Montero exigió al PCE que desactivara el ‘Escoltagate’: la abogada de la guardaespaldas es cargo del partido

La escolta de Podemos convertida en recadera por la ya ministra de Igualdad, Irene Montero, ha retirado su demanda laboral por despido improcedente y «trato discriminatorio» tras llegar a un acuerdo extrajudicial con la formación. Fuentes próximas a Podemos apuntan a OKDIARIO que el pacto se habría alcanzado gracias a la intermediación del secretario general del Partido Comunista (PCE), Enrique Santiago, a quien Montero exigió desactivar el ‘Escoltagate’. No en vano, Santiago es jefe político de la abogada de la escolta, Anabel Segado, a su vez secretaria de Movimiento Obrero y de Vivienda del PCE.

Tal y como ella misma recoge en su perfil oficial en redes sociales, Segado es abogada en el despacho ActivaT y cargo del PCE que lidera Enrique Santiago, quien estuvo presente en la firma del acuerdo de coalición entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para conformar Gobierno. Una circunstancia que Montero habría utilizado supuestamente para descolgar el teléfono y pedir a Santiago que la letrada aceptase el pacto extrajudicial en la demanda que la escolta interpuso contra Podemos. El PCE ha logrado sentar a dos de sus militantes en el nuevo Consejo de Ministros: Yolanda Díaz y Alberto Garzón.

Llegar a un pacto «cueste lo que cueste» era la consigna bajo la que Podemos negociaba, desde el pasado mes de diciembre, la confidencialidad de la escolta a la que Irene Montero convirtió en recadera y que demandó a la formación por «trato discriminatorio». La actual titular de la cartera de Igualdad trataba de evitar, y lo ha conseguido, tener que ir a juicio como ministra, tal y como avanzó OKDIARIO. La cifra sobre la mesa, 50.000 euros.

Montero estaba citada como testigo el próximo lunes día 20 de enero a las 9.00 de la mañana en el juzgado de lo social número 3 de Madrid por el caso del despido improcedente de su escolta, a la que convirtió en chófer de familiares y amigos y mecánica de sus vehículos particulares. La vista que ahora ha quedado anulada – y previamente fue retirada de la web de citaciones oficial- se fijó ante la imposibilidad de que las partes llegasen a un punto de encuentro en el acto de conciliación que se celebró el 20 de noviembre, ante el magistrado del Juzgado de refuerzo.

El primer intento, el 26 de agosto, en el Servicio de Mediación Arbitraje y Conciliación (SMAC) había fracasado. Pero con ello la escolta cumplía con un trámite obligatorio en el ámbito laboral antes de que se celebre juicio.

Ministra de Igualdad

Montero no quería que el ‘Escoltagate’ destapado por OKDIARIO enturbiase su llegada a la cartera que ya ocupa en el Ejecutivo socialcomunista de coalición conformado tras la segunda votación de la investidura de Sánchez, el pasado 7 de enero. Su comparecencia en sede judicial para explicar, siendo ministra de Igualdad, las presuntas irregularidades cometidas en la contratación de una trabajadora de Podemos y su «trato discriminatorio» hacia la misma, no resultaba una imagen deseable ni favorecedora.

Por ello, las instrucciones a los abogados fueron claras: llegar a un acuerdo para que la empleada renunciase a la vía judicial y firmase un documento de confidencialidad sobre lo ocurrido. En discusión un total de 30.570,92 euros por “horas extraordinarias no abonadas” y otros 2.100,65 euros en concepto de “horas nocturnas”. Ambos eran los importes que la escolta de Irene Montero reclamaba a Podemos por los servicios prestados fuera de su horario laboral y que no había cobrado hasta ahora.

Trato discriminatorio

La escolta demandó a Podemos por el trato laboral «discriminatorio» recibido de la entonces número dos del partido. En el escrito presentado ante la jurisdicción laboral, y desvelado en exclusiva por OKDIARIO, la trabajadora afirmaba que Montero la obligó “de manera recurrente” -y fuera de su horario- a hacer de recadera para ella y sus hijos, comprar comida para las mascotas, llevar y traer a amigos y familiares hasta el casoplón de Galapagar, encargarse del mantenimiento de varias propiedades de la pareja y, además, ocuparse de la mecánica de sus vehículos particulares.

Montero le encomendó, de forma continuada y habitual, asumir tareas personales que excedían de sus funciones como escolta. Entre ellas, adquirir “productos de parafarmacia y droguería para bebés” o “alimentación” de determinadas marcas y supermercados, llevarle la cena a casa desde varios establecimientos concretos de Madrid o “comprar comida para los perros”.

Durante los casi dos años en los que la escolta, contratada por Podemos, trabajó para Montero, también se le pidió que adelantase el comienzo de su jornada laboral para “calentar el habitáculo del coche” que la portavoz parlamentaria de Podemos utilizaba, a diario, en sus desplazamientos.