre, y desde entonces el foco judicial no ha dejado de estrecharse sobre el departamento que dirige Puente.

Entre otros, Vox ha presentado una querella ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra el ya ex ministro por presuntos delitos de homicidio por imprudencia grave y lesiones. La formación aprecia «imprudencia grave» en la actuación del titular de Transportes.

Entre las diligencias solicitadas, Vox pide que Puente comparezca como imputado para esclarecer su actuación y sus posibles omisiones. El escrito pide también investigar las advertencias recibidas por Transportes y Adif.

Avisos sindicales ignorados

La Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), integrada en el propio Ministerio, ha recibido este año cuatro comunicaciones sindicales que alertaban de riesgos para la seguridad.

La primera llegó el 27 de enero de 2026. En ella, el Sindicato de Circulación Ferroviario (SCF) advertía del riesgo de errores humanos por «fatiga mental, saturación de trabajo, presión diaria y estrés» en los centros de regulación de circulación.

El sindicato Alferro insistió el 25 de febrero y el 19 de abril en los problemas de cargas de trabajo y falta de personal. El 15 de junio reclamó «límites de actividad continuada, descansos mínimos y parámetros específicos de seguridad operacional».

Los sindicatos denunciaban que algunos responsables de circulación no podían abandonar su puesto en toda la jornada por falta de refuerzos. Si la investigación vincula el accidente a un error humano, esos avisos demostrarían que el riesgo no era imprevisible.

Fallos del LZB

El propio ex ministro socialista ha reconocido que en 2026 se han producido 170 incidencias o caídas del sistema LZB, el mecanismo de protección de la línea. Trece de ellas se han registrado en el tramo de Urda.

La última caída conocida antes del accidente se produjo el 14 de octubre, apenas dos semanas antes de la tragedia.

Sólo en julio de 2026 se sucedieron nueve avisos por problemas de señalización, averías, robos de cable e incendios junto a las vías. Precisamente el mismo juzgado de Orgaz ya investigaba un robo de cobre acometido en julio de 2025.

La línea Madrid-Sevilla ha seguido operando con el LZB, mientras buena parte de la alta velocidad ya había incorporado el ERTMS. Su sustitución estaba prevista para inicios de 2026. Puente no hizo nada para conseguir el cumplimiento de los plazos. Por el contrario, su equipo autorizó prórrogas usando un sistema alemán del que cuesta hacer mantenimiento por falta de repuestos.

La reconstrucción del choque, difundida por el propio Puente, agrava el panorama. Cuando falló el LZB, la circulación debía ser en condiciones degradadas, con una velocidad de referencia de 40 km/h. Aun así, el centro de control autorizó al AVE a reanudar la marcha y este terminó circulando a más de 160 km/h.

En su comparecencia del 3 de noviembre, el ex ministro detalló la secuencia. A las 8:41 se autorizó al Iryo a reanudar la marcha. A las 8:48 su maquinista comunicó que no podía hacerlo. A las 8:53 se produjo la colisión.

Puente ha admitido expresamente que el centro de control recibió ese mensaje, pero no actuó. Durante esos cinco minutos, el AVE siguió avanzando hacia el Iryo.

Previsiblemente el Supremo no estudiará antes de las elecciones las querellas contra Puente. Tras los comicios dejará de ser aforado y, por tanto, el caso no será competencia del Alto Tribunal.

Este miércoles el Supremo ha tumbado querellas de Vox y otras entidades contra Pedro Sánchez por la invasión de Ceuta presentadas a primeros de septiembre. Dos meses después. Con la misma cadencia la querella de los de Santiago Abascal del 29 de octubre se resolverá a finales de diciembre, pasados los comicios.

En todo caso, para que prospere una imputación en el juzgado de instrucción de Orgaz no basta con que Puente fuera ministro cuando ocurrió el accidente. Habrá que acreditar que conocía efectivamente el riesgo, que podía ordenar medidas correctoras, que no las adoptó y que esas medidas habrían podido evitar el choque.

Mientras tanto, el sindicato Alferro presentó el 3 de noviembre una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por la posible revelación de comunicaciones vinculadas a la publicación de audios de los ferroviarios por corresponsales que cubren información de Moncloa.