España
Ministerio del Interior

El Gobierno ‘feminista’ veta a las guardias civiles con hijos el acceso a los cursos de especialización

La ley de Igualdad dispone que tienen preferencia durante un año, pero no se está aplicando y quedan fuera de los cursos

La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, está castigando profesionalmente a los agentes –hombres y mujeres– que son padres, al saltarse a la torera la Ley de Igualdad. Dicha ley dice claramente que si un funcionario vuelve de un permiso de maternidad o paternidad, tiene preferencia durante un año para elegir cursos de formación, pero esto no se está aplicando y los agentes se están quedando fuera de los cursos.

Así las cosas, el Gobierno feminista de Pedro Sánchez penaliza a las guardias civiles que tienen hijos y también a los agentes hombres. Según ha podido saber OKDIARIO, esto ha ocurrido recientemente a una guardia civil que se ha quedado fuera del VII curso en competencias digitales básicas, publicado en boletín oficial de la guardia civil en julio de 2025.

Esta situación se está produciendo en la formación en general dentro de la Guardia Civil. Y no es algo nuevo, también ocurrió, por ejemplo, a un agente en 2017, quien tuvo que ir a juicio para que le dieran la razón, cosa que ocurrió tras dos años de batalla legal.

La Benemérita se escuda en su propia Ley de personal para ignorar la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Y ello a pesar de que una ley orgánica está por encima de la de personal, que es una ley ordinaria. Algo que debería saber el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya que es magistrado en servicios especiales.

Este tema ha sido denunciado por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la mayoritaria, ante la Comisión de Igualdad en los últimos meses, y el pasado mes de diciembre también ante el Pleno del Consejo de la Guardia Civil, ante la propia directora, pero la institución sigue sin corregir esta discriminación.

Interior, denunciado ante Igualdad

Como la vía interna es un muro y «la directora sólo vende humo en los plenos», según denuncia esta asociación, la AUGC ha denunciado ahora el caso ante el Ministerio de Igualdad, para que tire de las orejas a Marlaska y a Mercedes González.

«No puede ser que se llenen la boca de feminismo y luego penalicen a una guardia civil por ser madre. Es una vergüenza que sigamos así en pleno 2026», denuncia en OKDIARIO Diego Madrazo, secretario de Relaciones Institucionales de la AUGC.Alicia Sánchez, responsable de Mujer e Igualdad de la AUGC y vocal de la Comisión de Igualdad de la Guardia Civil. En el escrito, al que ha tenido acceso OKDIARIO, destaca que en ninguna convocatoria para la realización de cursos de formación de las publicadas en los Boletines oficiales de la Guardia Civil se tiene en cuenta el artículo 60.1 y 2 de la Ley de Igualdad para quienes se incorporan de su permiso de paternidad o maternidad.

Al menos el 40% de las plaza en cursos

Dicho artículo indica en el punto 1 que «con el objeto de actualizar los conocimientos de los empleados y empleadas públicas, se otorgará preferencia, durante un año, en la adjudicación de plazas para participar en los cursos de formación a quienes se hayan incorporado al servicio activo procedentes del permiso de maternidad o paternidad, o hayan reingresado desde la situación de excedencia por razones de guarda legal y atención a personas mayores dependientes o personas con discapacidad».

En el punto 2 dispone que «con el fin de facilitar la promoción profesional de las empleadas públicas y su acceso a puestos directivos en la Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella, en las convocatorias de los correspondientes cursos de formación se reservará al menos un 40% de las plazas para su adjudicación a aquéllas que reúnan los requisitos establecidos»

Alicia Sánchez explica en la denuncia que como vocal del Consejo de la Guardia reclamó en septiembre de 2025 el cumplimiento de este artículo, pero a fecha del último Pleno del Consejo, celebrado el 17 de diciembre, le siguen contestando que «lo están pensando».

La institución se agarra a la Ley de Personal

Además, pone el foco en que se penaliza a los padres y madres amparándose en la Ley de Régimen del Personal de la Guardia Civil, que en su artículo 50.3 dispone que «a los guardias civiles que se hayan incorporado al servicio activo procedentes de la excedencia por cuidado de familiares o violencia de género se les otorgará preferencia, durante un año, en la adjudicación de plazas para participar en las actividades formativas de actualización o ampliación de conocimientos». Así, sólo tienen en cuenta a quienes vienen de excedencia por cuidado de familiares o de violencia de género.

