El Gobierno se une a la red europea contra la corrupción sanitaria para blanquearse tras el ‘caso Koldo’

Mónica García ha defendido en Luxemburgo la estrategia española contra el fraude y la corrupción sanitaria en pleno escándalo de las mascarillas por la trama Koldo. El Gobierno de Pedro Sánchez ha presumido del compromiso de España en la lucha contra el fraude en el sector sanitario, impulsando la participación activa en la Red Europea de Fraude y Corrupción Sanitaria. Una maniobra que se produce una semana después del demoledor informe de la UCO, que señalaba que José Luis Ábalos -mientras fue ministro del Gobierno de Sánchez- «fue crucial» en los contratos millonarios de mascarillas de la trama Koldo.

Según el Ministerio de Sanidad, la creación del Observatorio contra el Fraude y la Corrupción Sanitaria refuerza la adhesión de España a la Red europea contra la corrupción, representando un avance decisivo en la consolidación de un sistema de integridad a largo plazo para fomentar la transparencia y prevenir el fraude. «La prevención y la transparencia son el mejor escudo contra los comisionistas, hermanos, novios y asesores que hacen negocio con nuestra salud. España se adhiere a la Red Europea contra el Fraude y la Corrupción Sanitaria. Defendemos la integridad de nuestra sanidad porque nos va la vida en ello», ha sentenciado la ministra de Sanidad, Mónica García.

Con estas declaraciones, la ministra lanzaba un dardo a sus socios de Gobierno que se encuentran cercados por la trama de los contratos Covid. La semana pasada, la Unidad Central Operativa (UCO), hacía público un demoledor informe en el que se constaban los tejemanejes de varios miembros del Ejecutivo de Sánchez en la trama de las mascarillas.

Este jueves, justo una semana después, el Gobierno se ha comprometido a desarrollar un manual de buenas prácticas y un mapa de riesgos, y ha señalado que trabajará en mejorar la calidad de los datos y en implementar alertas tempranas para garantizar un seguimiento adecuado de los contratos. «También se abordarán los conflictos de interés proponiendo cambios legislativos para prevenirlos, impulsando el uso de buzones de denuncia y estableciendo sistemas de reconocimiento de mejores prácticas», señala el ministerio de Mónica García.

Cerco al Gobierno

«Con el nuevo gobierno, lo que se quiera». En septiembre de 2018, cuando el Gobierno de Pedro Sánchez no había cumplido aún sus primeros 100 días tras llegar al poder mediante una moción de censura cimentada sobre las acusaciones de corrupción contra el PP, Víctor Aldama (El Gominas), cabecilla de la trama Koldo, le confesó a uno de sus socios que tenía planeado «hacer mucho» con el nuevo Ejecutivo socialista. «Lo que quiera», insistía Aldama.

José Luis Ábalos es uno de los principales implicados. El que fuese ministro de Transportes facilitó, según la UCO, la entrada de Aldama y su empresa Soluciones de Gestión en las administraciones públicas para colocar cerca de 53 millones de euros en mascarillas. A precios desorbitados incluso para aquel momento inicial de la pandemia. También habría mediado con Sánchez para traer a Delcy a España, así como usado su influencia en el proceso de decisión sobre el rescate a Air Europa. Además, ayudó a la operativa del grupo durante las restricciones de la pandemia, facilitando a través de su departamento salvoconductos para moverse libremente con el pretexto de falsas reuniones en su ministerio. Llevaban la firma de su secretaria.

El hombre por el que pasaba el grueso de los contratos sanitarios en la pandemia, el ex ministro Salvador Illa, es hoy presidente de la Generalitat de Cataluña. Fue el departamento de Illa el que incluyó a Soluciones de Gestión en el contrato marco de 2.500 millones como proveedor autorizado y recomendable de mascarillas, para el que había descartado a 13 empresas por no ser «solventes».  En los papeles de Aldama, incorporados al último informe de la UCO, figura que Illa, «el M de Sanidad», iba a ser uno de los presentes en una cena que se estaba organizando para Delcy Rodríguez.

En el periodo de la trama, Ángel Víctor Torres era el presidente del Gobierno de Canarias (2019-2023). Según las investigaciones, Koldo contactó directamente con Torres para proponerle la implementación de test PCR en las islas a través de una empresa de la trama. Torres, salpicado también en el caso Tito Berni, pagó las mascarillas a la koldosfera con sobrecostes que alcanzaron el 90% de su precio. Todo a pesar de que la firma con la que maniobraba Aldama no estaba dada de alta en el registro oficial de licitadores. Además, endosó su pago a la UE una vez que sabía que eran defectuosas.

Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no tuvo contacto directo con nadie de la trama. Al menos no figura en las investigaciones de la Guardia Civil como tal. Sin embargo, hay varios aspectos de la trama que le apelan directamente: fue su ministerio el único que pagó las mascarillas a la trama Koldo con un sobreprecio del 30%, según un informe de Hacienda.