El jefe de ‘El País’ que fue al notario en ayuda de García Ortiz acusa de filtrar a la Fiscalía de Madrid

José Manuel Romero, ex subdirector de El País, ha declarado este martes ante el Tribunal Supremo que su fuente sobre el caso González Amador no ha sido el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sino «una fuente muy solvente» de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid. No dice quién pero acusa de filtrar y siembra la duda sobre 373 fiscales que actualmente hay en activo en el conjunto de la Comunidad de Madrid.

Su testimonio cobra especial relevancia porque el periódico elevó a acta notarial las conversaciones internas de la redacción meses después de los hechos, cuando reconocieron que inicialmente no se habían percatado de su importancia para la causa.

El periodista ha sido tajante al señalar que conocía desde el 12 de marzo —supuestamente «antes» que el propio fiscal general— que la defensa de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, buscaba pactar. Esta afirmación resulta crucial en el juicio contra García Ortiz, quien se enfrenta a penas de 6 años de prisión y 12 de inhabilitación por una presunta revelación de secretos.

Romero ha explicado que una fuente de la Fiscalía de Madrid le informó el 12 de marzo de que la defensa quería conformar, lo que implicaba reconocer delitos y pagar multa para evitar la cárcel. Además, le proporcionó el nombre del abogado, Carlos Neira. Esgrime ese dato para defender que tenía información de primera mano. No obstante, reconoce que nunca tuvo los mails.

Acta notarial tardía

La maniobra procesal que ha suscitado más perplejidad ha sido la elevación a acta notarial de las conversaciones internas de El País. Estos mensajes, que supuestamente demostrarían que el periódico conocía la información antes de las 21:59 horas del 13 de marzo —momento en que García Ortiz tuvo acceso al correo—, no fueron registrados ante notario hasta meses después.

Romero ha justificado esta dilación asegurando que no se dieron cuenta de la relevancia de esos mensajes hasta ese momento. Una explicación que resulta difícil de conciliar, según las fuentes del caso.

El periodista ha detallado que todo quedó reflejado en las conversaciones internas de la redacción. Sin embargo, la decisión de certificarlas ante notario solo se produjo cuando la investigación ya estaba avanzada.

Relación con García Ortiz

Durante su declaración, la acusación particular ha querido conocer si Romero se mensajeaba por WhatsApp con el fiscal general. «Sí, es que es el grado de comunicación que tengo no sólo con el fiscal general, sino también, por ejemplo, con magistrados del Tribunal Supremo», ha respondido el periodista.

El periodista ha relatado que el 13 de marzo, sobre las 19:00 horas, intentó hablar con el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, sin conseguir confirmación. Esa misma tarde-noche llamó al gabinete de prensa de la Fiscalía de Madrid, que le remitió a prensa de la Fiscalía General, donde le señalaron que estaban indagando.

El 12 de marzo, elDiario.es publicó que González Amador había defraudado a Hacienda. La propia Ayuso se pronunció, a preguntas de periodistas, ese día para negar cualquier irregularidad.

La noche del 13 de marzo, El Mundo publicó a las 21:29 una información basada en otro correo, del 12 de marzo, asegurando que la Fiscalía ofrecía un pacto a la defensa. Esta publicación desencadenó una serie de reacciones que culminaron con la nota de Fiscalía del 14 de marzo.

El País publicó su información a las 22:38 horas del 13 de marzo, dentro de otra información relativa a González Amador. Fue después de la publicación de El Mundo, cuando Romero afirma que ya tenía «una composición de lugar» de los hechos.

Este mismo martes el decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón, ha trasladado la «honda preocupación» de la profesión por la nota publicada por Fiscalía el 14 de marzo. Ha considerado que supuso un ataque a la confidencialidad de las comunicaciones entre abogado y cliente.

Otros tres periodistas de El País han declarado este martes para ratificar lo narrado por Romero. La última en comparecer ha sido una periodista de El Plural que se ha acogido al secreto profesional y ha minimizado la publicación de los pantallazos de los mails porque su contenido ya había sido difundido.

El testimonio de Romero refuerza una variable en la ecuación judicial: si varios periodistas conocían la información antes que García Ortiz, ¿por qué no dicen quién es la fuente para evitar que sea condenado a cárcel?, ¿por qué no pueden al menos demostrar con algún documento que tenían la información procedente de otro sitio que no sea la Fiscalía General?, ¿quizá es que esas comunicaciones incriminan aún más a García Ortiz?