Igualdad se saltó las normas antifraude en un contrato a un alto cargo destituido 8 meses antes

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016.
• • 16/03/2026 05:50
  • Actualizado: 16/03/2026 08:49

El Tribunal de Cuentas ha alertado del uso irregular de los contratos menores en varios ministerios, entre ellos, el de Igualdad. En este caso, advierte de lo «llamativo» de un contrato concedido a un alto cargo que había sido destituido apenas ocho meses antes. Se trata de un contrato por importe de 14.990 euros para la Asistencia técnica para la redacción del texto normativo del anteproyecto de ley orgánica integral contra la trata y la explotación de seres humanos. Fue adjudicado en agosto de 2024 a quien, hasta diciembre de 2023, había sido director general de Migraciones. En abril de 2025, un mes antes de la fecha de terminación prevista del contrato, fue nombrado de nuevo director general de Gestión Migratoria.

El máximo órgano de fiscalización ve «llamativo» este contrato, sobre el que hace varias observaciones. Considera que el Ministerio ya cuenta «con numerosos órganos especializados» en la materia «capacitados para desempeñar cometidos como el que fue objeto de contratación».

Más aún, destaca que Igualdad no ha explicado «por qué razones ni unos ni otros pudieron atender la tarea contratada».

Sobre la elección del contrato menor, si bien resultaría «admisible» por el importe, inferior a 15.000 euros, «no se aprecia la naturaleza excepcional e imprevisible del objeto del contrato», como se requiere. Esto impidió «utilizar otro tipo de procedimiento con mayores garantías de publicidad y concurrencia». «Tampoco ha quedado constancia de cómo se realizó el cálculo del presupuesto».

Asimismo, le llama la atención al Tribunal de Cuentas que Igualdad buscase a un «experto en competencias ajenas a las del ministerio, y propias de otros ministerios», como sería el de Migraciones.

No pidió presupuestos

Además, señala que «resultaba preceptiva la solicitud de tres presupuestos, lo que no se hizo».

«En su lugar se publicó un anuncio en la página web del propio Ministerio, no para celebrar un contrato, sino para la búsqueda de perfiles profesionales con amplia experiencia en políticas migratorias, extranjería, en los sistemas de protección de víctimas de trata de seres humanos, así como en infancia, solicitando igualmente experiencia técnica en organismos internacionales y en la Administración General del Estado».

El Tribunal de Cuentas destaca que esto contraviene la instrucción sobre contratos menores, de 2019, según la cual «de acuerdo con el principio de competencia, y como medida antifraude y de lucha contra la corrupción, el órgano de contratación solicitará, al menos, tres presupuestos, debiendo quedar ello suficientemente acreditado en el expediente».

Dos personas respondieron al anuncio «y el contrato fue adjudicado el 9 de agosto de 2024 a quien hasta hacía unos meses había sido Director General de Migraciones (cesado el 7 de diciembre de 2023) y que reunía todos y cada uno de los requisitos del perfil publicado».

Obstáculos de Igualdad

El Tribunal de Cuentas advierte además de los obstáculos de Igualdad durante el proceso de fiscalización.

Así, «se solicitó que se remitiera la aportación concreta del adjudicatario resultante de los servicios contratados». Pero «no fue remitido ningún informe, ni escrito, ni texto firmado o asumido por el adjudicatario».

En su lugar, añade, «el Ministerio remitió un informe elaborado ad hoc por la Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género en el que se describen las actuaciones genéricas del Ministerio en relación con el anteproyecto de ley y se hace una enumeración de trece reuniones a las que asistió el adjudicatario entre el 13 de septiembre de 2024 y el 1 de abril de 2025». Tampoco el certificado de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género previo al pago aporta más información, lamenta el Tribunal de Cuentas.

Sobre el pago, se señala que el contrato incluyó una cláusula según la cual se regiría «por el derecho privado». «Además de ser una cláusula incompatible con la naturaleza administrativa de los contratos de servicios, podría, junto con la forma de buscar el perfil profesional del adjudicatario, la forma de facturar los servicios y el tipo de tareas desarrolladas, convertir la naturaleza de la relación contractual en laboral», algo que contraviene la ley de contratos públicos.

Otro contrato menor

Se da la circunstancia de que el mismo adjudicatario también lo fue, al menos, de otro contrato menor, con un valor estimado de 14.900 euros, adjudicado el 4 de diciembre de 2024 por la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Se trata del Contrato de servicios para realizar un análisis de las posibilidades de acreditación de entidades especializadas en el trabajo con víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y en situación de prostitución, que fue resuelto el 29 de mayo de 2025, después de haber sido nombrado Director General de Gestión Migratoria.