Los funcionarios dejan solo a Puigdemont en la contratación de las urnas para el referéndum

El gobierno de Carles Puigdemont se ha saltado el procedimiento habitual de contratación pública para avanzar en la compra de 8.000 urnas para el referéndum independentista. La mesa de contratación se ha constituido sin la presencia de funcionarios. El gobierno catalán les ha sustituido por cuatro altos cargos de designación política.

La portavoz del ejecutivo catalán, Neus Munté, ha asegurado este martes que la Generalitat busca «la máxima protección» de los funcionarios. Sin embargo, la vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, asegura que han sido los funcionarios los que han dejado solo al gobierno y han rechazado participar en el proceso. La Fiscalía anunció en su día que procederá contra quienes ejecuten la contratación de las urnas para un referéndum ilegal.

«Se ha compuesto la mesa mediante cuatro altos cargos. Es perfectamente coherente con nuestra posición como Govern. Es un proceso en el que la responsabilidad la asumimos los políticos y hay que dejar al margen los funcionarios», ha afirmado Munté.

La responsabilidad recaerá, por tanto, en el secretario general del Departamento, Francesc Esteve; la secretaria de Administración y Función Pública, Meritxell Massó; el de Vivienda y Mejora Urbana, Carles Sala, y el de Administraciones Locales, Joaquim Ferrer.

Este miércoles, la decisión

El viernes de la semana pasada se dieron a conocer las dos empresas que optarán a hacer las 8.000 urnas que quiere la Generalitat, y este miércoles a las 12 horas está previsto que se dé a conocer la empresa que finalmente tendrá el encargo.

La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, ha afirmado que los funcionarios de la Generalitat han «abandonado» al Govern «en la compra de urnas para una consulta ilegal».

En un comunicado, Levy ha criticado el concurso de licitación abierto por la Generalitat con el fin de adquirir 8.000 urnas para un referéndum sobre la independencia de Cataluña, una convocatoria que tiene «claras anomalías en el proceso habitual de contratación».

Levy ha registrado una batería de 16 preguntas en el Parlament en torno a si la mesa de contratación en el procedimiento de licitación de las urnas estuvo formada por «altos cargos del Departamento de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda», sin presencia de «personal funcionario».

Sobre esta mesa de contratación, Levy ha destacado que «demuestra el nerviosismo del Govern ante una situación ilegal y, por eso, se ve obligado a modificar un proceso de contratación habitual y establecido».

Según Levy, «los mismos impulsores de esta convocatoria son conscientes de que las urnas no van a utilizarse» y por ello «se ha excluido a los funcionarios» de la mesa de contratación.

«Esta mesa está formada por un grupo de personas que lo único que buscan es rédito político que no van a conseguir. Se han buscado responsables políticos para hacer lo que no están dispuestos a hacer los funcionarios», ha afirmado.

A su juicio, «los funcionarios de la Generalitat han abandonado a Puigdemont en la compra de urnas para una consulta ilegal. Un responsable político debería garantizar el rigor en los actos administrativos y no obligar a los trabajadores públicos a elegir entre actuar de acuerdo a la legalidad o no».

«Están acabados y actúan en consecuencia», ha zanjado Levy, para quien se trata de «un concurso sobre el absurdo y la utopía de aquellos que quieren romper España, maquillándolo con unas urnas que nunca se van a utilizar».