El Gobierno de Sánchez acumula ya 10 alertas detectadas por la UE como propias de regímenes totalitarios

Hasta 10 señales propias de regímenes totalitarios, que la UE considera elementos de alarma en su tarea de hacer frente al deterioro del Estado de Derecho, se dan ya en España bajo el Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez. A partir de un análisis de la Comunicación de 2019 remitida por la Comisión al Parlamento Europeo para «reforzar en mayor medida el Estado de Derecho en la Unión», puede decirse que el Ejecutivo de Sánchez acumula una decena de las advertencias recogidas en este documento. Y ello, en un momento en que el líder del PSOE se halla cercado por escándalos de corrupción que afectan a su Gobierno, a su partido y a su entorno familiar. Esta es la lista de las deficiencias.

1. Socavar la fuerza de resoluciones judiciales.
2. Presiones políticas a los jueces
3. Reabrir asuntos resueltos
4. Debilitación de los tribunales constitucionales.
5. Uso cada vez más de los decretos ejecutivos en el Parlamento.
6. Falta de claridad del proceso legislativo.
7. Ataques públicos de un poder del Estado a otro.
8. Corrupción de alto nivel.
9. Abuso de poder.
10. Contra el pluralismo de los medios de comunicación.

Estas son las 10 deficiencias

1.-Socavar la fuerza de resoluciones judiciales. El Gobierno de Sánchez se lanzó contra el Tribunal Supremo por imputar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ante la presunta comisión de un delito de revelación de secretos a raíz de la querella presentada contra él por la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, y el ministro de Transformación Digital, Óscar López, expresaron su «preocupación» porque «se haya podido tomar esta resolución judicial» cuando García Ortiz se habría limitado a «combatir un bulo», esgrimieron. También el ministro del Interior, Fernando Marlaska, juez en excedencia, cuestionó al Alto Tribunal.

2.-Presiones políticas a los jueces. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, se ha caracterizado en los últimos meses por realizar comentarios de presión al juez Juan Carlos Peinado, que instruye el caso Begoña Gómez, donde la mujer del presidente Sánchez está imputada por cuatro presuntos delitos. Por ejemplo, Bolaños ha llegado decir que Gómez se encuentra en una «gravísima indefensión» y que no hay «nada» en su contra en la causa que se investiga. Este ataque a la independencia judicial llevó a la asociación Francisco de Vitoria a calificar estas palabras de «inaceptables en un Estado de Derecho donde rige la separación de poderes como base y pilar del mismo».

3.-Reabrir asuntos resueltos. El Tribunal Constitucional, presidido por Cándido Conde-Pumpido, que fue propuesto por el PSOE, se ha convertido, en un hecho sin precedente, en una especie de tribunal de casación para reescribir sentencias del Supremo, como ha ocurrido con el caso de los ERE, paradigma de la corrupción del PSOE de Sánchez.

4.-Debilitación de los tribunales constitucionales. Unido a lo anterior, el Tribunal Constitucional pierde legitimidad cuando, además de Pumpido, aupado por el PSOE, tiene magistrados que formaron parte del actual Gobierno. Es el caso de Juan Carlos Campo, ex ministro de Justicia, y de Laura Díez, ex directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica. También por primera vez la vicepresidenta, Inmaculada Montalbán, es del mismo bloque que el presidente, esto es, del progresista.

5.-Uso cada vez más de los decretos ejecutivos en el Parlamento. La debilidad parlamentaria de Sánchez es más que evidente, de ahí que el abuso de la fórmula del real decreto-ley (reservado para casos de «extraordinaria y urgente necesidad») esté marcando su mandato. Cuando se tramitan tales decretos como proyectos de ley, el Ejecutivo acostumbra a prorrogar el plazo de enmiendas, en lo que supone un bloque de facto a introducir cambios en el texto.

6.-Falta de claridad del proceso legislativo. Esta deficiencia ha podido observarse en la conocida como reforma Txapote, tramitada con polémica y que podría suponer rebajas de penas para decenas de presos etarras. El Gobierno y sus socios colaron una enmienda de tapadillo en el Congreso, sin explicar el alcance de la misma. Y es que aprovechando que se transponía una directiva europea sobre intercambio de información sobre antecedentes penales, a través de Sumar, uno de los dos partidos del Gobierno de coalición, Sánchez y sus socios insertaron una enmienda para eliminar la cláusula que incluyó en su día el Gobierno de Rajoy para evitar cualquier beneficio a los presos de la organización terrorista ETA.

7.-Ataques públicos de un poder del Estado a otro. El presidente del Gobierno, como representante del Poder Ejecutivo, viene cargando contra los jueces por investigar a su entorno. El pasado abril, a través de una carta que difundió en redes sociales, Sánchez señaló así al juez Peinado: «Generalmente, se sigue la regla no escrita de no emitir resoluciones que puedan influir en el desarrollo normal de una campaña electoral y, por ende, en el voto de los ciudadanos. En este caso, es evidente que esta práctica no se ha respetado. Dejo al lector sacar sus propias conclusiones», escribió, en alusión a las elecciones catalanas.

8.-Corrupción de alto nivel. La trama Sánchez, que abarca cinco casos principales ahora mismo bajo investigación en distintas instancias judiciales (Caso Koldo, caso hidrocarburos, caso Begoña Gómez, caso hermano de Sánchez  y la causa contra el fiscal general), agrupa ya hasta 23 delitos de corrupción con penas de prisión que alcanzan, sumadas todas ellas y en el peor de los casos, hasta 112 años de prisión. En el caso Koldo, los implicados incluso se refieren al propio Pedro Sánchez como «El 1», según consta en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Respecto a lo que se va conociendo de la investigación que se sigue en el Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, por presunta revelación de secretos contra el novio de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid denunció que el Gobierno de Pedro Sánchez está utilizando «medios propios de una dictadura» para perseguir a los adversarios políticos.

9.-Abuso de poder. En la querella -ya rechazada- que presentó Sánchez contra el juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso Begoña Gómez, por un presunto delito de prevaricación, el líder del Ejecutivo hizo un abuso de poder recurriendo a recursos públicos, en este caso a la Abogacía del Estado, que redactó dicha querella.

10.-Contra el pluralismo de los medios de comunicación. El Gobierno de Sánchez, asfixiado por los casos de corrupción, presentó el pasado septiembre en Consejo de Ministros el Plan de Acción por la Democracia con el que busca amordazar a los medios críticos con su gestión. A ello hay que unir el decreto aprobado el pasado martes para asaltar el ente público Radio y Televisión Española (RTVE).