El Gobierno regulariza a ilegales no empadronados en municipios de la DANA pese a que es un requisito

El Gobierno de Pedro Sánchez ya está regularizando a inmigrantes valencianos que no figuran en el padrón de municipios afectados por la DANA, a pesar de ser uno de los requisitos del Ejecutivo para obtener el permiso de residencia. De conceder estos documentos de manera discrecional, la cifra total de inmigrantes regularizados podría alcanzar los 40.000, frente a los 26.000 que anunció el Gobierno.

La Resolución de 12 de febrero de 2025, de la Secretaría de Estado de Migraciones, que regula el procedimiento para solicitar una autorización por circunstancias excepcionales sobrevenidas, establece que podrán acceder a esta autorización las personas extranjeras que estuvieran empadronadas o hubieran solicitado cita para el empadronamiento con anterioridad al 4 de noviembre de 2024. Sin embargo, en caso de no poder acreditar esta circunstancia, el Gobierno valora estas solicitudes de manera «sensible».

«El Gobierno realiza el seguimiento de su aplicación en la tramitación administrativa, y, por tanto, se muestra sensible con aquellos supuestos en los que los solicitantes cumplen con los requisitos subjetivos de aplicación, pero no pueden aportar la documentación requerida», asegura el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria a una pregunta de su socio de Gobierno, Sumar.

La regularización de inmigrantes que residen en las zonas asoladas por la DANA generaba discrepancias en el seno del Gobierno. Desde el partido de Yolanda Díaz criticaban el requisito de estar empadronado en uno de los pueblos azotados por la DANA, o contar con cita para hacerlo antes del 4 de noviembre, como método para demostrar la residencia de los solicitantes en la zona. Por este motivo, exigían a Sánchez flexibilizar este requisito, abriendo la puerta a la regularización de cientos de inmigrantes que se sumarían a los 26.000 que ya han obtenido la nacionalidad a través de esta vía.

«La exigencia del empadronamiento para poder acceder a dichas ayudas está dejando atrás a cientos de afectados de la DANA que vivían o trabajaban en los municipios inundados pero que no lograron registrarse en el padrón debido a las trabas con las que habitualmente se encuentran para ello», explica la formación de Yolanda Díaz en una pregunta parlamentaria, en la que exigía al Ejecutivo una flexibilización de los criterios de tal forma que se puedan añadir otras fórmulas para que los ilegales puedan acceder a esta regularización a pesar de no estar registrados en el padrón.

Entre estas opciones, el partido de Díaz toma como referencia las peticiones de asociaciones como Oxfam Intermón o JoveSolides, que proponen que se pueda obtener esta regularización a través de la presentación de informes sociales, el pago de suministros, la matrícula de escolarización de sus hijos o la tarjeta sanitaria. Estas asociaciones aseguraban que la DANA habría afectado a 40.000 ilegales, frente a los 26.000 que ha regularizado el Gobierno. Esta flexibilización de los requisitos que exige Sumar podría incrementar la cifra de inmigrantes que obtendrían la residencia.

Regularización

El Gobierno ha regularizado a 26.000 inmigrantes afectados por la DANA que asoló Valencia el 29 de octubre del año pasado y en la que murieron más de 200 personas. Entre regularizaciones y prórrogas de los permisos ya concedidos, se prevé que se hayan beneficiado 98.000 personas.

Se trata de una autorización de residencia por circunstancias excepcionales sobrevenidas, que podrán solicitar los ciudadanos extranjeros empadronados o con cita para hacerlo en alguno de los municipios afectados por el temporal con anterioridad al 4 de noviembre de 2024. También optan a este permiso los cónyuges, hijos menores de edad del solicitante o de su pareja o hijos adultos con alguna discapacidad que limite su autonomía. En el caso de los familiares extranjeros de víctimas mortales de la DANA, la autorización tendrá una vigencia de cinco años.

La concesión automática de prórrogas y renovaciones de permisos ya concedidos beneficiará a estudiantes, voluntarios y los titulares de autorizaciones de larga duración que estén cerca de expirar, de modo que estos no caigan en la irregularidad porque no pueden renovar sus permisos o porque ya no cumplen los requisitos para obtenerlos.