Los independentistas catalanes rebajan de 65 a 17 los espiados por Pegasus en su querella

Los independentistas catalanes han rebajado su cifra inicial de 65 presuntos espiados por el sistema Pegasus a 17 en la querella presentada el pasado 3 de mayo ante los tribunales ordinarios de Justicia en Madrid. Según un trabajo de la Universidad de Toronto, esgrimido por los independentistas para denunciar que habían sido espiados por orden de los diferentes gobiernos españoles, hasta 65 líderes independentistas habrían sufrido el hackeo de sus móviles. Sin embargo, la querella presentada por Gonzalo Boye, abogado de muchos de los políticos supuestamente espiados, sólo recoge 17 casos, incluido el suyo propio.

Según los independentistas, el trabajo de Citizen Lab, elaborado por la Universidad canadiense de Toronto, apuntaba al hackeo de 65 políticos, abogados y activistas catalanes. Llamó la atención que este número superaba con creces a anteriores estudios del mismo organismo sobre, por ejemplo, países como El Salvador, donde se denunció 35 espionajes a líderes de la oposición y periodistas; Francia, con el archiconocido espionaje a Emmanuel Macron o Arabia Saudí y el caso del periodista asesinado Jamal Khashoggi.

De momento, la querella presentada por Boye recoge, además de su propio caso, los de los ex presidentes catalanes Carles Puigdemont y Quim Torra, la presidenta del Parlamento catalán Laura Borrás, los eurodiputados Antoni Comin y Clara Ponsatí, los diputados autonómicos Lluis Puig, Miriam Nogueras y Mariona Illamola, los senadores María Teresa Rivero i Segala, Josep Lluis Cleries, Josep María Matamala, Assumpció Castellví y Josep María Cerver, además de Josep Lluis Alay, ex coordinador de Políticas Internacionales de la Generalitat e investigado en la Operación Voljov de la Guardia Civil y Lluis Escola, sargento de los Mossos investigado por varios delitos y expedientado por hacer de escolta de Puigdemont en el extranjero. La querella incluye como perjudicado al rapero Josep Arenas Beltrán (Valtonyc) pero deja fuera, de momento, al actual presidente catalán Pere Aragonés.

Asimismo, los querellantes mantienen que el espionaje se produjo «a partir del año 2017 y posiblemente también desde el año 2015». El propio Gonzalo Boye ha denunciado en los juzgados haber sido víctima de «al menos 18 ataques (…) a través de mensajes SMS que contenían un enlace malicioso (malware) disfrazado de notificaciones de Twitter relacionadas con supuestos tuits de organizaciones como la organización de Derechos Humanos Human Right Watch, el diario The Guardian, la revista Columbia Jorunalism Review o la revista Politico».

Asimismo, la querella mantiene que Carles Puigdemont fue espiado por Pegasus el «30 de octubre de 2020» y liga esta supuesta intromisión ilegítima en las comunicaciones a la detención «tan sólo 48 horas antes» de Josep Lluis Alay, defendido de Gonzalo Boye (…) en el marco de lo que se llamó Operación Voljov.

De enero a mayo de 2020

El abogado de los independentistas también sostiene que la mayor actividad de espionaje se produjo entre enero y mayo de 2020. Por entonces, se supo que sería el representante legal del etarra Josu Urrutikoetxea, alias Josu Ternera, en el caso abierto en la Audiencia Nacional por crímenes de lesa humanidad.

Boye denuncia a tres empresas como presuntas responsables del software usado para el supuesto espionaje -Q Cyber Technologies, NSO Group Technologies y OSY Technologies-  y a tres personas concretas, Niv Karmi, Shalev Hulio y Omri Lavi, así como «cuantas personas más resulten responsables en los hechos objeto de la presente querella». Todos los querellados presentan domicilios en Israel, excepto una de las empresas que tiene sede en Luxemburgo.