García Ortiz ascendió a Peramato dentro del Supremo con el rechazo de los fiscales y estando imputado

Álvaro García Ortiz, el hasta esta semana fiscal general del Estado, promocionó a su sucesora, Teresa Peramato, a la jefatura de la Fiscalía de Sala de lo Penal, es decir, uno de los puestos del máximo escalafón de la carrera fiscal, a pesar del criterio contrario de la mayoría de fiscales. Lo hizo en diciembre de 2024, un mes después de ser imputado por el Alto Tribunal por un delito de revelación de secretos.

El Supremo acordó la imputación de García Ortiz a mediados de octubre del año pasado por revelar un mail de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. ¿El objetivo? Perjudicar políticamente a la líder del Ejecutivo madrileño. Por esta filtración, el máximo representante ha sido condenado por el Alto Tribunal a dos años de inhabilitación y una indemnización de 10.000 euros que tendrá que abonar al novio de la líder del PP de Madrid.

Apenas unas semanas después de que fuera imputado, la Fiscalía General del Estado anunciaba a través de una nota de prensa que la institución encabezada por el entonces procesado García Ortiz, proponía a «Teresa Peramato para el puesto de fiscal jefa de la sección penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo».

El puesto representa el máximo escalafón en la carrera fiscal que ella ya venía ostentando, pero en la sección de Violencia sobre la Mujer. La condición de fiscal de Sala la obtuvo en 2021, cuando la ex ministra de Justicia Dolores Delgado, de quien García Ortiz fue número dos, estaba en el cargo de fiscal general del Estado.

En su nota, el Ministerio Público destacó de ella que había desarrollado «un extraordinario trabajo, unánimemente valorado y reconocido». Se referían a su etapa como Fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer de la Fiscalía General del Estado. De ella también destacó que «entre 2018 y 2021 fue Fiscal de la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional, donde se ocupó de los recursos de súplica, recursos de amparo y cuestiones de inconstitucionalidad en materia penal y civil».

A mediados de diciembre, su nombramiento fue llevado al Consejo Fiscal, un órgano consultivo cuyas decisiones no son vinculantes. Pero el máximo representante del Ministerio Público, a la sazón García Ortiz, debe llevar al seno del mismo este tipo de nombramientos para su discusión.

El nombramiento, sin embargo, no obtuvo el beneplácito de los fiscales allí reunidos. De hecho, Peramato sólo cosechó 5 votos a favor y 7 en contra. A la nueva fiscal general sólo la apoyaron, además del propio García Ortiz, los 2 vocales electos de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), que ella presidió durante más de dos años, y las dos vocales natas: la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, y la inspectora jefe, María Antonia Sanz.

Sin embargo, se opusieron a su nombramiento los seis vocales de la Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria entre los miembros del Ministerio Público, y el de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).

Presidía la asociación de García Ortiz

La sustituta de García Ortiz, entre junio de 2019 y octubre de 2021, fue presidenta de la UPF, asociación en la que milita su predecesor en el cargo condenado por revelación de secretos.

La nueva fiscal general del Estado defendió la ley del sólo sí es sí de la podemita Irene Montero, ex ministra de Igualdad, que a la postre provocó la excarcelación de más de 100 violadores y redujo la pena a otros 1.000. «Tiene muchísimas cosas buenas», destacó la que fuera fiscal de Sala Delegada de Violencia sobre la Mujer.

Peramato expuso en una entrevista en RNE que la norma aprobada por la entonces titular de Igualdad daba «mayor protección» a las víctimas. Sin embargo, en la práctica la ley del sólo sí es sí provocó la excarcelación de un centenar de violadores al verse reducidas sus penas y considerarse, por tanto, cumplida su medida privativa de libertad. Además, otro millar de agresores sexuales vieron recortadas sus penas y, por tanto, podrían salir antes de prisión.

En 2022, la ahora fiscal general del Estado consideró que era «prematuro» que se planteara su modificación. Porque, en su opinión, había que «apreciarla en lo que vale». Peramato subrayaba que era un «paso adelante» porque exigía el consentimiento expreso con el que se debe tener una relación sexual. A sus ojos, así se protegía a todas las víctimas, siendo «la mayoría, mujeres, niñas y niños».