A las quejas responden: «Hay más cursos»

En concreto, en la Comisión de Igualdad de la Guardia Civil del pasado mes de septiembre, cuando la responsable de Mujer e Igualdad de la asociación mayoritaria aludió al caso reciente de la compañera, la respuesta de la administración fue: «Hay más cursos», según declara a OKDIARIO.

Cuanto volvió a preguntar por este asunto en el pleno de octubre, entonces la respuesta fue «lo vamos a pensar», en referencia a si lo aplican o no. En la Comisión de Igualdad de noviembre, Sánchez volvió a insistir en este problema: «¿Se lo han pensado ya?». «Estamos en ello», fue la respuesta recibida en esa ocasión.

Por último, en el pleno del pasado diciembre, el último del año, ésta responsable de la AUGC repreguntó sobre el caso: «¿Han pensado ya qué va a pasar aquí?». Y volvieron a soltarle: «Lo estamos pensando», a lo que ella indignada les espetó que «no hay nada que pensar, sino cumplir la ley orgánica».

Incluso les echó en cara que la ley de Igualdad sólo se aplica en los cursos para no utilizar el lenguaje inclusivo en las convocatorias.

«La ley se tiene que aplicar siempre, y no a conveniencia, como está ocurriendo con este asunto y muchos otros», denuncia indignado Eugenio Nemiña, anunciando que de no cumplirla, la AUGC llevará el caso ante la Justicia, «para que sean los juzgados quienes hagan respetar los derechos de los agentes, como desgraciadamente les abocan por lo general a hacer con costosos recursos y una Justicia tardía.

Otras irregularidades

No es la primera polémica de Marlaska y la directora de la Guardia Civil relacionada con mujeres. Como ha informado recientemente OKDIARIO, durante más de tres meses se ha castigado a duchas frías a las guardias civiles de El Pardo, a las que les quitaron el termo para ponerlo en las instalaciones de limpieza, lo que evidenciaba que preferían que se limpiara con agua caliente el suelo. Una situación que fue solventada finalmente tras la denuncia pública de la AUGC en este diario, no sin antes tener que soportar las agentes que Interior gastará 733.000 euros en jardinería en El Pardo mientras a ellas las tenía sin termo y con duchas frías. En los vestuarios masculinos sí había termo.

Otra situación bochornosa relacionada con mujeres está sucediendo en el cuartel de Corcubión (La Coruña), donde la ausencia de vestuarios femeninos obliga a la única agente mujer a desplazarse entre distintos bloques para poder cambiarse, lo que, según denuncia esta asociación, «constituye una situación de discriminación intolerable».

Esta agente se está cambiando en unas dependencias que no pertenecen a su unidad, en un cuartel grande con 2.000 m2 de parcela, por lo que «tiene que atravesar dos patios a la intemperie para llegar al otro edificio y subir un piso» para poder hacerlo. Este caso, también revelado en exclusiva por OKDIARIO, fue sonado porque en dicha casa cuartel Marlaska ha gastado 2,5 millones en la reforma de un cuartel y prohíbe a los agentes usar agua caliente.

También la denuncia de la AUGC provocó un terremoto en Interior y algunas de las deficiencias destapadas se solventaron. Todavía persiste el problema en Tráfico, donde sigue saltando el diferencial. Al parecer, la Jefatura de la agrupación en Madrid sigue sin aumentar la potencia eléctrica.

Asimismo, Marlaska ha dejado a los agentes con un curso a medias por falta de dinero, pero gasta 300.000 en regalos. Precisamente, este lunes se ha publicado en el BOE la formalización de este polémico contrato.

La última irregularidad denunciada ha sido que la directora de la Benemérita está incumpliendo las normas de la DGT al colocar los radares delante del airbag, por lo que si el airbag se activa, el aparato estallaría en la cara y cuerpo del agente. En caso de que se hayan desactivado, supondría una ilegalidad que también pone en riesgo su integridad, ya que son obligatorios desde 2006.