Funcionarios de la Delegación del Gobierno confiesan llamadas secretas para anular las manifestaciones

Varios funcionarios de la Delegación del Gobierno de Madrid han reconocido ante la Guardia Civil que ellos habían sido los encargados de llamar a varios convocantes de manifestaciones para pedirles que las anularan de forma voluntaria. Y admiten que esas llamadas no quedaron registradas, tal y como debería hacerse con «todas» las que se efectúan. Pero éstas, revelaron a los agentes, no fueron «llamadas habituales». Así figura en el segundo informe entregado por la Guardia Civil a Carmen Rodríguez-Medel, la juez que investiga el 8-M. OKDIARIO ha tenido acceso en exclusiva al documento.

A falta de unos días para que comparezca ante la juez el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, su primera línea de defensa ha volado por los aires. En el primer informe encargado a la Guardia Civil por la juez, ocho convocantes admitieron haber recibido llamadas «imperativas» por parte de la Delegación del Gobierno de Madrid para que cancelasen motu proprio las marchas.

Todas ellas previstas para justo después del 8-M. Marchas que el Gobierno no quiso que se celebrasen, pero evitó que quedase constancia de las llamadas. Algunos de los convocantes negaron posteriormente esas llamadas, pero ahora, en un segundo informe de la Guardia Civil, son los propios funcionarios que realizaron esas comunicaciones quienes así lo han admitido a los investigadores durante las entrevistas mantenidas este pasado fin de semana.

Llamadas con «firmeza» e «insistencia»

Según figura en esas nuevas diligencias presentadas este lunes por los investigadores de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de Madrid, en la semana previa al decreto del estado de alarma la Delegación de Madrid llamó con «cierta firmeza» y con «insistencia manifestada» a varios convocantes de manifestaciones exigiéndoles que las cancelaran. Y además, les conminaban a que les remitiesen por correo electrónico una carta anunciando la desconvocatoria, para que quedase constancia de que era por iniciativa propia del convocante.

Como recoge la Guardia Civil, el jefe de Sección del Servicio de Seguridad Ciudadana de la Delegación del Gobierno «reconoce ser la persona que habitualmente efectúa cuantas anotaciones se llevan a cabo en el aplicativo de Seguridad Ciudadana». Sin embargo, en esos días «no se grabó ninguna de las llamadas telefónicas que efectivamente se realizaron a los convocantes de las reuniones para sugerir a los mismos que procedieran a cancelar las reuniones por la crisis sanitaria», admite este funcionario.

Este cargo de la Delegación del Gobierno admite que «llevó a efecto varias de las llamadas, sugiriendo a los convocantes a suspender las manifestaciones por la crisis sanitaria generada por el COVID-19 y los riesgos asociados a celebrarlas, y que fueran los propios convocantes quienes mandaran un correo electrónico procediendo a suspenderlas para que quedara constancia».

«La consigna era clara»

«La consigna», según reflejan las diligencias, «era clara en cuanto a convencer a los convocantes de la cancelación, hasta el punto de insistir, en el caso de ser necesario, si existía negativa a ser canceladas». La Guardia Civil constata, en base a este testimonio del funcionario de Delegación del Gobierno, que un «convocante se negó a cancelar la manifestación», por lo que «se le hizo una prohibición expresa, en Resolución firmada por el Delegado del Gobierno».

Las llamadas telefónicas, como han admitido sus autores, fueron realizadas por tres funcionarios. De hecho, en el primer informe de la Guardia Civil, uno de los convocantes aseguró que le había llamado «un tal J.L» de la Delegación del Gobierno para que anulase la marcha. Es el nombre de uno de los funcionarios entrevistado por los agentes este fin de semana.

El propio J.L.S.G, identificado en las diligencias como «jefe de Servicio de Seguridad Ciudadana», admite haber realizado algunas de esas llamadas y haber encargado otras a sus subordinados. La finalidad de esas llamadas telefónicas era la de «sugerir que de manera voluntaria procedieran a cancelar las reuniones convocadas».

Y en este apartado llega una revelación significativa para la investigación, ya que apunta a la autoría de esa orden: el propio delegado del Gobierno, José Manuel Franco: «Las instrucciones para que se efectuaran esas llamadas las recibió de su jefe, J.L.C, de quien supone, despacharía este asunto directamente con el Delegado del Gobierno».

«Nunca se habían hecho llamadas así»

El funcionario admite la excepcionalidad de este tipo de llamadas, que «de este tipo y con esta finalidad, hasta la fecha, nunca se habían llevado a cabo y contuvieron expresiones claras relacionadas con la situación sanitaria (…) tales como «la situación de la propagación del virus» o «grave situación».

Además, recuerda que en esos días la Delegación del Gobierno sí prohibió expresamente una manifestación convocada frente «a la casa del Vicepresidente del Gobierno (D. Pablo Iglesias Turrión), para lo que ponderaron los derechos fundamentales, considerando que se vulneraba el derecho a la intimidad».

Las diligencias reflejan también una tercera confirmación de este ‘modus operandi’: la de una tercera funcionaria, que ejerce tareas de auxiliar administrativa, quien ha admitido ante los agentes de la Guardia Civil haber realizado este tipo de llamadas con similares objetivos e instrucciones. Otros tres funcionarios más aseguraron desconocer estas órdenes porque no se encontraban «entre sus cometidos».

Guardias civiles en el CCAES

Otra de las revelaciones que hace este segundo informe, entregado este mismo lunes, es que agentes de la Guardia Civil tuvieron que personarse en las instalaciones del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), dirigido por Fernando Simón, tras los continuos incumplimientos de este organismo a la hora de entregar información relevante para la investigación del 8-M. Así figura en un segundo informe elaborado por la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, entregado este lunes ante el Juzgado de Instrucción Nº 51 de Madrid, que investiga un posible delito de prevaricación del Gobierno a la hora de permitir manifestaciones pese al coronavirus.

Según reflejan los investigadores en su informe, la primera petición dirigida directamente a Simón se produjo el 16 de abril de 2020. Ese día «se da entrada en el Registro General del Ministerio de Sanidad oficio dimanante de la UOPJ de Madrid dirigido al Director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, D. Fernando Simón Soria, en el marco de las Diligencias Previas 607/2020 en virtud de la cual se le solicitaban distintos datos de interés para la investigación».

Tras varios incumplimientos, y llegado el momento de que los investigadores compareciesen ante la juez para mostrar sus averiguaciones, estos le transmiten a la magistrada que les ha sido imposible incorporar a la investigación los documentos del CCAES de Simón. Entonces se les ordena presentarse de inmediato en la sede de Sanidad y requerir los informes del departamento de Simón, que se los entrega a través de un funcionario a los agentes.