Los jefes de los fiscales se rebelan contra la reforma «con mordaza» que pretende García Ortiz

Los fiscales de Sala pedirán asesorar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en la futura reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) de cara a la futura y eventual Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobará este año. Este texto legislativo aspira a dejar en manos de los fiscales las investigaciones penales, algo que los miembros de la Carrera ven positivo, aunque consideran que no es el momento, según las fuentes consultadas. Las mencionadas voces aseguran que la reforma no debe ser mordaza y debe preservar la independencia de los fiscales del poder político.

La norma que rige la institución y la vida profesional de los fiscales ha cumplido 43 años. Fue en 1981 cuando el Gobierno aprobó este estatuto que el actual ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha propuesto actualizar paralelamente al anteproyecto de ley que pretende renovar las actuaciones judiciales en los procesos penales. Los planes de Moncloa pasan por que estas nuevas normas otorguen más poder a los fiscales de Álvaro García Ortiz que asumirán las investigaciones en detrimento de los jueces instructores.

Tal y como ha podido saber OKDIARIO, los fiscales de Sala —máxima categoría dentro de la Carrera Fiscal— enviarán notas con sus conclusiones sobre la reforma al fiscal general cuando llegue el momento oportuno. Además, pedirán que se aborde el nuevo estatuto orgánico en la próxima Junta de Fiscales, cuya fecha de celebración aún no ha sido señalada. Este órgano asesora en materia doctrinal y técnica al fiscal general.

La reforma del estatuto fiscal es una de las asignaturas pendientes del Ministerio Público. «No podemos estar luchando y juzgando delitos del siglo XXI con una norma procesal del siglo XIX. Y, por tanto, creo que es fundamental que seamos capaces de impulsar y de aprobar una Ley de Enjuiciamiento Criminal», manifestó Bolaños a la vez que encomendó al fiscal general reformar el estatuto.

Otro de los aspectos a tener en cuenta en el nuevo texto legal es acortar los plazos de instrucción, tal y como el Gobierno ofreció a Junts en febrero en el marco de las negociaciones de la Ley de Amnistía. Por el momento, el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal está en una fase inicial, aunque ya se han solicitado informes sobre este texto a órganos consultivos como el Consejo de Estado o el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Consejo Fiscal

La reforma del estatuto fiscal ya se está abordando en el Consejo Fiscal al que acuden las distintas asociaciones. Álvaro García Ortiz puso en manos de estos representantes de los fiscales el debate sobre la reforma de la norma y la creación de un grupo de trabajo para abordarlas. La primera reunión sobre este asunto tuvo lugar el pasado 10 de abril y el fiscal general les anunció que Bolaños quería reformar la ley para que los fiscales asumieran las instrucciones penales. Los representantes del Consejo Fiscal recogieron el guante y se mostraron a favor de pilotar esta reforma siempre y cuando se respete la «total independencia de la institución del Gobierno de turno».

Las negociaciones, sin embargo, se han truncado, puesto que la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) han dado plantón al fiscal general en la reunión prevista para el pasado 7 de mayo en la que hubieran seguido abordando la reforma. Los representantes de los asociados han motivado su decisión en que Álvaro García Ortiz «pone en duda la actuación independiente y profesional de las asociaciones» al expresar durante una entrevista radiofónica que «a veces las asociaciones y los partidos políticos tienen objetivos idénticos».  

Las dos asociaciones que no asistieron a la reunión del Consejo Fiscal son las más críticas con García Ortiz. En el caso de la APIF han llegado a recurrir su nombramiento ante el Tribunal Supremo por vía de lo Contencioso-Administrativo. La Sala Tercera del Alto Tribunal deliberará sobre este recurso, que ha sido admitido a trámite, tras el verano.

Por su parte, la AF ha solicitado en diversas ocasiones la dimisión del fiscal general. Una de las razones por las que pedían su marcha era por no posicionarse abiertamente sobre la amnistía al independentismo que ha pactado Pedro Sánchez para lograr su investidura con el apoyo de los secesionistas. Álvaro García Ortiz continúa al frente de la Fiscalía General del Estado pese al pulso que mantiene con los fiscales con los que debe pactar la reforma de un estatuto fiscal sin mordazas.