Marjaliza y Granados escondían el dinero de la Púnica en cajas fuertes o escondrijos de allegados

La agenda intervenida en el domicilio del ex secretario general del Partido Popular (PP) de Madrid y presunto cabecilla de la trama ‘Púnica’, Francisco Granados, «patentiza» indiciariamente cómo recaudaba «importantes cantidades de dinero» de la trama y detraía parte del mismo «en beneficio propio» para ocultarlo en «cajas fuertes o escondrijos» ubicados en viviendas de personas cercanas.

Las anotaciones de la agenda hacen sospechar al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco cómo Granados, a quien envió a prisión desde el 30 de octubre de 2014, que una parte del patrimonio de Granados «permanece oscuro» para Hacienda y «da credibilidad» al testimonio de un confidente anónimo que apuntó a su existencia en «cajas fuertes o escondrijos» de allegados, como sus suegros o la familia del sucesor en el Ayuntamiento de Valdemoro, José Miguel Moreno Torres.

Según consta en el sumario del ‘caso Púnica’, la Guardia Civil incide en que Granados utilizaba a personas «cercanas», entre las que cita a su ex jefe de gabinete Ignacio  Palacios, la supuesta testaferro María José Marijuan Alonso o el constructor Ramiro Cid, para ocultar la titularidad de participaciones societarias o inmuebles de su propiedad, llegando a constituir un «entramado societario» para esconder » las comisiones por su actividad a favor de diversos constructores o empresarios».

DOCUMENTACIÓN DE CUENTAS SUIZAS BAJO EL COLCHÓN

La investigación acredita cómo los miembros de la trama se valían de familiares y amigos para ocultar las dádivas. En casa de los padres de su socio David Marjaliza se hallaron obras de arte en un bajo y dinero en una caja fuerte; mientras que en la de su secretaria Ana María Ramírez se encontró «importante» documentación sobre sus cuentas suizas «debajo de su cama».

La Fiscalía Anticorrupción denunció además los «insuficientes» ingresos percibidos por el matrimonio formado por Granados y Nieves Alarcón para nutrir las «cuentas suizas» y atender sus gastos e inversiones.

Entre ellas, pone de relieve que Granados «adquirió participaciones  sociales de la mercantil Bustren y estaba negociando la adquisición de 30 naves industriales proceso concursal, que suponía la entrega de más de 400.000 euros, dinero que no figura en cuentas bancarias del matrimonio».

El magistrado da cuenta también de que Granados mantenía una «estrecha» relación con Jesús Moreno Torres, que fue concejal de Seguridad en Valdemoro, y que los padres de este le podían estar «agradecidos». El exdirigente popular prestó en momentos de «necesidad» dinero a Moreno, quien se prestó a ser su «testaferro».

«Existe también prueba en la causa de la utilización por parte del matrimonio Granados-Alarcón de Jesús Moreno Torres como testaferro ya que el concesionario propiedad del mismo denominado Car Vadelmoro ha sido manejado para justificar la adquisición de los vehículos usados por dicho matrimonio, pese a que posiblemente fueron un regalo del constructor Ramiro Cid por los favores obtenidos en negocios inmobiliarios y urbanísticos», concluye.

UN CENTENAR DE IMPUTADOS

La ‘operación Púnica’ estalló en octubre de 2014 y, desde entonces, más de un centenar de personas se encuentran imputadas por participar en presuntos contratos fraudulentos en materia de urbanismo y obras públicas, eficiencia energética y reputación ‘online’ suscritos en tres comunidades autónomas (Madrid, Valencia y Murcia), la Diputación de León y una decena de ayuntamientos madrileños.

Entre los ex altos cargos de la Comunidad de Madrid imputados en la causa, se encuentra, además de Granados, el exconsejero de Presidencia y Justicia Salvador Victoria; la exconsejera de Educación Lucía Figar; el exconsejero y exviceconsejero de Educación Manuel Pérez Gómez; o el ex consejero delegado de la Agencia Informática y de Comunicaciones (ICM) José Martínez Nicolás.

En relación con la Región de Murcia, se investiga al exconsejero de Industria y Turismo Juan Carlos Ruiz; la exdirectora general de Turismo Mariola Martínez Robles; al exjefe de Gabinete del consejero de Turismo e Industria José Fidel Saura; a la exdirectora del Instituto de Fomento Reyes Samper, o al secretario técnico del Instituto de Turismo Jesús Norberto Galindo.

El expresidente de la Diputación de León Martín Marcos Martínez y el exinterventor general de este organismo Manuel Jesús Sánchez están encausados en el procedimiento, al igual que nueve antiguos alcaldes, doce exconcejales y trabajadores municipales de diversos municipios madrileños.