La Generalitat prevé ahora ampararse en la legalidad internacional para convocar el referéndum ilegal de independencia de Cataluña. Así está diseñando la ley que probablemente se elaborará por separado de la llamada de «transitoriedad jurídica», pese a que se quieren tramitar conjuntamente en el Parlament.
Así lo han explicado diversas fuentes consultadas por Europa Press después de que el presidente de la región catalana, Carles Puigdemont, anunciara semanas atrás que el referéndum se celebrará el 1 de octubre y a falta de que el martes JxSí y la CUP presenten el marco legislativo del referéndum y el Govern celebre el acto previsto en el Teatre Nacional de Catalunya (TNC).
Ambos grupos negocian desde hace tiempo si separar las leyes con la que se convocará el referéndum ilegal y la bautizada como «de transitoriedad jurídica», la que debe definir la transición de la autonomía en un Estado independiente si gana el ‘sí’.
Aunque en un principio se preveía incluir ambas cuestiones en una norma, los independentistas han estudiado las diferentes opciones y se apostará con toda probabilidad por aprobar primero una ley que inste al Govern a convocar el referéndum, y una vez se celebre y gane el ‘sí’, se apruebe la ley de transitoriedad.
Después de que 2,3 millones de catalanes votaran en la ‘consulta de cartón’ del 9N de 2014, la Generalitat ha reiterado —interpretando a su modo un dictamen que apuntaba a que sólo un Estado puede pedir amparo — que la Comisión de Venecia establece que no hay que marcar un porcentaje mínimo de participación ni de aprobación.
Sin embargo, fuentes independentistas aspiran privadamente a superar la cifra del 9N y alcanzar los tres millones de votos conscientes de la importancia de lograr la máxima participación en el referéndum, aunque sea ilegal, y en ello consideran que puede ser determinante la movilización de los votantes de los ‘comuns’.
Alcanzar los tres millones representaría lograr una participación del 60% de catalanes aproximadamente de un censo —del que carece la Generalitat, por cierto— que, en las últimas elecciones catalanas, era de 5,5 millones de personas.
Las reglas de unas elecciones
Cabe recordar que Puigdemont ha reiterado que, de cara al referéndum, habrá que dotarse de las mismas reglas de juego de unas elecciones convencionales para evitar que cualquier modificación pueda ser interpretada como una manipulación en el ámbito internacional.
Por ello, habrá que utilizar un censo lo más parecido posible al utilizado hasta entonces; sólo podrán participar los mayores de 18 años y con nacionalidad española, y se trabaja para que puedan votar los catalanes que viven en el extranjero.
Compromiso
Otras fuentes soberanistas destacan el compromiso de los consejeros con el 1-O, pero recuerdan que Puigdemont encargó a Oriol Junqueras, también presidente de ERC, la organización del referéndum, y consideran que no cumple con su cometido.
De hecho, aseguran que Junqueras rehuye asumir las responsabilidades que pueden derivarse del 1-O, y hasta apuntan que quiere que lo haga la Mesa del Parlament, al frente de la cual está la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, con el argumento de que la soberanía recae en la cámara, y, de rebote, los ayuntamientos.
Además, después de que el Govern declarara desierto el concurso para homologar a empresas que fabrican urnas, se ha reavivado el debate entre los consejeros sobre quién debe firmar los documentos vinculados con la licitación de partidas para el referéndum.
Fuentes presentes en la reunión del miércoles convocada por Puigdemont en el Palau de la Generalitat con Junqueras, los partidos y entidades independentistas, y Forcadell, han explicado a Europa Press que la CUP le pidió a Puigdemont los requisitos que el Govern había incluido en ese concurso.
El presidente les respondió que él no se no se había preocupado de la adquisición de urnas, y los ‘cupaires’ le exigieron más implicación: «Quizá tendrías que haberte preocupado más».
