La Generalitat deja sin renovar servicios sociales para ancianos para culpar al “Estado” y al 155

La Generalitat ha dejado sin renovar algunos de los servicios sociales más sensibles que reciben los ancianos para culpar al «Estado» y al 155 de supuestos recortes. Un mail remitido por una de las empresas gestoras de estos servicios de asistencia a personas mayores ha dejado constancia de la treta empleada para atacar al Gobierno de España desde la propia Generalitat y en pleno 155.

El mail -al que ha tenido acceso OKDIARIO- fue remitido el pasado y muy reciente 19 de febrero. En él, el responsable de prestar el servicio social afirma que no les han renovado a tiempo los contratos que finalizaron a cierre de 2017. En el mensaje directamente recoge la explicación oficial ofrecida desde la Generalitat: que los trámites de renovación se han cerrado tarde por culpa del «Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad del Gobierno del Estado» y habrá un corte del servicio a los ciudadanos.

Pese a ello, y según ese mail, gracias «a la Dirección General de Acción Cívica y Comunitaria», y subraya, «del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia de la Generalitat de Cataluña», se ha conseguido aprobar de urgencia una prórroga menor de tres meses para evitar un impacto mayor en la población: una prórroga de los servicios que dura hasta el 23 de marzo de 2018. Pero, por culpa del retraso del «Gobierno del Estado» en la renovación del contrato, lo cierto es que, a partir de esa fecha tendrán que «cerrar el servicio de monitoraje a los Equipamientos Cívicos de toda Cataluña», añade el texto.

La explicación, dada por la «Dirección General de Acción Cívica y Comunitaria», según reconoce expresamente el propio mail, es que, al haber tardado tanto en renovar los contratos por culpa del Gobierno nacional, los plazos de las nuevas concesiones deberán esperar ahora un mínimo de «cuatro meses», periodo en el que ellos no podrán atender a las personas mayores.

Es más, el mail incluye la justificación para el despido de aquellos trabajadores que prestan el servicio social, porque, según indica «vuestro contrato laboral es de obra y servicio y está vinculado a la duración del servicio». Por lo tanto, muerto el servicio, muerto el empleo.
Hasta aquí la versión dada por la Generalitat en plena aplicación del 155. ¿Pero cuál es la realidad? Muy distinta.

El Gobierno no removió directores

Para llevar a cabo la gestión de la licitación de este tipo de concurso público el plazo es aproximadamente de 8 meses. El 155 fue aprobado por el Senado el pasado 27 de octubre. Es decir, hace cuatro meses. Desde ese día y hasta que los responsables de cada Ministerio pudieron estudiar la información que les llegaba de las consejerías catalanas intervenidas transcurrió no menos de dos semanas a causa de la montaña de documentación a chequear en un primer estudio. De hecho, el Gobierno tomó la decisión de no remover a los principales directores de cada área para evitar un corte de actividad. Y se dio orden expresa de alertar de todos los contratos que podían caer en este tipo de situaciones de necesidad de renovación.

En resumen, que el corte de la renovación de los contratos de servicio se efectuó cuatro meses antes de que el 155 se estrenase y unos cuatro meses y medio antes de que nadie en el Gobierno de España pudiese ni tan siquiera enterarse de que no se estaban renovando los contratos porque son competencia exclusivamente autonómica.

Es decir, que alguien decidió dejar sin continuidad los servicios sociales y ahora, ese mismo responsable, decide culpar al 155 y al Gobierno.
Pues bien. El responsable del área citada es Bernat Valls i Fuster.

Casualmente, no es la primera noticia que ha recibido el Gobierno de él. Su puesto es el de director general de Ación Cívica y Comunitaria de la Generalitat. Y en plena aplicación del artículo 155 de la Constitución, ha estado utilizando su cargo para divulgar mentiras sobre el impacto de la intervención del Gobierno en Cataluña. Lo hizo hace poco más de una semana en una reunión mantenida con los responsables de los centros de atención a mayores -tal y como avanzó OKDIARIO-. En esa cita aseguró que el 155 ponía en peligro la continuidad de determinados servicios que se están prestando a las personas mayores por los recortes que acarrean.

La versión de Valls era falsa. El Gobierno había dado ya orden de que los servicios no se restringiesen porque no se debía dar ninguna sensación de que la intervención suponía el más mínimo menoscabo de la asistencia que recibe la población.

Pero, con lo que no contaba en ese momento el Gobierno es con que, ese mismo departamento había dejado ya sin renovar los contratos. Y que, acto seguido, se había puesto a mandar mensajes culpando de ello al 155.

El responsable del 155, vinculado al 1-O

No es el único caso de cargos públicos que han sobrevivido al 155 en la Generalitat y que ahora usan su poder para difamar al Gobierno. Y es que la aplicación del 155 se ha realizado de una forma tan limitada que algunos de los cargos que han permanecido en sus puestos pese a la intervención han acabado apareciendo directamente implicados en la preparación del golpe del 1-O. Ha sido el caso, por ejemplo, de Víctor Cullell. Él es el encargado de aplicar el artículo 155 en Cataluña y acaba de aparecer en el último listado policial de implicados en los correos preparatorios del golpe del 1-O –tal y como adelantó OKDIARIO–. Su nombre completo es Víctor Cullell i Comellas y en estos momentos es «secretario del Gobierno» de la Generalitat en plena aplicación del artículo 155.

Su cargo actual, de hecho, es muy parecido al que tenía durante su etapa en el Govern golpista y el referéndum ilegal del 1-O, cuando era «secretario de Autogobierno». La Guardia Civil acaba de entregar a la Justicia su nombre junto con el de otros 31 cargos –entre ellos, la aspirante a la Presidencia de la Generalitat, Elsa Artadi– acompañados de la siguiente anotación: «Correos relativos a los preparativos para la celebración de las elecciones del 1 de octubre. […] Personas físicas intervinientes en los 53 correos analizados considerados de interés».

Y no se trata del único cargo que permanece en puestos clave de la Generalitat y que figura en la nueva lista de la Guardia Civil remitida a la Justicia. También figuran Marta Subirà y Roca, actual Secretaria de Medio Ambiente y Sostenibilidad –durante el golpe del 1-O tenía exactamente el mismo cargo–, y Josep Ginesta y Vicente, ahora y antes secretario general de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia -una de las carteras donde más información puede haber sobre el posible uso de fondos públicos destinados al 1-O, básicamente, porque fue una de las grandes áreas asistidas por el rescate autonómico.