La Guardia Civil desaconsejó a Interior ampliar el blindaje a Iglesias en Galapagar: «Atraerá a más gente»

La Guardia Civil advierte que reforzar la seguridad en torno a la finca del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y de la ministra de Igualdad, Irene Montero, tendrá efectos «contraproducentes»: animará aún más las protestas y provocará un aumento de los manifestantes.

Más agentes, más indignación y, por tanto, «más gente». Así valoran a OKDIARIO fuentes de la Guardia Civil la decisión del Ministerio del Interior de reforzar los medios humanos y técnicos que forman parte del operativo de seguridad en torno al ‘casoplón’ de Iglesias y Montero en Galapagar.

Este refuerzo, que ya se está produciendo y alcanzará su punto álgido la próxima semana con el inicio de pleno del curso político, tendrá efectos «contraproducentes». Así lo entienden fuentes que han participado en su diseño y lo han desaconsejado al considerar que provocará un «efecto llamada» de manifestantes.

Según explican, las protestas en el mes de mayo y junio alcanzaron su punto más multitudinario días después del momento en que se produjo el refuerzo de la seguridad. Por aquel entonces se habían destinado un centenar de agentes en los alrededores de la finca. Eso, dicen, el uso de recursos públicos, fue lo que más encendió las protestas. Y creen que así volverá a ocurrir próximamente. Así lo han comunicado a Interior desde la Comandancia de Madrid.

Galapagar, blindado

El Ministerio del Interior ha diseñado un ‘blindaje’ especial a la finca de Galapagar para el nuevo curso político. El ministro Fernando Grande-Marlaska obedece así a las presiones del propio Iglesias, que alega ser víctima de una brutal persecución de la «extrema derecha», y se salta el criterio de la Guardia Civil, que es quien tiene las competencias de seguridad ciudadana en la zona y que no ve necesario el refuerzo de la vigilancia.

Según la propia Guardia Civil, el refuerzo de la seguridad con más medios y personal la seguridad en torno a la casa de Iglesias y Montero no era necesario. Ese es el criterio que defendió la Comandancia de Madrid, tal y como ha sabido OKDIARIO de fuentes policiales, en las recientes reuniones técnicas tras las que Interior ordenó volver a blindar Galapagar con recursos públicos de cara al inicio del nuevo curso político. Encuentros en los que estuvieron representadas la Secretaría de Estado de Seguridad y la Delegación del Gobierno en Madrid.

Un despliegue «excesivo»

Marlaska ha tomado así la decisión de volver a blindar Galapagar sin contar con el criterio de la Guardia Civil. Desde la Comandancia de Madrid le argumentaron  que el actual despliegue «ya es suficiente»: en él participan dos agentes estáticos en la garita que custodia la entrada del casoplón, así como una o dos patrullas eventuales -dependiendo del momento y las necesidades- que vigilan la zona de paisano.

Los últimos informes de evaluación sobre la seguridad en la zona, que se elaboran periódicamente en base a las novedades que recogen diariamente los agentes allí desplegados, no contemplaban la necesidad de destinar más medios humanos y materiales para controlar a esa media docena de manifestantes.

Afecta a su operatividad

Además, la valoración que la Guardia Civil esgrimió en esas reuniones se basa en criterios operativos, ya que macrodespliegues como los del pasado mes de mayo y junio, con hasta medio centenar de agentes -y una unidad de élite, tal y como desveló OKDIARIO- , provocaron que se resintieran las capacidades de actuación de los puestos cercanos. De hecho, fue ese el principal argumento que llevó a la Comandancia de Madrid a redestinar a todos esos agentes a tareas de seguridad ciudadana en los pueblos del norte de la Comunidad en la temporada estival.

Sin embargo, en Interior se ha impuesto el criterio de Iglesias, que reclama un aumento considerable de la seguridad en torno a su finca de Galapagar. Una exigencia trasladada a Interior a través de su escolta policial a la que Marlaska ha dado cancha en este asunto, pese a que la vigilancia de los exteriores está asignada directamente a la Guardia Civil.

Media docena de manifestantes

A día de hoy, la ‘amenaza’ que se cierne sobre la finca de los Iglesias-Montero la constituye únicamente un grupo de aproximadamente media docena de personas que, desde el inicio de la desescalada, ha realizado protestas en la zona. Su actividad se limita a pasearse a distancia de la vivienda, gritar alguna consigna como ‘dimisión’ o portar banderas de España. Una de sus últimas ‘acciones’ fue hacer un picnic a un centenar de metros de la vivienda.

En mayo, cuando comenzaron estas protestas, la presencia de personas era mucho más numerosa. Desde entonces se han realizado miles de identificaciones pero no se ha registrado ningún altercado de importancia mas allá de algún encontronazo verbal. Hoy, los pocos manifestantes que aún continúan su actividad en la zona incluso han sido denunciados por delitos de acoso y coacciones, que finalmente quedaron en nada cuando el juez decidió archivar la querella del vicepresidente.

Sin embargo, el episodio de las supuestas graves amenazas que recibió la familia Iglesias-Montero durante sus vacaciones en Asturias, que según su versión les obligaron a abandonar el municipio precipitadamente, han vuelto a poner sobre la mesa la ‘urgente’ necesidad de una mayor vigilancia de agentes públicos sobre la casa de los dirigentes de Podemos. Y el ministro Marlaska ha dado cancha a estas exigencias, que llegan a Interior directamente desde el propio Iglesias.