‘Hablamos Español’ logra las 500.000 firmas para admitir a trámite la libertad de elección lingüística

La asociación ‘Hablamos Español’ ha reunido las 500.000 firmas necesarias para presentar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en favor de la libertad de elección de lengua en los centros educativos, según ha informado la organización este martes durante un acto celebrado en la sede de la Asociación de la Prensa de Madrid.

«Ahí están 500.000 firmas», ha anunciado la presidenta de la asociación, Gloria Lago, antes un montón de cajas que recogían las firmas recopiladas hasta «esta pasada noche», ha asegurado recibiendo el aplauso de otros miembros de ‘Hablemos Español’. «Hace días pensábamos que no íbamos a conseguir las firmas, y creíamos que conseguir 200.000 era una proeza», ha admitido.

«Ya no es una cuestión de derechos, sino también de sentimientos. Hemos asistido al discurso de los nacionalistas de que su lengua, que es tan bonita, se muere. Pues nosotros también le tenemos cariño a nuestra lengua, también es la de nuestros afectos», ha dicho para defender la ILP que se pretende impulsar con las firmas recogidas de lugares tan remotos como Varsovia (Polonia), Bruselas (Bélgica), Escocia, Alemania o Nueva York (EEUU).

La iniciativa popular impulsada por esta asociación, que recibió el visto bueno del Congreso y del Senado en 2017 para iniciar una recogida de firmas, contiene un total de 8 artículos en los que trata de garantizar la igualdad entre las lenguas cooficiales de las comunidades autónomas con esta condición.

Se centra especialmente en la enseñanza, ámbito en el que les reconoce a los padres el derecho a elegir la lengua vehicular en la que estudian sus hijos hasta su mayoría de edad. Asimismo, la ley propone una exención –en la asignatura del idioma– de tres años, a partir de sexto de Primaria, en la calificación a los alumnos trasladados a una comunidad autónoma con una lengua que no se habla en su lugar de residencia.

Esta exención, que también se aplica en la ley en Bachillerato aunque se haya contado ya con una exención, no exime a los alumnos de ir a clase, en su caso de catalán, euskera o gallego, para que vayan asimilando el idioma de su nueva comunidad de residencia. En el caso de no asistir a las clases, los alumnos perderían esta ventaja y deberían examinarse.

En las pruebas de acceso a la universidad, el alumno tendrá derecho a escoger en qué idioma recibe las preguntas de cada examen y a contestarlas en la lengua que desee –siempre que sea una de las lenguas oficiales de la autonomía en la que se examina–.

En la propuesta de ‘Hablamos español’, se asume que para que un grupo de alumnos pueda recibir clase en el idioma deseado debe haber una demanda mínima que nunca puede ser inferior a los 25 alumnos. Es decir, si en un municipio hay 25 alumnos que solicitan estudiar en castellano, la administración pública debe asegurarles que así sea. En cualquier caso, si no se alcanza la demanda mínima, el alumno podrá emplear material pedagógico en aquella lengua oficial que prefiera, así como dirigirse al profesor en ella y examinarse también en dicho idioma.

En cuanto al uso de la lengua en el espacio público, ‘Hablamos español’ sugiere que las señalizaciones, informaciones, impresos, formularios y folletos dependientes de los poderes públicos se encuentren siempre, por separado o en formato bilingüe, en todas las lenguas oficiales de la comunidad.