Plantón de todas las asociaciones de guardias civiles a Interior por sus constantes menosprecios

Los guardias civiles han dicho basta. Además de anunciar movilizaciones, todas las asociaciones que representan a los miembros del Instituto Armado han plantado hoy al Ministerio del Interior en la reunión del Consejo de la Guardia Civil. El motivo: la prepotencia de los mandos que ignoran cualquier reivindicación de los guardias. Entre ellas la oposición al plan que expulsa a los guardias civiles de puertos y aeropuertos sustituyéndolos por las policías autonómicas o la Policía Nacional.

Las asociaciones profesionales de los guardias civiles, en unión de acción, se han levantado y han abandonado hoy el Pleno del Consejo de la Guardia Civil «como consecuencia de los continuos desplantes y menosprecios a los guardias civiles y a sus representantes». Según los asistentes, el director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, no sólo no presidió el Consejo en contra de la norma, también se encaró con los presentes a los que dijo: «Yo he venido aquí a mandar y no a dialogar».

Hartos de denunciar la cesión de los puertos y aeropuertos de España a otras policías, hoy era el día en el que las asociaciones esperaban que se escucharan sus reivindicaciones. En vez de eso, no se les ha permitido mostrar su oposición. Ni el ministro del Interior, ni el director general de la Guardia Civil han asistido a la reunión con las asociaciones. Además, una ve en el Consejo no se ha dejado a las asociaciones expresar en su extensión los graves problemas que sufre el Cuerpo.

Los guardias civiles acusan al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de dar un primer paso en el desmantelamiento de la Guardia Civil entregándole a las policías autonómicas y a la Policía Nacional las competencias de Guardia Civil en puertos y aeropuertos. Algo que Interior ha hecho aprovechando el verano para publicar el 21 de julio una nueva Orden de modificación de la estructura y funciones de la Policía, que de facto implica la usurpación de las competencias de los guardias según sus asociaciones.

Como ya avanzó OKDIARIO, la forma de abordar esta reestructuración de forma disimulada  se ha hecho, según fuentes del Instituto Armado, usando los Planes de Seguridad que sólo requieren del trámite de la firma del Secretario de Estado de Seguridad para desterrar a la Guardia Civil de algunos de sus cometidos.

Las asociaciones de la Guardia Civil ya anunciaron que de esta forma la Guardia Civil perdería el control de acceso o de salidas, la seguridad interior, denuncias, atención al ciudadano y la vigilancia de infraestructuras críticas como depósitos de combustible refinerías y regasificadoras de gas.

En aeropuertos, advertían, la Guardia Civil dejaría de controlar los filtros, la seguridad de instalación en sí, el control de los vigilantes, denuncias, y seguridad ciudadana. Todo pasaría a manos de la Policía Nacional, incluyendo la vigilancia de pistas, perímetros, control de drones, accesos y control de las tripulaciones.

También quedaría fuera de su alcance la vigilancia de los buques el control de los pasajeros tripulantes y mercancías y vehículos que acceden a los ferries, así como la identificación de personas, los señalamientos, requisitorias que pudiera haber, el control de explosivos e incluso la seguridad con perros.

Interior negó que todo esto fuera a ocurrir, y la realidad ha vuelto a desmentir al ministro Fernando Grande-Marlaska con la reciente cesión del control del puerto de Santander a la Policía Nacional. Otras instalaciones críticas para el Estado pasarán a manos de las policías autonómicas.

El desarrollo del plan de Interior afectará directamente a más de 7.000 guardias civiles e indirectamente, a las capacidades e importancia del Instituto Armado durante los próximos años.

Las asociaciones temen que se esté realizando un desmantelamiento progresivo de la Guardia Civil por motivos ideológicos. Por ese motivo, asociaciones como AUGC han interpuesto un recurso de forma inmediata contra la orden recién publicada. «Es incomprensible que con una Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad totalmente obsoleta y con una más que necesaria reforma profunda, no se haga nada por aprobar un nuevo texto y se utilice la puerta trasera para importantes cambios que perjudican a la Guardia Civil», aseguran.