La socialista Armengol aprueba el decretazo para crear una ‘Stasi’ del catalán en Baleares
El Gobierno balear de Francina Armengol (PSOE) aprueba un organismo público para dar cauce a las demandas contra los "derechos lingüísticos", una medida más en su política de imposición del catalán
El Gobierno balear de la socialista Francina Armengol ha aprobado este viernes el decreto que permitirá la creación de la denominada Oficina de defensa de los derechos lingüísticos, un ente público para, según el Ejecutivo autonómico, velar para que estos «sean respetados». En la práctica, el organismo forma parte de la política con la que se trata de potenciar el uso del catalán en las islas. La previsión del Gobierno balear -presidido por el PSOE, Podemos y Més- es que esa oficina se ponga en marcha a partir de febrero del próximo año.
Estará adscrita a la Consejería de Educación, Universidad e Investigación, a través de la Dirección General de Política Lingüística, e imitará el modelo que ya funciona en Cataluña o el País Vasco.
Según ha explicado el Ejecutivo balear, este organismo podrá intervenir no sólo ante presuntos incumplimientos lingüísticos en la Administración pública autonómica. También tendrá potestad sobre las instituciones con sede en Baleares e incluso sobre sujetos privados. Además, podrá actuar de oficio.
El propósito principal es, en definitiva, impulsar el reconocimiento y uso del catalán, en línea con la política lingüística que viene desarrollando el Gobierno de Armengol y que se ha impuesto ya, por ejemplo, en la enseñanza o en la atención administrativa.
La creación de este organismo se comenzó a esbozar en junio del año pasado.
En el Proyecto de decreto se afirmaba que el propósito era «garantizar el derecho de los ciudadanos a usar la lengua oficial que elijan, de acuerdo con el marco legal establecido».
El Gobierno de Baleares, se advertía en el texto, «tiene que garantizar el uso normal y oficial de los dos idiomas, tiene que tomar las medidas necesarias para asegurar el conocimiento y tiene que crear las condiciones que permitan llegar a la igualdad llena de las dos lenguas en cuanto a los derechos de los ciudadanos».
«El objetivo es crear un organismo que ayude a garantizar los derechos lingüísticos de los ciudadanos ante situaciones de vulnerabilidad lingüística», admitían los socialistas y sus socios, asumiendo así las tesis del separatismo.
Precisamente, hace unos días, OKDIARIO informaba de que el Gobierno socialista de Francina Armengol inyectó en los últimos cuatro años más de 380.000 euros públicos al sindicato independentista STEI, mayoritario entre los profesores de las Islas. Este sindicato respalda abiertamente la secesión de Cataluña y la creación de los llamados «Països Catalans».
De esta cantidad, 62.292 euros en subvenciones han ido directamente destinados a desarrollar su actividad sindical y poner en marcha un plan de fomento del uso de la lengua catalana entre los inmigrantes en Baleares.
El sindicato mostró su apoyo a los políticos condenados por el referéndum ilegal en Cataluña. Tras conocerse la sentencia del Supremo, emitió un comunicado en el que declaraba: «Hoy es un día triste para la Democracia, porque lo que piensa una mayoría política y una gran masa social de Cataluña no se reconducirá metiendo en prisión a sus portavoces y representantes».
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