El Gobierno paga 4 millones en pensiones a exiliados del franquismo sin exigirles fe de vida

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.
• • 09/10/2023 06:45
  • Actualizado: 09/10/2023 08:19

El Tribunal de Cuentas ha detectado irregularidades en las pensiones que el Gobierno paga a los conocidos como Niños de la Guerra, es decir, los exiliados como consecuencia de la Guerra Civil. El importe de estas prestaciones asciende a más de 4 millones de euros, existiendo en la actualidad 792 beneficiarios, la inmensa mayoría aún residentes en países como México, Argentina o Chile. Lo más llamativo es que, según el máximo órgano de fiscalización, el Gobierno realizó las renovaciones de la pensión en 2021 -último año analizado- sin exigir «certificaciones de fe de vida», realizándose únicamente en algunos casos «comprobaciones telefónicas».

«Si bien esta comprobación se considera adecuada, es insuficiente por sí sola, ante la imposibilidad de tener certeza de la pervivencia de los requisitos del beneficiario para su percepción, de modo especialmente relevante en este caso dada la elevada edad de los beneficiarios de esta prestación», señalan los auditores en su informe, al que ha tenido acceso OKDIARIO.

Además de en las pensiones que el Gobierno paga a los exiliados del franquismo, los supervisores del Tribunal de Cuentas también han detectado «deficiencias notables» en la gestión de las pensiones, prestaciones y ayudas a los emigrantes. Por ejemplo, según este organismo, no se permite un control automatizado sobre los expedientes, o se dificulta su solicitud. En la actualidad, el padrón registra más de 2,5 millones de españoles emigrados, y las ayudas totales superan los 52 millones de euros.

Retrasos en las ayudas

Sobre las pensiones asistenciales concedidas a los emigrados de mayor edad por ancianidad, el Tribunal de Cuentas constata un «considerable retraso» en su resolución y concesión, que en algunos casos puede llegar casi a los dos años.

Los auditores señalan que el departamento responsable de la gestión y resolución de estas pensiones «presenta una significativa falta de personal para el desarrollo de las tareas encomendadas».

Los beneficiarios de estas prestaciones han aumentado de forma exponencial en los últimos años. Así, se destaca que «entre los ejercicios 2017 y 2021 se produjo un incremento de un 238,14 % en el número de beneficiarios, fundamentalmente españoles retornados procedentes
de Venezuela».

Solicitudes sin resolver

«Existía un elevado número de solicitudes pendientes de resolver, concretamente 1.395 a finales de marzo de 2022, presentadas en los años 2021 y 2022. El retraso en la resolución y concesión de estas pensiones es considerable, llegando a alcanzar los 15 meses, incrementándose este retraso hasta los 21 meses para las solicitudes que ni siquiera estaban grabadas en la aplicación informática, incumpliendo el plazo de 6 meses previsto» por decreto, dice el Tribunal de Cuentas.

Además, el organismo alerta del riesgo de percepciones indebidas debido a que la Dirección General de Migraciones no tiene acceso al Registro de Prestaciones Sociales Públicas, de forma que no es posible comprobar la compatibilidad con otras ayudas.

Igualmente, se alerta de que «los sistemas de control y revisión de las pensiones y prestaciones no permiten conocer adecuadamente los ingresos de los beneficiarios, por lo que existe el riesgo de la percepción indebida
de estas pensiones y prestaciones». Y se destaca que «el considerable retraso en la tramitación y aprobación de las cuentas justificativas de los pagos en el extranjero supone una ineficiente gestión de estas ayudas, que debería mejorarse».