Los inmigrantes ilegales podrán aprovechar la regularización para cambiar de nombre y sexo

Los inmigrantes regularizados podrán solicitar un cambio de nombre y sexo sin presentar antecedentes si se acogen a la ley trans. Los únicos requisitos necesarios para hacerlo son ser mayor de 16 años y solicitarlo ante el Registro Civil. Además, el Gobierno de Pedro Sánchez lo ha hecho sin desarrollar el texto legal que permite a personas sin nacionalidad española solicitar este cambio, como han señalado los socios del Ejecutivo.

La Ley 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans, conocida como ley trans, establece que «toda persona de nacionalidad española mayor de 16 años» puede solicitar la «rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas y adecuación documental». Es decir, cambiarse el nombre y el sexo.

La norma amplía este derecho también a las personas extranjeras. Y es que la norma, en su artículo 50, recoge que los inmigrantes que «acrediten la imposibilidad legal o de hecho de llevar a efecto la rectificación registral relativa al sexo y, en su caso, al nombre en su país de origen» podrán pedir «la rectificación de la mención del sexo y el cambio del nombre en los documentos que se les expidan».

Y podrán hacerlo siempre que cumplan con «los requisitos de legitimación previstos en esta ley». Esto es, ser mayor de 16 años, pero se les exceptúa el «estar en posesión de la nacionalidad española». En otras palabras, no es necesario ser español para hacer ese cambio registral.

El Gobierno revisará si efectivamente «existen impedimentos legales o de hecho para llevar a cabo dicha rectificación registral» en el país de origen y lo comunicará en un mes.

Esta misma prerrogativa se extiende a los ya regularizados que «hayan procedido a realizar la rectificación registral correspondiente en su país de origen».

Sin embargo, para permitir los cambios registrales de extranjeros, la propia norma exigía «habilitará por vía reglamentaria los procedimientos» a los que se refiere este último artículo. EL Ejecutivo tenía un año para completarlo desde 2023. Sin embargo, nunca ha hecho, tal y como consta en dos preguntas parlamentarias de este mismo mes, una de Sumar y otra del BNG.

No obstante, la realidad es que el propio Gobierno viene realizando estos cambios registrales sin que haya entrado en vigor ese reglamento, tal y como consta en la respuesta por escrito del pasado mes de noviembre. «En lo que se refiere al cambio de nombre y sexo», indica en su escrito el Ejecutivo, «se ha venido realizando, adecuándolo a la rectificación registral correspondiente del país de origen y conforme con el documento de identidad expedido por dicho país, sin que haya sido necesario desarrollo reglamentario del mismo».

Regularización masiva de inmigrantes

PSOE y Podemos acordaron a finales de enero una regularización masiva de inmigrantes que, posteriormente, acabó aprobándose en el Consejo de Ministros.

La medida afecta a las personas que estén residiendo en España antes del 31 de diciembre de 2025 y, en sus cálculos, puede suponer la regularización de más de medio millón de personas. Los beneficiarios tendrán que demostrar al menos cinco meses de estancia en España, algo para lo que simplemente será necesario aportar documentos como el padrón, informes de citas médicas, certificados de asistencia a recursos sociales u otros como un contrato de alquiler, justificantes de envíos de dinero o billetes de transporte.

El procedimiento permite que los inmigrantes ilegales tengan derechos desde el mismo momento de la presentación de la solicitud, pues ya entonces quedarán suspendidos los procedimientos de retorno o las órdenes de expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso que pesarán sobre la persona. Cuando se admita a trámite, se concederá una autorización de residencia provisional que permite trabajar de forma legal y acceder a otros derechos fundamentales, como la asistencia sanitaria.

Si la resolución es favorable, se concederá una autorización de residencia por periodo de un año, al término de la cual podrá solicitarse una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería.